Trata de Personas: el largo camino a una definición internacional

Es importante diferenciar “prostitución/trabajo sexual” y “trata de personas con fines de explotación sexual”. Lo primero, si bien está sujeto a los debates que ya hemos visto, y aunque pueda considerarse que está condicionado en mayor o menor medida por el entorno cultural o económico, no cuestiona que en algún punto pueda existir cierto consentimiento de la persona, al menos en sus niveles más concretos, para involucrarse en dichas actividades, así como la posibilidad de desvincularse de ellas. En cambio, la trata de personas con fines de explotación sexual atenta directamente contra esa libertad, y por tanto atenta también directamente contra la dignidad de las víctimas de estos crímenes. En ese sentido, todo el espectro del debate resumido en el capítulo anterior acuerda en condenar esta última actividad criminal y en la necesidad de brindar todo tipo de asistencia las personas, en su inmensa mayoría mujeres, que hayan sido víctimas de esta forma de abuso y de perseguir penalmente a sus responsables de ella y a aquellos que puedan brindarles soporte, como particulares o desde el aparato estatal. En esta misma tarea se inserta ACCT.

A pesar de que suele leerse que la trata de personas es “la esclavitud del siglo XXI”, no hay nada más lejos de la realidad que dicha frase. Lamentablemente, tráfico de esclavos con fines laborales y sexuales se han registrado en todas las épocas, sólo que hasta el siglo XIX dicha actividad, en parte, era considerada legal en lo que refería a las mujeres africanas o indígenas. En cambio, cuando a fines del siglo XIX y principios del XX, se detectó que dicho tráfico se había extendido a las mujeres europeas o americanas a fin de ser prostituidas o vendidas como esposas en los países árabes o asiáticos, el fenómeno comenzó a ser llamado como “Trata de blancas”. Fue en ese momento en que comenzó a relacionarse ese tráfico a secuestros, engaños u otras formas de coacción con el fin de explotar sexualmente a las víctimas.

Las posiciones abolicionistas de principios de siglo XX monopolizaron el debate sobre la trata, logrando a partir de 1904 una serie de documentos de importancia creciente hasta que en 1949 la ONU firmó el “Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena”, ratificado por nuestro país en 1957 y vigente desde febrero de 1958.

Luego de muchos años de silencio sobre el tema, a fines de los años 80 vuelve a debate como consecuencia del incremento de la migración de la década del 70, que complejizó superlativamente las dinámicas migratorias alrededor del mundo. A partir de aquí comenzó a denominárselo “tráfico de personas”, traducción literal de “trafficking-in-persons”, como comenzaba a aparecer en la literatura de habla inglesa que se introdujo paulatinamente en Latinoamérica (EZETA, 2006).

Este aumento en el número de casos, así como su expansión hacia regiones que hasta entonces no parecían tan afectadas, en parte respondió a factores como una mayor facilidad en las comunicaciones globales y en el acceso a la información. Pero también deben tenerse en cuenta las profundas dificultades económicas que enfrentaron muchos países -especialmente aquellos en desarrollo y las economías en transición- y su consiguiente inestabilidad socioeconómica, que produjo circunstancias de “expulsión” como desempleo o subempleo, falta de oportunidades educativas y desarrollo social, y un muy limitado acceso a servicios de salud y educación.

Como consecuencia de este mismo proceso, se fueron creando obstáculos cada vez mayores a la migración regular, y esta situación aunada a cuestiones como la creciente demanda de mano de obra de bajo costo en los países de destino, vacíos legales en la mayoría de los Estados y falta de una visión integral para combatirla, han hecho de la trata de personas uno de los tres negocios más rentables del crimen organizado después del narcotráfico y la venta ilegal de armas.

Finalmente, en diciembre del año 2000, se firmó la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus dos Protocolos Complementarios, uno contra la Trata de Personas, en especial Mujeres y Niños, y un segundo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional entró en vigor en septiembre de 2003 y tiene dos funciones principales: la primera, fortalecer una respuesta internacional coordinada, eliminando en lo posible las diferencias que presentan los diferentes sistemas de legislación nacional; la segunda, desarrollar un grupo de estándares para que las legislaciones domésticas puedan combatir efectivamente al crimen organizado. Con este objetivo, los Estados signatarios se han comprometido específicamente con las siguientes seis acciones:

  1. Penalizar la participación en grupos de crimen organizado, incluyendo corrupción, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
  2. Combatir el lavado de dinero.
  3. Agilizar y ampliar el alcance de la extradición.
  4. Proteger a los testigos que declaren contra el crimen organizado.
  5. Estrechar la cooperación para buscar y procesar a sospechosos.
  6. Fomentar la prevención del crimen organizado en el campo nacional e internacional.

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. Por primera vez un instrumento internacional define la trata e insta a los Estados a crear mecanismos para su prevención, legislar internamente para combatirla y capacitar a sus funcionarios para aplicar dicha legislación.

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