La hegemonía de la violencia

Al reflexionar sobre diversas situaciones de violencia, uno de los pasos más importantes que se debe dar es la desnaturalización de los conceptos.

Pensar que hay determinadas características asociadas a la biología de varones y mujeres[1] nos invitaría a asumir cierto carácter fijo asociado a la naturaleza de cada uno/a, y por lo tanto, imposible de modificar.

En esa línea es importante que como sociedad hayamos puesto en discusión las ideas que sostenían las primeras feministas- influidas por trabajos de diversas disciplinas hegemónicas de la época- que hacían “que se explicara el patriarcado como consecuencia de la biología o la psicología masculinas” (Lerner, 1990, 30). Si la violencia fuera una necesidad inherente al varón poco sentido tendrían los programas de capacitación, prevención, etc. que actualmente se promueven desde distintas esferas de la sociedad civil y desde el Estado. Sin embargo, dichas medidas favorecen la toma de conciencia por parte de varones y mujeres, les permiten desandar las propias concepciones acerca de cómo son o deberían ser las relaciones entre ellos/as o, en instancias de mayor peligro- en tanto se pone en juego la vida-, actúan como formas de protección hacia quienes se encuentran en situación de víctimas y castigan a quien infringe el daño.

Ahora bien, la problemática de la violencia afecta principalmente a las mujeres. Y aquí conviene retomar algunas de las cuestiones que explica Moreno Sardá (1990) cuando analiza lo referido al arquetipo viril porque durante mucho tiempo la violencia hacia las mujeres fue trabajada desde el punto de vista de las mujeres como víctimas lo cual no favorecía ni su empoderamiento ni permitía pensar o reflexionar sobre los varones. Entonces, es fundamental deconstruir la imagen que de éstos se ha hecho, qué se les exige para ingresar en esa categoría y qué valores propios de la virilidad son los que hacen un modelo de varón hegemónico. Tal como sostiene la autora:

conviene notar que lo valorado como superior no es ni todo lo que se refiere a todos los hombres ni, tampoco, sólo lo que se refiere a los hombres. Diríase que, más bien, atañe a un determinado colectivo histórico masculino que establece un determinado modelo de masculinidad, y que aparece interrelacionado con el ejercicio del poder hegemónico” (1990, 9)

Esto es algo que recién en los últimos años comienza a tomar otra jerarquía en los estudios sobre violencia de género atendiendo precisamente a trabajar con los varones al mismo tiempo. Porque muchas veces no ser violento, tener un tipo de sensibilidad diferente a la hegemónica, hace que esos varones no sean considerados completamente “hombres”. Eso es lo que reflexiona Moreno Sardá sobre el concepto de androcentrismo:

“El hombre hecho de que nos habla la palabra griega ANER, -DROS se refiere no a cualquier hombre de cualquier condición o edad, sino a aquellos que han asimilado los valores propios de la virilidad y que imponen su hegemonía” (1990,10 ).

Pero aquellos valores que definen qué es “ser hombre” no son atemporales o ahistóricos y esto quiere decir que no siempre existieron y que en todo caso, no siempre fueron los mismos. En la sociedad contemporánea, la masculinidad está asociada a un cierto tipo de conductas que, si no se corresponden, dejan a la persona fuera de ese registro genérico masculino. Como sostiene Conell:

una persona no-masculina se comportaría diferentemente: sería pacífica en lugar de violenta, conciliatoria en lugar de dominante, casi incapaz de dar un puntapié a una pelota de fútbol, indiferente en la conquista sexual, y así sucesivamente” (1997, 31)

Tales características definen no sólo qué es ser masculino sino además, dentro de un marco heteronormativo, cuál es su término opuesto: la femineidad.

Volviendo al autor, cuando en su obra señala que esa persona “sería pacífica en lugar de violenta”, nos está diciendo que ser violento es un requisito para ser considerado varón masculino hegemónico. Al momento entonces de trabajar sobre violencia contra las mujeres no podemos desoír estas exigencias que el propio “sistema” le hace a quienes quieren ser reconocidos como varones.

No son masculinos todos los varones ni son femeninas todas las mujeres. En ese punto opera la hegemonía. Entonces, como se pregunta Rubin: “¿Cuáles son (…) esas relaciones en las que una hembra de la especie se convierte en una mujer oprimida?” (1986, 96). Es en ese camino en el que comienzan a adquirir un tenor histórico y social los conceptos y las caracterizaciones que subyacen a las relaciones entre seres humanos/as. Porque el género es: “una división de los sexos socialmente impuesta” (Rubin, 1986, 114).

Como dijo Simone de Beauvoir: “No hay ningún destino biológico, psicológico o económico que determine el papel que las mujeres representan en la sociedad: es la civilización como un todo la que produce esa criatura intermedia entre macho y eunuco, que se califica como femenina” (Simone de Beauvoir, citada en Wittig, 2007, 26).

No obstante, lo antedicho podría ser ampliamente criticado y encajaría en los puntos que Teresa de Lauretis (1996) le cuestiona a la teoría de la “diferencia sexual” y tal vez tendría razón. Vale aquí retomar su caracterización cuando manifiesta que “como la sexualidad, el género no es una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres humanos, sino el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales, en palabras de Foucault, por el despliegue de una tecnología política compleja” (1996, 8).

Para finalizar, es menester reconocer que en el artículo se mencionan varones y mujeres, excluyendo una gama de posibilidades y potencialidades, y también se trabaja dentro un marco heterosexual. Este es un recorte arbitrario que de ningún modo niega otros.

Aún dentro de esos límites, hay también muchas posibilidades de ser mujer y de ser varón en la relación de noviazgo, matrimonio, pareja, etc. y la hegemónica debe ser cuestionada porque afecta seriamente la dignidad y la vida de esas mujeres- y de esos varones.

Retomando el análisis central sobre violencia contra las mujeres, si hoy las estadísticas de la ONG La Casa del Encuentro nos revelan que cada 30 horas muere una mujer en manos de quien fuera su esposo, pareja, novio, evidentemente hay algo de lo empírico que no puede ser soslayado. La subordinación en este punto existe aunque nuestras explicaciones puedan ir por diversos caminos. Tal como sostiene María- Xosé Agra Romero a propósito del texto de Carole Pateman: “la igualdad es siempre incompatible con la subordinación pero puede ser compatible con la diferencia” (1988, 14), y eso es algo que no habría que perder de vista si queremos formar una sociedad justa y habitable para esas mujeres.

Notas

[1] Por cuestiones relacionadas a mi campo de interés en la investigación restrinjo este trabajo a varones y mujeres aunque sé que la cuestión identitaria y de género es mucho más amplia y asumo dejar de lado ese abanico de diversidad.

Información breve para adolescentes: ¿Cuándo capturan a los tratantes que tipos de penas tienen?

Hacia el final de las charlas que damos en las escuelas sobre la trata de personas, les pedimos a los chicos que piensen preguntas sobre lo que se habló. Estas preguntas las escriben de manera anónima en papeles que recogemos y vamos leyendo a la vez que contestamos. A su vez, nos permiten reinterpretar nuestras charlas y capacitaciones sobre la base de los temas que van surgiendo. Las próximas entradas tendrán por objeto reproducir y extender algunas de esas respuestas, que versarán sobre drogas, violencia, abuso y aspectos propios del delito de trata de personas.

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¿Cuándo capturan a los tratantes que tipos de penas tienen?

La Ley N° 26.842 de PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS dictó las penas correspondientes a varios artículos del Código Penal, los cuales no refieren únicamente al delito de trata, sino también de delitos conexos. Esta ley implicó, en términos generales, un aumento de las penas en todas las modalidades de este crimen. Por otro lado, dictó la definición del delito de trata para la ley, la cual se modificó levemente de la transcripción literal de la definición del Protocolo de Palermo que figuraba en la anterior.

En esta ley nos encontramos con cuatro delitos, tres de los cuales corresponden a los delitos relacionados con la trata de persona, como hemos mencionado arriba:

Quien promueva la prostitución de una persona recibe una pena de cuatro a seis años de prisión (Artículo 125 bis del Código Penal); la misma se agrava desde cinco hasta diez años de prisión, si en el hecho existen algunos de los siguientes particularidades:

  • Hubiese habido engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
  • El autor del crimen fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto, o encargado de la educación o guarda de la víctima.
  • El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.
  • Si la víctima es menor de dieciocho años la pena será de diez a quince años de prisión.

En el caso que existiese una explotación económica de la prostitución ajena (y no sólo su facilitación) corresponden las mismas penas (artículo 127 del Código Penal).

Cuando alguien redujera a otra persona a servidumbre o esclavitud, será reprimidos con cuatro a quince  años de prisión, al igual que el que la reciba en tal condición y la mantenga en ella. Está prevista la misma pena para quien obligare a una persona a realizar trabajos forzados o a contraer matrimonio servil (artículo 140 del Código Penal).

En el tipo criminal más propio de la trata de personas, se prevé que será reprimido con cuatro a ocho años de prisión, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países (artículo 145 bis del Código Penal).

La pena se agrava desde cinco a diez (10) años de prisión, en los casos que:

  • Hubiese engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
  • La víctima estuviere embarazada, o fuere mayor de setenta (70) años.
  • La víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma.
  • Hubiese tres o más víctimas.
  • En el delito participaren tres o más personas.
  • El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto, o encargado de la educación o guarda de la víctima.
  • El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.

Si se lograra consumar la explotación de la víctima por la que la persona fue captada la pena es de ocho a doce años de prisión.

Por último, si la víctima fuese menor de dieciocho años la pena será de diez a quince  años de prisión.

 

¿La trata la sufren sólo personas en condiciones de pobreza? Herramientas para adolescentes.

Hacia el final de las charlas que damos en las escuelas sobre la trata de personas, les pedimos a los chicos que piensen preguntas sobre lo que se habló. Estas preguntas las escriben de manera anónima en papeles que recogemos y vamos leyendo a la vez que contestamos. A su vez, nos permiten reinterpretar nuestras charlas y capacitaciones sobre la base de los temas que van surgiendo. Las próximas entradas tendrán por objeto reproducir y extender algunas de esas respuestas, que versarán sobre drogas, violencia, abuso y aspectos propios del delito de trata de personas.

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¿[Ser víctima de una red de trata] Sucede solamente a gente en condiciones de pobreza o también a ricos?

Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta algunas características propias del fenómeno de trata en cuanto a la captación.

Si bien en principio cualquier persona podría llegar a ser víctima de trata (por ejemplo, mediante un rapto), es mucho más frecuente que los captores se concentren en las personas de bajos recursos económicos, especialmente en lo que respecta a casos de trata con fines de explotación laboral.

En este tipo de víctimas, la necesidad (muchas veces acuciante) de contar con algún tipo de ingresos económicos hace que “acepten”, generalmente sin alternativas válidas, supuestas “condiciones de trabajo” que son propiamente condiciones de explotación. A su vez, esta explotación se materializa en algunos rubros de manera más frecuente que históricamente han recibido remuneraciones injustificadamente bajas, como pueden ser labores agrícolas (generalmente, cosechas) o la manufactura de indumentaria.

En relación con la captación con fines de explotación sexual, si la misma se ha producido mediante el engaño en la oferta laboral, tampoco suelen utilizarse para dichos engaños rubros laborales que impliquen una alta remuneración, como pueden ser tareas domésticas o de cuidado de personas, lo que también nos da señales de que la captación es más frecuente entre los mismos niveles socioeconómicos. Sin embargo, es importante mencionar aquí que quienes intentar captar este tipo de víctima, las tienten con la promesa de ganar altas cifras por tales tareas.

Asimismo, es de notar que el traslado de la víctima desde su lugar de origen hasta su lugar de explotación es una fase trascendente para el crimen de trata de personas, ya que de esta manera los captores aumentan la indefensión de sus víctimas, al tiempo que minimizan la posible intervención de aquellas personas que puedan asistirlas en su salida de la red de trata (sin dejar de consignar que en los casos de explotación con fines laborales, muchas es veces es captado el núcleo familiar en forma íntegra). En relación con esto, es necesario señalar que la migración por fines laborales es más propia también de estos estratos sociales económicamente más vulnerados.

 

 

 

 

Leyes y medidas anti-trata.

A través de este espacio hemos publicado diversos artículos sobre el debate trata/trabajo sexual escritos por nuestro compañero Víctor Pagano. En este post presentamos la visión de otra integrante de ACCT, Andrea Gutierrez.

¿Cuál es el vínculo que se teje entre autonomía y libertad de lxs sujetxs en el marco del diseño y la implementación de políticas públicas durante los últimos años? El objetivo de este artículo es preguntar y problematizar más que hallar respuestas.

Al diseñar políticas públicas es imprescindible tener en cuenta a lxs destinatarixs de las mismas, y aquí aparece un primer problema puesto que delimitar implica incluir y también su antónimo: excluir. Definir junto a quiénes se trabajará o a quiénes serán consideradxs sujetxs de derecho envuelve un problema: ¿con quiénes no se trabajará?, o en otras palabras, ¿quiénes quedarán fuera, por tanto excluidos? Ese límite es el que en algunos casos distingue lo posible de lo imposible, de lo impensable, de lo abyecto.

El decreto Nº 936, del año 2011, promueve la “erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual”. Dicha normativa, con el propósito de prevenir el delito de trata de personas, también cercena la posibilidad de publicitarse a quienes deciden autónomamente ejercer el trabajo sexual. La prohibición tiene como foco la explotación por parte de terceros pero actúa sobre la totalidad de avisos  que “promuevan la oferta sexual”.

En términos formales, la política anti-trata tiene un amplio consenso social en tanto privar de libertad a una persona no es una situación deseada o que suscite opiniones encontradas. Sin embargo, el límite es difuso al implementar medidas contra la trata con fines de explotación sexual en tanto cercena las libertades de mujeres que ejercen el trabajo sexual o la prostitución. Si bien no se trata de políticas de persecución y represión (Von Lurzer, 2005) directamente destinadas a las trabajadoras sexuales o a las personas en situación de prostitución, la implementación de medidas como el decreto mencionado las afecta al menos indirectamente.

Algo similar sucede con la ley de prevención y sanción de la trata de personas, que fue sancionada en 2008 (Ley 26.364) y modificada por la ley 26.842 que entró en vigencia casi 5 años después. Además de la definición de trata y otras modificaciones, lo que cambió principalmente fue la figura del consentimiento.

Así, hacia el final del artículo 1 dice:

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”.

Y, de igual modo, se agregó en varios artículos punitivos la aclaración  “aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

Según las antropólogas Cecilia Varela y Andrea Daich, estas nuevas políticas aumentan el poder de policía y generan una “industria del rescate”. Ambas prácticas para estas investigadoras vulneran los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual voluntariamente.

Lo dicho hasta aquí no pretende analizar exhaustivamente cada una de las medidas legislativas o las políticas públicas más amplias en las que las mismas se enmarcan; sino reflexionar sobre las diferentes posiciones de lxs sujetxs frente a cada una de ellas.

Pensar qué significa ser autónomx, qué significa la libertad, a qué nos referimos cuando hablamos de identidad y qué límites establece una política pública.

Incorporar a las personas como sujetxs de derechos implica visibilizarlas, otorgarles un reconocimiento que muchxs han venido pidiendo y militando durante los últimos años. La reflexión sin embargo excede ese campo porque nos interpela sobre aquellos que no han pedido estar pero, al mismo tiempo, “no estar” puede dejarlos afuera, afuera a veces significa no existir.