Debate “prostitución/trabajo sexual”

El debate “prostitución/trabajo sexual” nos enfrenta a toda una serie de consideraciones respecto de la naturaleza misma del “fenómeno”. En esta necesidad de utilizar un doble nombre para mencionar el debate en sí ya se rebela el gran disenso al que nos enfrentamos. No utilizar este doble nombre, al menos inicialmente, no sería más que una forzada simplificación de una cuestión que es en sí misma compleja.

Por eso en el próximo capítulo, en algunos momentos aparecerá el término “prostitución”, en otros “trabajo sexual” y en otros los dos términos juntos, con lo que intentaremos respetar las diferentes terminologías que adquiere la práctica de intercambiar sexo por dinero en términos generales, según las diferentes posiciones que han surgido. En el hecho mismo de nombrar la actividad como “prostitución” o como “trabajo sexual”, o nombrar a quienes consumen este intercambio como “hombres prostituyentes” o “clientes”, así como “proxeneta” o “empresario”, es claro que se está utilizando una terminología que responde a una  posición tomada respecto de la prostitución/trabajo sexual, por lo que, por dar un ejemplo, resultaría paradójico hablar de “trabajo sexual” cuando se describe (o se apoya) el abolicionismo. Esta multiplicidad de términos que en muchos casos refieren a las mismas personas o a las mismas prácticas,  complejizan necesariamente el debate y pueden tornarlo algo confuso para aquellos que intentan introducirse en él.

Por otro lado, hay que considerar que las categorías pueden solaparse, o que hay categorías que en principio pueden parecer como paralelas de las de otra posición, pero cuyo alcance es diferente. En este punto también es importante señalar otra complejización propia de la temática. Cuando nos referimos a términos como prostitución, si nos referimos desde una posición abolicionista, podemos entender que nos referimos a todas las actividades donde una mujer pone su cuerpo o su sexualidad en sentido amplio disponible para el consumo de parte de hombres; por ejemplo, tanto a la prostitución propiamente dicha, es decir relaciones sexuales bajo pago, como a bailes desnudistas o producción pornográfica. Dado que las críticas que dirige el abolicionismo a la prostitución, como una forma de utilización de privilegios androcéntricos, pueden aplicarse de igual manera a todas las demás actividades, no tiene sentido plantear una agencia política para una de las actividades si no se incluye a las demás. En cambio, cuando el regulacionismo habla sobre “trabajo sexual”, por oposición a “prostitución”, se está refiriendo únicamente a los que más arriba hemos caracterizados como “relaciones sexuales bajo pago”, por lo que las reglamentaciones que emanen de los organismos competentes deben ser aplicables a esta actividad en particular y no a las que puedan presentar características compartidas.

Por otro lado, esta diferenciación entre distintas prácticas también debe ser llevada al terreno de las diferentes modalidades que puede adoptar una misma práctica. Si ponemos por caso la prostitución/trabajo sexual, y consideramos las modalidades de la prostitución en la calle o a través de una “agencia”, puede resultar claro que para el abolicionismo no son más que diferencias accidentales las que separan unas de otras. En cambio, para el regulacionismo, o para aquellos que apoyan la legalización, la diferencia entre una y otra modalidad puede marcar una diferencia, por ejemplo que en situaciones de legalización, sea delito intentar ejercer la prostitución de calle.

Por último, antes de pasar a una somera descripción de las diferentes posiciones respecto de la prostitución/trabajo sexual, es necesario señalar que también esas diferentes modalidades suelen brindar patrones importantes para el abordaje del tema. Sin embargo, no hay que olvidar que estos patrones responden a una gran cantidad de variantes políticas, sociales y económicas, por lo que es importante estudiarlos siempre de manera situada. En este sentido, por brindar un ejemplo, la bibliografía referida al tema sobre las experiencias en los países anglosajones, suelen considerar que la prostitución “en la calle” es la más pauperizada de todas, relacionada fuertemente con mujeres jóvenes que han escapado de sus hogares, muchas veces con un fuerte componente adictivo en la personalidad, en especial a las drogas, por lo que son mujeres en un alto riesgo a las que es necesario brindarles apoyo y sacarlas de esta actividad; por otro lado, la prostitución “fuera de la calle” (prostíbulos o departamentos) suele ser relacionada con mejores indicadores socioeconómicos que precisan de otras políticas públicas si se les quiere brindar la oportunidad de que dejen dicha actividad. En el caso de Argentina, las mujeres que trabajan en las calles muchas veces tienen ciertos índices de autodeterminación que son superados por aquellas que lo hacen en un “privado”; mientras que en los casos de las que trabajan en prostíbulos (bajo la fachada de “whiskerías” o “clubes nocturnos”) suelen reportarse los mayores riesgos de encontrar víctimas de trata de personas. A su vez, la ubicación y el público que concurre a estos lugares también modifican la instanciación en la realidad de todos estos patrones. En cualquier caso, la explotación es una constante.

Por todo esto, es imprescindible remarcar que tanto la descripción de legislaciones, como la de situaciones o de patrones tiene que considerarse siempre y en todos los casos a la luz de los hechos particulares, de la biografía personal de cada uno de los involucrados, y esto debe tenerse en muy especial consideración en el caso de las personas que pueden ser víctimas de trata, o que puedan verse como las mayores perjudicadas con estas actividades.

Diferentes posiciones socio-jurídicas respecto de la “prostitución/trabajo sexual”

En términos generales, respecto de la prostitución/trabajo sexual podemos encontrar cuatro posiciones que se han implementado bajo la forma de políticas públicas, en diferentes tiempos y lugares: el prohibicionismo, la descriminalización (abolicionista o liberal), el regulacionismo y la legalización. Dentro de esas cuatro posiciones, una en particular, la descriminalización, ha dado lugar a las dos posiciones más fuertes del debate filosófico-jurídico sobre el tema. A su vez, el abolicionismo (dentro de la descriminalización) y el regulacionismo son las dos posiciones que actualmente tienen mayor preeminencia política en nuestro país.

Antes de pasar a caracterizarlas brevemente, es necesario mencionar que tal como suele ocurrir con los posicionamientos políticos, es poco frecuente que en la práctica, estas posiciones se vean reflejadas en los cuerpos legales o normativos de manera “pura”, siendo más común que las leyes tomen diferentes aspectos de las mismas, conformes a las pautas culturales locales, a la injerencia de los grupos afectados, u otros factores. Comenzaremos con los marcos más restrictivos y avanzaremos hacia los más permisivos.

Prohibicionismo

El prohibicionismo implica la criminalización del intercambio de sexo por dinero. Esta posición es la oficial en muchos países alrededor del mundo, comenzando por la mayoría de los países africanos y asiáticos, Estados Unidos de América (salvo el estado de Nevada y Suecia. A pesar de que no siempre las leyes se ven cumplimentadas en la práctica, especialmente en la temática que nos ocupa, es notorio que sea la posición bajo la que se encuentra la gran mayoría de la población mundial. En algunos casos, esta prohibición puede presentarse asociada a cuestiones religiosas de manera directa (como en los países islámicos) o indirecta (como en los Estados Unidos o algunos países europeos). Esta criminalización puede darse bajo tres formas: la criminalización de la prostituta/trabajadora sexual, la criminalización del hombre prostituyente/cliente, o la de ambos.

La primera de sus formas es la más común y la más perjudicial para con las mujeres que por cualquier motivo se ven envueltas en esta actividad. Como es claro que para que alguien se vea involucrado en prostitución necesariamente debe haber otras personas que consuman dicho servicio, esta posición refuerza una doble moral que inevitablemente se vuelve en contra de estas mujeres: por un lado, la sociedad patriarcal alienta el consumo del cuerpo de la mujer como objeto (incluso a pesar de que esté prohibido) mientras que por el otro castiga a las mujeres que satisfacen esta demanda.

La segunda forma del prohibicionismo contempla como crimen el adquirir sexo a cambio de dinero, pero no el proporcionarlo. Esta posición, que originalmente se estableció en Suecia a partir de 1999, intenta proteger a las mujeres, que en la mayoría de los casos han llegado al ejercicio de esta tarea como corolario de una serie de dificultades que las han privado de otras opciones, a la vez que pretende desalentar el consumo de esta clase de servicios por parte de los hombres. Bajo esta forma, las prostitutas/trabajadoras sexuales se ven libres de posibles presiones por parte de la policía o el sistema judicial, como pueden ser multas o detenciones, en caso de que se compruebe una transacción de este tipo. Esta forma de prohibicionismo se ve apoyada por una fuerte política de ayuda social a las mujeres que quieren abandonar la prostitución/trabajo sexual, asegurándole el acceso a otros trabajos, vivienda, educación, etcétera. A pesar de encontrar su justificación en una fuerte orientación de género, la asimetría de esta ley también tiene críticas de parte de juristas, en tanto es al menos polémico que un servicio que está prohibido comprar, pueda ser ofrecido libremente.

La tercera forma, la criminalización tanto de la prostituta/trabajadora sexual como del hombre-prostituyente/cliente es la más difundida en los Estados Unidos, pero también podemos encontrarla en Irlanda o los países islámicos. Por lo general, priman aquí cuestiones fuertemente ligadas a la cultura o a la religión, por lo que el intercambio de sexo por dinero es visto en sí mismo como pernicioso o criminal.

Descriminalización

Como hemos mencionado más arriba, la descriminalización está conformada por dos grandes grupos que, fuera de compartir esta idea, pueden considerarse antagónicos en el resto de los aspectos. Más adelante nos concentraremos en este debate en particular, retomando lo visto en el capítulo anterior; por lo pronto, describiremos a grandes rasgos estos dos grupos.

El primero de ellos es el “abolicionismo”, posición que derivó de la reflexión feminista en vistas de considerar que el prohibicionismo, en particular el que hemos mencionado como su primera forma, es discriminatorio, injusto y contraproducente, en tanto que criminaliza a las mujeres como si fueran ellas las únicas responsables del fenómeno de la prostitución, sin tener en cuenta las causas profundas (asociadas al patriarcalismo, para esta posición) que posibilita y motiva la actividad. Por otra parte, en muchos lugares, por la forma particular en que esta actividad fue perseguida policialmente, se negaba a las mujeres todo acceso a una defensa de parte del Poder Judicial. Asimismo, en tanto que en muchos casos las mujeres que se involucran en prostitución/trabajo sexual parten de condiciones socioeconómicas complejas, al penalizarlas con multas o encierro, no hacen más que reiniciar un círculo vicioso, por alejarlas de la posibilidad de conseguir otros empleos o de alcanzar cierta estabilidad económica a fin de intentar conseguir otros empleos. Por otro lado, al intentar evitar la reincidencia en los registros relativos a la prostitución, es normal que estas mujeres vean reforzada su situación de marginalidad y vulnerabilidad, invisibilizando el fenómeno, y alejándolas del acceso a sus derechos, o incitándolas a buscar ingresos económicos con otras actividades ilegales o cercanas a la ilegalidad.

Un argumento a favor de la descriminalización que comparten abolicionistas con liberales es que la vigilancia sobre esta actividad implica un gasto de recursos en seguridad que la experiencia ha demostrado como poco eficiente, en el mejor de los casos. Estos mismos recursos podrían ser utilizados, en cambio, tanto para la prevención de delitos violentos, o de otro orden, como para la asistencia a estas mujeres para que abandonen este tipo de tareas.

Por otro lado, si bien se puede considerar que, como en el argumento mencionado en el caso anterior, abolicionistas y liberales coinciden respecto de estar en contra de la criminalización de la prostitución/trabajo sexual, los argumentos liberales a favor de la descriminalización suelen ir mucho más lejos que los abolicionistas, y por motivos muy diferentes.

Pasemos ahora a reseñar las posiciones liberales. Es necesario señalar desde el comienzo que estas posiciones varían entre algunas que se revelan más permisivas y otras más restrictivas, y por eso suelen variar las condiciones que establecen para una descriminalización que no resulte perjudicial. A pesar de esto, es posible trazar algunas directrices comunes. En general, todas las posiciones liberales consideran que debe evitarse en la medida de lo posible la intervención del Estado, ya que limitan la libertad de las personas. Esta libertad se define de acuerdo a la voluntad de las personas para llevar adelante acciones que consideren convenientes para ellos, sin interferir en la libertad de los demás y estableciendo contratos conforme a esas preferencias. Dentro de estas ideas, la intervención del Estado puede llegar a verse benéfica solamente si ayuda a que las personas establezcan más y mejores contratos, bajo la perspectiva de que la normalización de la prostitución como una actividad laboral entre otras ayudará a que las trabajadoras sexuales corran menos riesgos asociados a la clandestinidad de esa profesión. Asimismo, siempre para estas posiciones liberales, esta descriminalización facilita el acceso de los clientes que, en condiciones normales, consumen servicios sexuales como parte de servicios sociales que pueden resultar especialmente valioso para personas solteras, tímidas o con diversidad funcional.

Asimismo, desde estas posiciones se arguye que, en tanto que en condiciones normales es un pacto entre adultos libres, la prohibición de la prostitución constituye un “crimen sin víctima” bajo el cual se encubre cierto moralismo que intenta penar toda actividad sexual que sea extramatrimonial o que no tenga vistas a la reproducción, por lo que permite visualizar el trabajo sexual como uno más entre otros trabajos, donde se intercambia la utilización parcial del cuerpo para llevar a cabo determinada tarea. De esta manera, estas posiciones reinterpretan lo que se considera la degradación propia de esta actividad como una estigmatización propia de ese moralismo, sin la cual la cosificación implicada en la actividad sería similar a la de cualquier trabajo, punto en el que paradójicamente parecen encontrarse el discurso liberal y el marxista. Por otro lado, contraponen a esa misma cosificación el hecho de que con esta actividad las mujeres suelen ganar más dinero en menos tiempo, con mayores posibilidades de elegir las condiciones de trabajo. Como veremos más adelante, con estos argumentos los liberales intentar devolver a los abolicionistas las mismas críticas que esta última posición plantea respecto de la sociedad: que al no permitir una elección, mantienen a las mujeres en una especie de estado de “minoría de edad”.

Regulacionismo

El regulacionismo es una posición que emergió en el siglo XIX y cuya meta principal no era la eliminación en general de la prostitución, sino controlar los excesos o abusos que se podían presentar de parte de los clientes/prostituyentes o de las mujeres que la ejercían. Por tanto, dentro de este marco, la prostitución no es considerada como algo que debería ser ilegal per se, sino que lo que intenta es limitar aquellas consecuencias indeseables que puedan derivar de la práctica de la misma, pero en tanto no hace una promoción de la prostitución mantiene una posición abierta o ambivalente respecto de la deseabilidad o aceptabilidad de su ejercicio. Como el regulacionismo se ha implementado bajo normas que han variado de acuerdo a la época y al lugar de la implementación de las mismas, es virtualmente imposible brindar una reseña general de esta posición que abarque todas sus variantes, pero sí podemos mencionar algunas características frecuentes dentro de lo que se ha dado a llamar con este nombre. De la misma manera, algunos procesos que aquí pueden aparecer como lineales, en realidad han sido simultáneos o no han ocurrido nunca, de acuerdo al lugar o la época que nos refiramos.

En sus inicios el regulacionismo implicó frecuentemente una supervisión sanitaria obligatoria en su control de la prostitución, que suele ejercerse únicamente sobre las mujeres y no sobre los clientes/prostituyentes, lo que revela cierta marca androcéntrica y comunitarista (en esta acepción que antepone los intereses comunitarios a los derechos individuales) entre sus fundamentos ideológicos, y como consecuencia el foco de la atención estuvo puesto más en la prostitución como fenómeno social que en el cuidado de las mujeres que la ejercían. Por otro lado, si bien el control de las zonas en las que la prostitución generalmente contó con el apoyo de la policía, la misma no podía detener a las prostitutas por ofrecer servicios sexuales, aunque sí podía intervenir en la prevención o represión de crímenes, lo que ha dado lugar a hechos de corrupción de parte de las fuerzas policiales, como cohecho, o represión injustificada a las mujeres (en especial a las travestis).

Desde principios del siglo XX, bajo la influencia del abolicionismo, que ha logrado normativas que preveían el cierre de los prostíbulos, podemos hablar de un neo-regulacionismo, que ha disminuido el interés en los controles sanitarios, mientras que ha puesto el énfasis en los controles legales y policiales, como la demarcación de “zonas rojas”, horarios y demás modalidades permitidas para el ofrecimiento de servicios sexuales. En el caso específico de Argentina, la Ley N° 12.331 promulgada en el año 1936 y conocida como Ley de Profilaxis, que prevé tanto un sistema de prevención y tratamiento de “enfermedades venéreas” como el cierre de “casas de tolerancia” puede ser vista como fruto del entrecruzamiento de estas dos corrientes a principio del siglo XX en nuestro país. En cambio, diferentes proyectos de ley recientes o actuales presentados en nuestro país, han hecho hincapié en la colaboración entre las esferas estatales y las personas que deseen ejercer el trabajo sexual autónomo, de forma individual o colectiva. Este enfoque intenta asegurar que la regulación de dicha actividad se convierta en fundamento de acceso a derechos laborales, entre los que esté incluido el acceso a la salud, no ya como prevención de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, sino como parte de un cuidado integral de aquellas personas que se desempeñen como trabajadoras sexuales.

Legalización

La legalización comparte algunas premisas con el regulacionismo tal como lo hemos descripto. Si se prefiere, podría considerarse que, de hecho, la legalización es una forma de regulacionismo. La principal diferencia la encontraremos en quiénes son los que se encuentran autorizados a lucrar con el trabajo sexual. Bajo una mirada regulacionista, las únicas personas que pueden lucrar con el trabajo sexual son aquellas que lo realizan, ya sea trabajando de manera individual o cooperativa. En cambio, bajo un contexto de legalización de la prostitución, cualquier persona puede establecer un burdel como si fuera cualquier otro negocio, y contratar todo tipo de empleados para realizar diferentes tareas, incluyendo por supuesto personas que lleven a cabo el trabajo sexual. Esta posición puede aparecer superficialmente como una opción atractiva, ya que no intenta tomar a su cargo ninguna consideración moralista o paternalista respecto de la sexualidad de las personas, a la vez que dice promover para las mujeres que allí trabajan los mismos derechos a los que debería acceder cualquier empleado de cualquier industria. A la vez, posibilitaría cierto control sobre la actividad sin tener que recurrir a la criminalización de la misma, y eliminaría los riesgos de la prostitución ejercida en las calles para dotarla de un contexto más seguro y confortable dentro de instalaciones adecuadas. Asimismo, quienes parten de esta posición suelen considerar que no existen “soluciones” para el ejercicio del trabajo sexual, que es algo tan arraigado culturalmente que no hay posibilidades de que desaparezca, y que cualquier intento de hacerlo no es más que más de la misma hipocresía de una sociedad que ha dicho combatir este fenómeno mientras lo alimentaba por otras vías. Por lo tanto, la única posibilidad que esta posición considera viable es la de incorporar la actividad al mercado como una más entre otras ocupaciones legítimas. Con los controles propios de la legalización, se sostiene, se reduciría además el crimen organizado dentro del mundo de la prostitución, que en parte es lo que alimenta el proxenetismo y la trata de personas con fines de explotación sexual, en tanto que sería posible declarar como ocupación legítima el trabajo sexual, facilitando algunas cuestiones referentes a la migración o el traslado de las personas involucradas.

Sin embargo, las diferentes experiencias relacionadas con legalización en Australia, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos (en el estado de Nevada), han demostrado que todas esas premisas no se verifican en la realidad. Diferentes estudios han constatado que con la legalización han aumentado exponencialmente los problemas que se suponía que dicho marco normativo vendría a solucionar. Bajo la nueva protección brindada por dicho marco, los “empresarios” han creado diferentes fachadas para ocultar un negocio que, en los hechos, era llevado adelante por vías alternativas a las regladas. El rechazo a pagar impuestos o contribuciones sociales, a permitir el control de las condiciones de trabajo de parte de las autoridades y a llevar registros contables, ha llevado a que los dueños de estos lugares prefieran montar negocios ilegales, aprovechándose del hecho de que la nueva ley permitía dotar a estas actividades de cierta apariencia legal ante el público.

En este nuevo marco que derivó de la legalización, las condiciones de trabajo de las mujeres no sólo no mejoró sino que en muchos casos empeoró, dado que la mayor afluencia de público obligó a jornadas laborales más largas, en caso de no aumentar la cantidad de trabajadoras sexuales disponibles; o a una precarización de todas ellas debido a un incremento de la oferta laboral por parte de mujeres que migraron hacia estos lugares. Asimismo provocó un fuerte incremento de actividades relacionadas con esta actividad, como un aumento de la producción de la industria pornográfica, espectáculos con desnudos, lapdancing, peep shows, y otras que implicó un ingreso desde muy temprana edad de mujeres a estos diferentes puestos de la industria sexual, en los que comenzaron a “hacer carrera” y que en muchos casos concluyeron engrosando la cantidad de trabajadoras sexuales.

En virtud de todos estos hechos es que la legalización, a pesar de sus promesas, ha demostrado ser una mala política pública en el abordaje de la prostitución/trabajo sexual, y en la mayoría de los casos, tiempo después de haber sido puesta en práctica, ha sido restringida o derogada.

Delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Perfil victimológico.

La caracterización penal de la conducta punible brinda escasa información sobre los damnificados y los mismo respecto de losfactoresque facilitaron el haber sido blanco de la agresión. La victimología nos revela que la probabilidad de convertirse en víctima de un hecho delictivo no se distribuye de manera homogénea en la población, como tampoco ocurre con los trastornos mentales o las enfermedades infecciosas. Existen características personales y factores de vulnerabilidad  (individuales y sociales), que incrementan las chances  de que un determinado colectivo de individuos sea objeto de una conducta antisocial, crimen o delito. En el presente trabajo se busca delinear el perfil victimológico de quienes resultan ser sujetos pasivos del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la fase de captación, desde la perspectiva de la psicología forense.

Aporte de la victimología

La victimología, en tanto espacio interdisciplinario de conocimiento y praxis, nos permite abordar de manera sistemática e integral las características o perfil victimológico de las personas captadas por los tratantes.

La victimología nos revela que detrás de cada víctima de las redes de trata se teje un conjunto complejo de factores de vulnerabilidad económica, social y cultural que se entrelazan con trayectorias de vida signadas por el abandono parental, los abusos y los malos tratos. El sufrimiento y el abandono es el común denominador en los relatos de las víctimas rescatadas aunque naturalmente, existan excepciones a esta generalización [[1]]

Frecuentemente el examen biográfico de la víctima sitúa el sometimiento a manos del tratante como un punto de llegada, luego de un largo trayecto de experiencias vivenciales negativas. Punto de arribo que se caracteriza por la fractura subjetiva de las niñas y mujeres que son engañadas y trasladadas lejos de sus hogares para ser sometidas a las más denigrantes condiciones de explotación.

¿Quienes son las víctimas?

En la antigüedad se denominaba víctimasa los seres humanos o animales que eran elegidos para morir en sacrificio, y victimarius era el verdugo o sacerdote encargado de matar. Con el tiempo se fue extendiendo el uso de este vocablo para designar a todo aquel que sufre injustamente a causa de la acción de otro. Es interesante señalar que en el latín el vocablo víctima está próximo a víctus(alimento para otro, y en una segunda acepción, sujeto vencido) y vinctus (encadenado) . En los cultos romanos antiguos la víctima era aquella que cargaba con los pecados de todos y su sacrificio permitía liberar a la comunidad de la ira de los dioses. No deja de ser sugestivo cómo el rastro etimológico de la palabra que nombra al que sufre por causa de otro, aglutine con tanta riqueza de sentido el drama actual de aquellos que son objeto del delito de la trata. Rastro de significados que nos invita a interrogarnos respecto de los ‘dioses’actuales, el dinero y el poder tal vez, que reclaman en sacrificio a niñas y jóvenes de todo el mundo.

AbdelEzzatFattah (1966/7[[2]]) definió a la victimología como: “aquella rama de la criminología que se ocupa de la víctima directa del crimen y que designa el conjunto de conocimientos biológicos, sociológicos, psicológicos y criminológicos concernientes a la víctima”.  Es decir, la víctima es para la ciencia victimológicaun objeto de estudio multidimensional y complejo que queda configurado a partir de la materialización de un hecho criminal en el que una o varias personas son afectadas. Otros autores en cambio, (Raúl Goldstein [[3]]) definen a la victimología como la “parte de la criminología que estudia a la víctima no como efecto nacido de una conducta delictiva, sino como una de las causas, a veces principalísima, que influyen en la producción de los delitos”. BenjaminMendelshon [[4]], sin tantos rodeos  la definió como: “la ciencia sobre las víctimas y la victimidad”.

Las Naciones Unidas (1985) en sus Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y el Abuso de Poder define a las víctimascomo:

…las personas que, individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen a la legislación penal vigente de los Estados miembros incluida el abuso de poder.

Para la psicología la víctima es la persona que enfrenta un trauma de dolor y sufrimiento a causa de la acción delictiva, pero entiende también que los efectos de ese padecimiento infringido tiene un efecto expansivo sobre el círculo familiar de la víctima y también sobre la comunidad a la que pertenece.

Perfil sociodemografico de las víctimas en Argentina

Las víctimas que son explotadas sexualmente en la Argentina son mayoritariamente de género femenino, mayores de edad y de nacionalidad argentina (provenientes de las provincias de la región nordeste) y paraguaya, siendo las víctimas de nacionalidad dominicana las que ocupan el tercer puesto.

Lamentablemente no se cuentan con fuentes confiables de información que permitan ampliar la caracterización de las víctimas, así por ejemplo se desconoce:

  1. Nivel educativo alcanzado
  2. Estado civil y cantidad de hijos
  3. Provincia de origen
  4. Estructura familiar
  5. Actividad laboral de los padres y de la pareja
  6. Antecedentes de consumo de drogas y/o ejercicio de la prostitución.

Indicadores de vulnerabilidad

La Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en marzo de 2008 en la ciudad de Brasilia, aprobó las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad”. En este documento encontramos una definición que delimita, desde la perspectiva jurídica, el concepto de vulnerabilidad.

Se consideran en condición de vulnerabilidad:

Aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

A continuación se toman las causas de vulnerabilidad incluidos en las Reglas de Brasilia como obstáculo para el ejercicio de derechos, y se aplican para mostrar cómo esas mismas causas impactan como factor precipitante y/o facilitador en la captación de las víctimas de trata.

Edad Los menores de edad deben ser objeto de especial protección en consideración de su estado evolutivo y su relativa indefensión ante el accionar de los adultos.
Discapacidad Cualquier déficit físico, mental o sensorial, que limita la capacidad de ejercer autónomamente las actividades de la vida diaria, incrementan las posibilidades del establecimiento de vínculos de dependencia y manipulación ante un tercero explotador.
Origen étnico El idioma y las pautas sociales y culturales de una determinada comunidad pueden constituir una barrera invisible para qu la persona comprenda los abusos a los que está siendo sometido o, comprendiéndolos, para requerir ayuda a las autoridades.
Victimización Todas aquellas personas que hayan sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, por ejemplo de violencia intrafamiliar y/o de delitos sexuales, tienen mayores chances de ser captadas y explotadas.
Migración o desplazamiento interno El desplazamiento de una persona y/o de su familia por razones de trabajo (v.gr. empleo golondrina), o en condición de refugiados políticos y/o económicos, tiene como consecuencia que las personas deban desenvolverse en un medio extraño y en el que las redes de apoyo social son débiles o inexistentes.
Pobreza Existe una estrecha relación entre pobreza y el delito de trata. La pobreza es causa de exclusión económica, social y cultural acrecentando la vulnerabilidad en todas las dimensiones de la vida humana.
Género La explotación sexual es una de las formas de violencia  que recae casi exclusivamente sobre las mujeres y niñas, ejercida casi con exclusividad por los hombres (tanto el varón explotador como el varón prostituyente)

En un documento publicado por el CEIDAS (Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, 2009) en el marco del Primer Diagnóstico Nacional sobre Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México, realizado en alianza con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se propone un índice para medir el riesgo de convertirse en víctima del crimen de trata de personas. El índice está compuesto por dos grandes categorías de factores de riesgo:

  1. Factores a nivel individual o personales
    1. Baja autoestima y autocontrol
    2. Niveles de educación deficientes
    3. Falta de información
    4. Pobreza y carencias económicas
    5. Personas con discapacidades
    6. Hogares con numerosos miembros o hacinamiento
    7. Hogares con presencia de violencia doméstica
  2. Factores a nivel estructural o sociales
    1. Falta de oportunidades de empleo digno
    2. Políticas económicas no inclusivas
    3. Urbanización creciente y migración
    4. Ambiente social de discriminación racial y de género
    5. Fomento del turismo sexual
    6. Existencia de redes de tráfico de personas con métodos de reclutamiento sofisticados
    7. Falta de eficacia por parte de las autoridades judiciales

Desconfianza en las instituciones

  1. Falta de redes de apoyo o capital social
  2. Políticas migratorias restrictivas que impiden la migración legal
  3. Desinterés de los gobiernos por limitar la trata de personas
  4. Corrupción

Las mujeres, niños y niñas que tienen mayores probabilidades de ser captadas son aquellas que viven en entornos débiles de protección, a lo cual se suma la indiferencia de las instituciones y la comunidad cuando se violan de manera flagrante y visible los derechos más elementales de la persona, como por ejemplo el de poseer una vivienda digna o el acceso a agua potable.

Desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad y policiales (Argentina), las víctimas de trata de personas son descriptas de acuerdo a un perfil de potencial víctima [[5]] que es caracterizado de la siguiente manera:

  1. Las víctimas de trata con fines de explotación sexual son generalmente mujeres jóvenes y menos frecuentemente niñas.
  2. Situación de pobreza, condición migratoria irregular, discapacidad física o mental, bajo nivel de educación formal, pertenencia a minorías étnicas y/o culturales.
  3. Desconocimiento del idioma y/o analfabetismo. La persona se muestra desorientada y no puede referenciar claramente hacia dónde se dirige o dónde se encuentra.
  4. Situación de desempleo. Baja calificación laboral.
  5. Situación económica desesperada. Madres jefas de hogar.
  6. La persona posee deudas y le han sido retenido los documentos de identidad o le han sido sustituido por otro falso o perteneciente a otra persona.
  7. Presenta signos de haber sido objeto de coacción psicológica (se observa ansiedad y miedo y sumisión en apariencia injustificados, lenguaje estereotipado y telegráfico) y/o signos de violencia física.

Es muy frecuente que el tratante capte a la víctima con falsas promesas de empleo como mucamas, niñeras o modelos, presentándole un escenario de bienestar y progreso económico.

Notas

[1]El secuestro de niñas de clase media provenientes de hogares consolidados y contenedores es también un fenómeno ligado a la trata, aunque cuantitativamente muy reducido ya que el tratante evita en lo posible lidiar con una familia que producida la desaparición, inste a las autoridades a la búsqueda y a la condena de los culpables.

[2]Fattah, AbdelEzzat: “Towards a CriminologicalClassification of Victims,” Criminology and PoliceScience, December 1967, Vol. 58, No. 4, 524-531 citado por Jorge Núñez de Arco Capítulo 9 del libro: El Informe pericial en Psiquiatría Forense, 3ª edición Editorial TEMIS La Paz 2008

[3]Citado por Arco, J. Ob. Cit.

[4]Citado por Arco, J. Ob. Cit.

[5] Véase el Protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos. Argentina. Ministerio de Seguridad de la Nación; Dirección Nacional de Migraciones, 2012.

Seguimos sumando herramientas para hablar de trata de personas con adolescentes

Hacia el final de las charlas que damos en las escuelas sobre la trata de personas, les pedimos a los chicos que piensen preguntas sobre lo que se habló. Estas preguntas las escriben de manera anónima en papeles que recogemos y vamos leyendo a la vez que contestamos. A su vez, nos permiten reinterpretar nuestras charlas y capacitaciones sobre la base de los temas que van surgiendo. Las próximas entradas tendrán por objeto reproducir y extender algunas de esas respuestas, que versarán sobre drogas, violencia, abuso y aspectos propios del delito de trata de personas.

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Cuando las chicas son recuperadas ¿qué tipo de protección o ayuda tienen?

La ley N° 26.842 prevé una serie de derechos a las víctimas de trata. Estos derechos intentan facilitar a la víctima la superación de su situación como víctima de este crimen. Específicamente, la ley contempla, entre otros, los siguientes aspectos derechos:

  • A recibir asistencia psicológica y médica, alojamiento apropiado, manutención, alimentación y elementos de higiene personal;
  • A la incorporación o reinserción en el sistema educativo y a recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo;
  • A recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito, a prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado; a ser informada del estado de las actuaciones y de la evolución del proceso y a la protección de su identidad e intimidad frente a toda posible represalia contra su persona o su familia,
  • A permanecer en el país, recibiendo la documentación necesaria o a retornar a su lugar de origen. En los casos de las víctimas residentes en el país que quisiera emigrar, se le garantiza la posibilidad de hacerlo,
  • En caso de tratarse de víctima menor de edad se garantiza además que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. Se procurará por otro lado la reincorporación a su núcleo familiar o al lugar que mejor proveyere para su protección y desarrollo.

Las disposiciones necesarias para satisfacer estos derechos son canalizadas a través de diferentes organismos estatales de jurisdicción federal:

La Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, oficina está inte­grada por un equipo conformado por psicólogas, trabajadoras sociales y abogados cuya función principal consiste en la asis­tencia y el acompañamiento a los damnificados por este delito, desde el rescate de su lugar de explotación hasta el momento de su declaración testimonial en la causa judicial correspondiente; el Programa Las Víctimas contra las Violencias, que brin­da asistencia a las víctimas de abusos o maltratos, originados por cualquier tipo de violencia;  la Unidad Especial para la Promoción de la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, con la función de promover políticas de protección, defensa, promoción y restitución de derechos de niñas, niños y adoles­centes víctimas de delitos contra la integridad sexual; el Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los Delitos contra su Identidad, cuyo objeto es organizar y entrecruzar la información de todo el país que refiera a personas menores de edad de quienes se desconozca el paradero, así como de aquellos que fueran lo­calizados o se encuentren alojados en diferentes tipos de es­tablecimientos y que se desconozcan sus datos filiatorios o identificatorios. Todos estas oficinas y programas dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El Ministerio de Desarrollo Social lleva a cabo acciones de asistencia técnica y asistencia directa a víctimas del delito de trata de personas, y por otro lado lleva a cabo tareas de capa­citación. Asimismo, cuenta con áreas específicas para el abordaje de la temática, como la de Prevención de la Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad, dependientes del Ministerio de Seguridad son quienes están a cargo de las tareas de custodia o protección, mientras que las tramitaciones correspondientes a la documentación para permanecer o emigrar del país son efectuadas por el Ministerio del Interior y Transporte.

Explotación Sexual: un delito que se expande.

La trata de personas con fines de explotación sexual, junto con el tráfico de armas y el de drogas ilícitas son de los delitos complejos que mayor flujo de ganancias genera en los mercados del crimen, con un poder de corrupción política, judicial y policial directamente proporcional al volumen de las transacciones efectuadas.

Las estadísticas internacionales estiman que en el mundo se blanquean capitales provenientes del narcotráfico equivalentes al 4% del producto bruto mundial,  criminalidad compleja que está en estrecha relación con el mercado ilegal del sexo y la trata de personas; semejante flujo de capitales obliga a las bandas de narcotraficantes y de tratantes, a contar con el auxilio de bancos, empresas e incluso estados nacionales cómplices que facilitan su estructura fiscal y jurídica para inocular las divisas dentro del mercado legal de capitales (Tondini, 2009).

La trata de personas es un delito violatorio de los derechos humanos consistente en el traslado forzado o por engaños de una o más personas, sin importar la edad o sexo, desde su lugar habitual de residencia hacia un destino dentro o fuera de las fronteras nacionales, privándolas total o parcialmente de la libertad con el objeto de ser explotadas de diversas maneras, siendo las principales la explotación laboral y la sexual (Cavazza, 2009).

La trata es la explotación de un ser humano (víctima) por la acción de otro/s (autor/es o victimario/s) siendo posible identificar en la comisión de este delito distintas etapas o fases. La primera comprende al conjunto de accionesdirigidas a la captación y/o reclutamiento de las víctimas, la segunda involucra el traslado y desarraigo de la persona, la tercera el recibimiento y acogidade la víctima en el lugar de destino y finalmente la explotación propiamente dicha (Ufase-Inecip, 2011).

Cuatro Fases de la Trata de Personas
Captación Constituida por las acciones desplegadas por el tratante y sus cómplices, dirigidas a ganarse la confianza de la víctima a través de engaños y falsas promesas.
Traslado Se materializa cuando la persona es traslada desde entorno habitual de vida a otro diferente, dentro del mismo país o fuera de él, produciéndose una situación de desarraigo y ruptura de los vínculos familiares y sociales.
Limitación o Privación de la libertad Implica la limitación de los movimientos y la libre circulación, no necesariamente a través de impedimentos físicos (cadenas, encierro, etc.) sino por medio de coacción psicológica (amenazas contra la propia víctima o sus familiares,  generación de deudas de imposible cumplimiento, retención de documentos, etc.)
Explotación Las actividades de explotación más frecuentes son: Prostitución ajena, Explotación sexual comercial, Trabajos o servicios forzados, Esclavitud, Servidumbre, que son prácticas análogas a la esclavitud y hay varios tipos como ser la servidumbre por deuda, servidumbre en trabajos agrícolas, matrimonios serviles, Mendicidad,  Alquiler de vientre, Extracción de órganos, etc. 

 Trata de Blancas

El concepto de trata de personas debe diferenciarse de la denominada ‘trata de blancas’, denominación que tuvo su origen a finales de siglo XIX  para dar cuenta de los traslados de mujeres europeas a países de Europa del Este, América y Asia con fines de explotación sexual(Myrtha Schalom, realiza en su libro La Polaca una interesante y valiosa reconstrucción histórica del accionar de la poderosa red de proxenetas Zwi Migdal a principios del siglo XX en la Argentina). El adjetivo de ‘blancas’ apuntaba a diferenciar esta actividad delictiva del tráfico de esclavos que en su mayoría eran de origen africano (Alsogaray, 1933). Tal denominación invisibilizaba el hecho de que la trata de personas afectaba y afecta a las personas sin distinción de origen étnico, ni de edad, ni de género, además de albergar un sesgo discriminatorio inaceptable para nuestra época; sin embargo algunos criminólogos aún hoy continúan utilizando esta denominación para identificar el tipo penal analizado en este trabajo [[1]].

Tráfico de Personas

Otra importante distinción es la referida al tráfico de personas. El tráfico ilícito de migrantes es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener un beneficio financiero u otraganancia de orden material(United Nations Office on Drugs and Crime, 2013). La acción del traficante de personas culmina una vez que el migrante ilegal cruza la frontera, mientras que en el delito de trata la acción criminal se prolonga en el lugar de destino restringiendo la libertad y sometiendo a explotación económica a la persona; además,en la trata el origen y destino de la víctima puede situarse dentro de las mismas fronteras del país (v.gr., el traslado de una provincia a otra o dentro de una misma provincia).

En algunos casos el tráfico de migrantes puede estar asociado a la trata de personas, situación que se da cuando los traficantes forman parte de una red delictiva internacional [[2]] que además de extraer ganancias con el ingreso ilegal de migrantes, trabajan de manera coordinada con quienes realizarán la posterior explotación de la víctima en el lugar de destino (v. gr. trabajo esclavo, prostitución forzada o extracción de órganos ).

Déficit de los sistemas de investigación criminal

En nuestro país el déficit de información acerca de la víctima y/o de las fases del proceso hasta el punto de la efectiva explotación sexual, constituye un obstáculo serio para el diseño e implantación de las políticas de prevención y conjura de este delito. La Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas de la República Argentina señala en un informe oficial,

“…respecto del perfil social de las víctimas (alfabetización, escolaridad, hijos a cargo,y otros) no han sido incorporados en las piezas judiciales materia de análisis”.

Y pone de relieve que la falta de este tipo de información en los análisis delos hechos revela que,

“…la Justicia ha prescindido de información valiosa para configurarlos mejor y adecuarlos jurídicamente a todas las opciones posibles”(Ufase-Inecip, 2011:10,12).

Cabría preguntarse porqué existiendo un cuerpo normativo [[3]] que coloca en un lugar central a las víctimasen términos de la asistenciaque el Estado debe prestarle una vez rescatada (véase ‘derecho de las víctimas’pp. 8), coexiste con un déficit tan notorio de información respecto de las características y necesidades de quienes deben ser asistidos. La UFASE señala que una de las razones es la deficiente utilización del testimonio de la víctima como elemento de prueba y la renuencia de los operadores judiciales y policialesa utilizar las guías o protocolos diseñados para la toma de las declaraciones (Ufase-Inecip, 2011:10).  De esta manera resulta complejo, cuando no directamente imposible,tener claridad acerca de los factores de vulnerabilidad que permitieron la captación de la víctima. Ello facilitaque se instalen o consoliden a nivel social caracterizaciones estereotipadas (v.gr.lasjóvenes de mala vida) y formulas simplificadas de las causas de un delito cuya trama es siempre compleja (v.gr. ‘porque son ignorantes’, ‘porque son pobres’ o ´drogadictos´).

Esta situación respecto de la información victimológica, en tanto se repite de manera más o menos sistemática en el ámbito judicial, no es sólo una deficiencia jurídica, sino también una modalidad de política criminal en el abordaje de la problemática en la que la víctima tiene en definitiva, un paradójico rol secundario.

 Notas

[1] La reconocida psicóloga y criminóloga Hilda Marchiori utiliza esta denominación en fecha tan reciente como 2011 (véase los artículos compilados en Entre libertad y castigo: dilemas del estado contemporáneo, Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM, http://biblio.juridicas.unam.mx)

[2] La delincuencia organizada internacional, se conforma por grupos de tres o más integrantes, con diferenciación de roles y/o funciones dentro de la estructura, abocados a la comisión de serie de actividades delictivas destinadas a crear, mantener y explotar mercados de bienes y servicios ilegales con la finalidad de lograr beneficios económicos y/o acumulación de poder (ONU, 2000).

[3]Ley 26.364, y 26.842 y normas complementarias