El encuadre jurídico de la trata de personas

El Protocolo sobre Trata de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2003) que entró en vigor el 25 de diciembre de 2003 y que para junio de 2012 fuera ratificado por 112 países, entre ellos la República Argentina, entiende por trata de personas a la captación, el transporte y/o traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, el usufructo de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. El mismo protocolo declara que el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional, conforme los términos indicados anteriormente, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios comisivos enunciados. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se consideran trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios comisivos indicados.

Como ya hemos señalado, el delito de trata es considerado por la comunidad internacional y la legislación nacional como un atentado contra la libertad de las personas que vulnera gravemente la condición humana, y una violación de los derechos humanos más elementales. Es por ello que los países firmantes acordaron actualizar sus legislaciones y aplicar programas estatales para combatir este flagelo y asistir a sus víctimas [4]. En la Declaración de los Principios Básicos de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1985, reconoce que víctimas son, .. las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

En la República Argentina el delito de trata queda tipificado en la Ley N° 26.634 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que incorpora al derecho interno, la totalidad de los lineamientos establecidos en el Protocolo de Palermo. Esta norma fue modificada por la Ley N°26.842, incorporando algunos ajustes reclamados por distintos actores sociales, y receptando las recomendaciones internacionales en la materia, una de ellas es la eliminación del consentimiento de la víctima como elemento de anulación de la tipicidad. Para destacar es que la ley argentina estipula la no punibilidad de las víctimas de trata, cuando su conducta sea el resultado directo del proceso de victimización.

El art. 145 ter del Código Penal Argentino, contempla circunstancias agravantes en relación a:

• La VÍCTIMA: cuando 1) Estuviere embarazada o fuere mayor de setenta años ; 2) Fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma ; 3) Fuere menor de dieciocho años . • Al AUTOR, cuando fuere: 1) Ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima; y 2) Funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria. • Al ACTO DE LA TRATA, cuando: 1) Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima; 2) En la comisión del delito participaren tres o más personas; 3) Las víctimas fueren tres o más; 4) Se lograra consumar la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas.

La ley argentina garantiza a las víctimas el derecho a ser asistidas en los siguientes rubros: • Información sobre los derechos que la asisten en su idioma y adecuado a su edad cronológica y psicológica, y asistencia legal integral y patrocinio jurídico gratuito. • Asistencia psicológica y médicas gratuitas, • Alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal, • Capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo, • Protección ante posibles represalias contra su persona o su familia • Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado. En las leyes penales argentinas, al menos en su gran mayoría,la víctima es sólo un elemento más del proceso penal [5], mientras que en la ley de trata el ofendido ocupa como se dijo un lugar principal en lo que refiere a la atención de los daños emergentes de la comisión del delito [6].El análisis de los servicios prestados por el Estado a las víctimas son un elemento esencial para comprender su situación,en la medida que éstos cumplen una función amortiguadora de los efectos de la victimización secundaria [7] ligada al sistema de administración de justicia (Reyna Alfaro, 2008) y en menor medida,una función reparatoria y/o compensatoria de la victimización primaria.

El diseño e implementación de una política estatal de asistencia a las víctimas requiere no solo de una legislación adecuada sino también de recursos económicos suficientes y de conocimiento de los operadores de las necesidades específicas de las víctimas. Cuando se analiza la aplicación efectiva de los servicios previstos en las normasde los países Latinoamericanos,se observa que los programas de asistencia cumplen demanera parcial y con notorias disparidades según los países el objetivo de brindar una atención integral a las víctimas, aunque es cierto que se ha avanzado mucho en las últimas décadas (Departamento de Estado EE.UU, 2012; Reyna Alfaro, 2008:145; Dzib Aguilar & Gil Toot, 2012) [8].

EXPLOTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS: FINALIDADES.

La dinámica delictiva y la legislación delimitan cuatro modalidades de explotación, según el propósito económico de la conducta criminal, a saber: I. explotación laboral, II. Explotación sexual, III. Establecimiento de relaciones filiares, IV. Comercialización de órganos. En este trabajo me abocaré al análisis victimológico del segundo tipo es decir, el de las víctimas de trata con fines de explotación sexual en la fase de captación, puesto que es en estafase en la que el perfil victimológico adquiere mayor relevancia para comprender cómo los factores de vulnerabilidad hacen ‘elegible’ a una persona por parte del sujeto activo del delito (victimogénesis [9]).Ello nos aporta indicadores empíricos que nos orientarán acerca de adónde deberían enfocarse las acciones de prevención primaria, naturalmente anteriores a la aplicación de la ley penal y ligadas a las políticas de protección social (educación, vivienda, trabajo y servicios sanitarios). Las etapas posteriores (el traslado, el alojamiento o acogida de la víctima en un entorno que luego será el escenario del sometimiento y explotación), conforman un continuum de daño y degradación física, moral y psicológica cuyos efectos abren una profunda huella en el psiquismo de la víctima, cuyo análisis es materia para otra investigación.

Notas.

[4] El convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena fue aprobado en Argentina por Ley N° 11.925 del 30 de septiembre de 1957. Entrada en vigor en Argentina el 13 de febrero de 1958. El protocolo final entró en vigor en Argentina el 1° de marzo de 1961 por Ley N° 15.568. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y su Protocolo Complementario para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo) de fecha 15/11/2000, ambos fueron aprobados por Ley N° 25.632 de agosto de 2002.

[5] Eugenio Raúl Zaffaroni, caracteriza la situación de la víctima en el sistema penal del siguiente modo “En el mundo penal la lesión la sufre el señor (Estado, república, monarca, el que manda) y la víctima es sólo un dato, una prueba, que si no se aviene a serlo se la obliga y coerciona incluso con el mismo trato que su ofensor. En síntesis: el ofensor no es la persona que ofendió sino un constructo de la retorta alquímica del derecho penal, y la víctima no es la persona ofendida, sino un dato que es menester aportar al proceso: la víctima no es una persona, es una prueba. (Zaffaroni, 2001:07-8 citado en Reyna Alfaro, 2008)

[6] Véase Eser, A.(1989) respecto de las tendencias legislativas nacionales e internacionales a favor de un mayor protagonismo a la víctima en el procedimiento penal.

[7] Comprende la experiencia personal de la víctima con el sistema policial y judicial. Es una nueva vivencia traumática que se concatena al delito sufrido (victimización primaria) pudiendo ser más cruel y grave en sus consecuencia psicológicas, en la medida de que la víctima ve frustrada (total o parcialmente) sus expectativas de recibir protección y comprensión de quien tiene la obligación legal y ética de brindarla (el Estado) (Asociación Vasca de Criminología, 2013).

[8] Reyna Alfaro afirma, siguiendo a otros autores (Albrecht, 2006; Roberts et al., 2003,  yDelmas-Marty, 1986), que la víctima y los discursos ideológicos en torno a ella son sumamente útiles para el discurso político de quienes aspiran o detentan el poder. El  populismo penal como tendencia legislativa surge de coyunturas electorales y tiene por meta acrecentar el caudal de votos sin que la efectividad de la norma tenga en su instrumentalización un efecto significativo en modificar los factores que generan el delito (Reyna Alfaro, 2008), afirmación que puede aplicarse también a la contraparte del infractor que son las condiciones de las víctimas. Más adelante, en las conclusiones de su trabajo el autor es más categórico al afirmar que el populismo penal no ofrece a la víctima una atención real de sus intereses, por el contrario, supone su uso y con ello su denigración. En similar sentido Dzig Aguilar y Gil Toot(2012) denuncia la ineficiencia de las autoridades encargadas de la justicia y la seguridad pública en la persecución del delito y la asistencia de las víctimas.

[9] La victimogénesis es la rama de la victimología que estudia los factores y las conductas que predisponen a ciertos individuos a un riesgo aumentado de ser objeto de un tipo específico de delito.  (Marchiori H. , 2004)

El mercado detrás de la explotación

Durante los últimos años, se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de abordar la trata de personas como un problema de seguridad pública. Esto, en realidad, se aplica a la explotación de personas en general –principalmente, con fines sexuales y laborales–, de la cual la trata de personas es solamente un ámbito específico. En nuestra opinión, esto es indiscutible como punto de partida; la cuestión es decidir cómo se va a abordar ese problema.

Si se quiere dar solución a una situación tan grave y compleja, la visión tradicional y clásica del derecho penal no resulta muy útil: la intervención del Estado sobre casos aislados, limitándose a aplicar penas de prisión, va a tener un efecto más simbólico que real en términos de contribución a la seguridad. Esto se debe a que la trata de personas, además de todos los sufrimientos que representa para las víctimas explotadas, tiene un aspecto económico. Detrás de la explotación existe un verdadero mercado criminal, que genera y multiplica esos delitos. Si se quiere reducir de manera significativa la trata de personas, se hace indispensable intervenir sobre ese mercado y los flujos de dinero existentes.

Durante las siguientes páginas mencionaremos nuevamente distintas cifras y algunos conceptos básicos de la economía, tales como ganancias, costos o valor agregado. Esto es indispensable para poder realizar un análisis en términos de mercado: De la misma manera que en cualquier mercado, aquí también existe un determinado “producto” o “servicio”, una “oferta”, una “demanda”, ciertos actores que se dedican a esto, ciertos “costos” y “ganancias”, etc. La diferencia fundamental con otros mercados es que aquí el “producto” o “servicio” que se negocia es ilegal. Consideramos que este análisis es imprescindible para poder diseñar e implementar un enfoque que permita reducir ese mercado, atacando el núcleo económico de la trata de personas como estrategia para combatir el delito de manera eficiente. Sin embargo, acudir a tantos números siempre representa un arma de doble filo: entre cifras y montos, es fácil olvidar que detrás de cada número hay seres humanos sufriendo. En este sentido, no buscamos que este sea un análisis insensible sobre valores y dinámicas de mercado, sino, por el contrario, concientizar respecto del hecho de que existe un mercado basado en la explotación de esas personas.

Las cifras

Para decidir cómo intervenir en el mercado criminal de la trata de personas, el Estado previamente debe contar –entre otras cosas– con información suficiente sobre ese mercado, dado que esto constituye un insumo clave para la planeación táctica y estratégica (BINDER, 2009). Cualquier política de seguridad debe diseñarse y ejecutarse conforme a esta información, que debe ser pertinente, oportuna y confiable.

En Argentina -y en América Latina en general- es escaso el conocimiento que se tiene sobre la cantidad total de dinero que mueve la trata de personas, y sobre la dinámica del mercado detrás del delito. Esto representa un serio problema a la hora de diseñar las acciones que el Estado planea llevar adelante para reducir los niveles de este delito.

Uno de los estudios que abordan el aspecto económico de la trata es el publicado en 2005 por Patrick Belser, de la Organización Internacional del Trabajo. En verdad, este estudio analiza cuáles son las ganancias que genera a nivel mundial el trabajo forzado, entendiéndolo como todo trabajo o servicio que se extrae de cualquier persona bajo la amenaza de un castigo y sin la participación voluntaria de esa persona. Dentro del trabajo forzado impuesto por agentes privados (es decir, no por el Estado o por fuerzas armadas), analiza tanto la explotación sexual como la explotación económica en sectores distintos de la industria sexual (agricultura, industria, servicios y actividades ilegales). A su vez, el autor no solo estima las ganancias de la explotación en líneas generales, sino también las que corresponden específicamente a la trata de personas en sus distintas modalidades.

Belser indica que en 2005 el total de víctimas de trata alcanzaba el número aproximado de 2.440.000 personas a nivel mundial, incluyendo tanto el cruce de fronteras como el movimiento interno dentro de un mismo país. De ese total, 250.000 personas corresponden a la región de América Latina y el Caribe, donde el 12% son sometidas a la trata de personas con fines de explotación sexual, 87% con fines laborales, y un 1% con fines mixtos o indeterminados. Estas primeras cifras ya permiten observar una contradicción con otras citadas previamente en el presente manual [1], lo que ratifica la falta de información precisa y concordante en este tema.

A partir de diversas formas de cálculo [2], Belser estima que las ganancias que genera la trata de personas alcanzan los 31.654 millones de dólares anuales a nivel mundial. De esta suma, 3.834 millones de dólares corresponden a la trata con fines de explotación laboral, y 27.820 millones de dólares a los casos de explotación sexual. Específicamente para la región de América Latina y el Caribe, las ganancias generadas anualmente por la trata de personas rondan los 1.348 millones de dólares, de los cuales 776 millones provienen de la explotación laboral y 572 millones de la sexual. Evidentemente, la cantidad de dinero que mueve la trata de personas es preocupante.

Como si esto no fuera suficiente, Belser considera que sus estimaciones son conservadoras, por lo que el número real puede ser mayor. La Organización Internacional del Trabajo aclaró que es muy posible que estas cifras “pequen por defecto”, no sólo porque la valoración mundial del número de víctimas es un mínimo, sino porque la valoración de los beneficios reales por persona es de hecho más baja que la que citan otras fuentes solventes (por ejemplo, Interpol). A esto, además, habría que agregar que ese estudio fue publicado en 2005, habiendo transcurrido ya varios años en los que probablemente se hayan incrementado la cantidad de víctimas y de ganancias generadas.

Para lograr entender la real dimensión de este delito, es útil tomar los datos ofrecidos hasta aquí para hacer algunas comparaciones. Dijimos que –según el estudio de la OIT de 2005– las ganancias anuales generadas por la trata de personas en sus diversas modalidades en América Latina y el Caribe alcanzan los 1.348 millones de dólares (es decir, 1.348.000.000 dólares). Esto podría compararse, por ejemplo, con el total de la ayuda oficial neta para el desarrollo (AOD) recibida por la misma región en el mismo año, según los datos proporcionados por el Banco Mundial [3]. Sumando los montos recibidos por cada uno de los 29 países de la región [4], en total superan los 5.649 millones de dólares (5.649.360.000 dólares). Esto significa que las ganancias generadas en América Latina y el Caribe por un fenómeno tan dañino socialmente como la trata de personas representaron aproximadamente la cuarta parte de la ayuda oficial recibida por esos mismos países para promover el desarrollo y el bienestar económico. La comparación arroja un resultado tan absurdo como alarmante.

En definitiva, la conclusión es clara: la trata es un negocio altamente lucrativo. Frente a estos brutales flujos de capitales, podemos formularnos dos preguntas. La primera es cuál es el vínculo entre la trata de personas y la criminalidad económica. La segunda es qué puede y debe hacer el Estado frente a este problema.

Trata de personas y criminalidad económica

Introducción a la criminalidad económica

Para comenzar a analizar cuál es el vínculo existente entre trata de personas y criminalidad económica, primeramente debemos definir este último concepto. Las definiciones siempre tienen la consecuencia -muchas veces inconveniente- de darle rigidez a una idea que puede no serlo. Además, en este caso en particular, no existe consenso indiscutido sobre qué es la delincuencia económica. Por eso, nos limitaremos a señalar algunos puntos distintivos que, según nuestra visión, son esenciales en este tema.

En primer lugar, la criminalidad económica incluye a la corrupción, pero no se limita a ella. Desde una visión clásica, los delitos de corrupción (por ejemplo, un soborno) parecerían ser los principales delitos económicos, poniéndose la mira siempre en el funcionario público falto de ética. Sin embargo, esto no solo desvía el foco de los agentes privados (grupos económicos), sino que además quita atención a los delitos que mueven mayor cantidad de dinero a nivel mundial [5]. Proponemos, entonces, tomar a la corrupción como una expresión de la delincuencia económica, que también adquiere muchas otras variantes. La característica definitoria será, en todo caso, que se trata de un Estado cooptado por agentes privados que imponen sus propios intereses por sobre los públicos.

A diferencia de otro tipo de delitos que pueden responder a finalidades muy diversas, los delitos económicos suelen caracterizarse por la búsqueda de algo muy concreto: una ganancia económica. Como veremos más adelante, esto resalta la importancia del recupero de activos como mecanismo de lucha contra estos fenómenos delictivos.

Por otra parte, un elemento notorio de estos delitos es el daño social que provocan, unido a la falta de percepción de la gravedad de estos hechos por parte de la sociedad. Es común observar cómo la atención de distintos sectores –Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, académicos y medios de comunicación, entre otros– se centra en cierto tipo de delitos puntuales, tales como homicidios, robos y violaciones, donde las víctimas son claramente visibles. De esta manera, puesto que los delitos económicos suelen afectar a la sociedad en su conjunto, muchas veces pasa inadvertido el daño que producen, no solo en cuanto a su afectación a las instituciones democráticas, sino también por sus repercusiones sobre los recursos públicos. Considerando que son los sectores pobres los que más intensamente necesitan las políticas públicas que dependen de esos recursos para poder ser implementadas, es evidente que son esas personas quienes resultan más dañadas por estos delitos.

Podríamos mencionar más características de la criminalidad económica, pero estos puntos ya nos permiten tener una idea aproximada de cuáles pueden ser algunos vínculos posibles entre esta forma de delincuencia y la trata de personas. Aquí nos centraremos únicamente en dos temas donde esta conexión puede verse con claridad: lavado de activos y corrupción.

Lavado de activos 

Si bien en nuestro país se lo suele llamar comúnmente “lavado de dinero”, aquí elegiremos llamarlo “lavado de activos”, para remarcar que el dinero no es el único bien que puede ser lavado [6]. Para dar una definición que nos permita aproximarnos al tema, diremos que el lavado de activos es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita (BLANCO CORDERO, 1997).

A grandes rasgos y solo para dar una idea general, esto significa lo siguiente. En primer lugar, existe un bien: dinero en efectivo, dinero en una cuenta bancaria, un auto, un inmueble, etc. Ese bien tiene un origen delictivo, dado que procede de un delito, o ha sido adquirido con las ganancias de ese delito. A su vez, el titular de ese bien –u otra persona– intenta introducirlo en el sistema económico legal; la finalidad de esto es poder utilizar ese bien sin que en el futuro le genere ningún problema (es decir, evitar que a partir de ese bien el Estado detecte que la persona ha cometido un delito). Para esto, se hace necesario ocultar el origen del bien, dándole apariencia de legalidad.

En 2011, nuestro país introdujo algunas modificaciones legislativas a la regulación del delito de lavado de activos. Una de ellas consistió en que actualmente figure como un delito que afecta al orden económico y financiero. Esto generó una discusión sobre qué es el orden económico y financiero, siendo éste un debate que en realidad ya existía tanto en Argentina como en otros países. Aquí solo señalaremos dos de las expresiones de este orden, que suelen mencionarse más comúnmente: la libre competencia y la estabilidad de los sistemas financieros.

Con respecto a lo primero, pueden existir actores que se encuentren en mejores condiciones para competir con los demás, a raíz de la utilización de las ganancias que obtuvieron a través de algún delito. Imaginemos, por ejemplo, al dueño de un restaurante que además se encuentra involucrado en la trata de personas: si de este delito obtiene ganancias importantes y las invierte en su restaurante (ocultando su carácter ilícito), su empresa “legal” estará en mejor situación respecto de los demás restaurantes de la zona, que se valen únicamente de dinero lícito.

Por otra parte, con respecto a los sistemas financieros, la circulación a través suyo de dinero ilícito con el fin de ser lavado tiene varias consecuencias negativas. Esto puede afectar la confianza del público en el sistema, lo cual constituye un pilar esencial de la actividad financiera y bancaria. Condiciona además el funcionamiento transparente del sistema financiero, generando presiones hacia la cooptación de los organismos de control y regulación financiera. Asimismo, es funcional al incremento de la corrupción estatal, desde que los mecanismos para lavar activos también permiten hacerlo con el dinero generado por actos de corrupción. Afecta, en definitiva, la estabilidad misma del sistema financiero, al entremezclarse cada vez más los flujos financieros lícitos y los ilícitos [7].

El hecho de que el Estado cuente con un delito como el de lavado de activos le da mayores herramientas para intervenir sobre movimientos de capital que muchas veces alcanzan sumas altísimas, y que, dada la posibilidad de corromper a los agentes estatales, o de marcar cierta agenda política a través de sus intereses, comprometen el sistema democrático de gobierno. En nuestra legislación, se castiga el lavado de bienes que provengan de cualquier delito. Por lo tanto, en primer lugar debemos tener en cuenta que el lavado de las ganancias generadas por la trata de personas también es delito.

Como vimos anteriormente, la trata es un negocio muy lucrativo para los criminales que intervienen en él. Esas ganancias generadas pueden ser utilizadas dentro de mercados negros o ilegales: por ejemplo, supongamos el caso de un tratante que deseara “comprarle” una chica a otro tratante que actualmente la está esclavizando. En estos casos, no será necesario lavar el dinero, justamente porque al ser un mercado ilegal no existen regulaciones estatales –al menos regulaciones que busquen detectar personas que manejen dinero de origen ilícito–. Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, cuando el dueño de un lugar donde se retenga a las víctimas explotadas quiera sobornar a la policía local.

Sin embargo, si alguien que ha obtenido ganancias a partir de la trata pretende utilizarlas en un mercado legal, deberá lavarlas para evitar ser descubierto. Esto ocurrirá cuando quiera comprar un auto, adquirir un departamento, hacer un depósito en una cuenta bancaria, contratar un seguro, utilizar una sociedad, etc. En todos estos ámbitos existen controles para detectar el dinero de origen delictivo. Por lo tanto, es evidente que una parte de las ganancias obtenidas por la trata de personas tendrá como destino un proceso de lavado, antes de ser utilizadas para cualquiera de estas acciones. Por más que estimemos que el porcentaje de ganancias que son reintroducidas en la economía legal es alto, no podemos dar ninguna cifra concreta, a raíz de la falta de información a la que ya hicimos referencia previamente.

Esta es, entonces, una primera vinculación entre la criminalidad económica y la trata de personas: las ganancias generadas por este delito, si desean ser utilizadas en los mercados legales sin suscitar sospechas, necesitan atravesar un proceso de lavado de activos (que representa un nuevo delito).

Corrupción

Otro punto en el cual se puede analizar un vínculo importante entre la trata y la criminalidad económica es la corrupción. Nuevamente, no nos interesa entrar en la discusión sobre cómo se debe definir la corrupción [7]. Sí nos interesa remarcar que, para este tema en particular, nos estamos centrando en la conducta de los funcionarios públicos, de cualquier área del Estado (fuerzas de seguridad, los tres Poderes, el Ministerio Público Fiscal, entre otros). La trata de personas constituye un fenómeno criminal complejo, a diferencia de otro tipo de delitos. Por lo tanto, el análisis que debe hacerse del desempeño del Estado es distinto.

La trata de personas no solo se ve facilitada por la ineficiencia de los Estados frente a la criminalidad compleja, sino también por la directa complicidad –pasiva y/o activa– de miembros de las distintas áreas y organismos públicos involucrados en la lucha contra este delito. Son de conocimiento público todos los testimonios de víctimas que –una vez rescatadas– relataron la connivencia policial que presenciaron. Ha habido incluso una chica que se negó a declarar ante un juez dado que lo conocía por haberlo tenido de cliente en el lugar donde la explotaban sexualmente. Estos son solo algunos ejemplos de una situación que todos sospechamos, pero de la cual no se cuenta con información tan precisa como la que se debería tener.

En este sentido, Jeremy Haken señala que “la trata de personas erosiona la capacidad del Estado. Los tratantes sobornan a las fuerzas de seguridad, a los funcionarios públicos encargados de controlar los movimientos migratorios y a los miembros del Poder Judicial, tanto en el país de origen de las víctimas como en el de destino. A largo plazo, la corrupción destruye la confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones y Gobierno, especialmente si esta corrupción facilita la pérdida de amigos y familiares en manos de tratantes. Puesto que un Estado es tan fuerte como lo es su capacidad para proteger a sus ciudadanos, no es difícil ver cómo se encontraría en peligro un Estado cuyos funcionarios directamente contribuyen a la pérdida de ciudadanos” (HAKEN, 2011).

De la misma manera, Pedro Biscay remarca uno de los peligros inherentes a la corrupción, al decir que “la escasa capacidad del Estado en imponer la ley y castigar delitos de poder (especialmente corrupción y delitos originados en actividades financieras ilícitas) genera condiciones favorables para el surgimiento de grupos con capacidad de controlar el proceso democrático” (BISCAY, 2012).

Nuevamente, no podemos especular cuál es la cantidad de casos en los cuales la trata de personas involucrará la participación de miembros del Estado y sus agencias. Sin embargo, está muy difundida la idea de que no son pocos los supuestos en los que esto ocurre. En algunos casos, los funcionarios participan activamente en la explotación de las víctimas. En otros, conociendo lo que ocurre, se abstienen de intervenir. Por último, incluso cuando no suceda nada de lo anterior, muchas veces la propia ineficiencia del Estado para perseguir delitos complejos permite que estos hechos se sigan cometiendo, por más que exista la voluntad política de que las cosas cambien.

El rol del Estado frente al mercado de la trata

La política criminal

Al hablar de qué puede y qué debe hacer el Estado frente a este mercado criminal que existe en relación a la trata de personas, es necesario que hagamos mención al concepto de política criminal. La política criminal puede definirse como el conjunto de métodos por medio de los cuales el cuerpo social organiza las respuestas al fenómeno criminal (BINDER, 1997). La idea de un “conjunto de métodos” refiere a que la política criminal utiliza muchos instrumentos, no solamente las penas de prisión. Por otra parte, la referencia a “cuerpo social” incluye no solo al Estado, sino también a los casos en los cuales el Estado delega en los ciudadanos la respuesta al fenómeno criminal.

La cuestión es, entonces, cuál debe ser la política criminal frente a la trata de personas, teniendo en cuenta que es un fenómeno unido a un mercado altamente lucrativo y en expansión. Como mencionáramos previamente, para decidir cómo se va a intervenir (es decir, para diseñar una política pública) y para llevar a cabo esa intervención (para implementarla) es indispensable contar con información suficiente sobre ese mercado. Necesitamos saber cuál es la dinámica del delito, cómo y dónde se dan los flujos de dinero, quiénes son los principales criminales que ofrecen el “producto”, con qué bienes y estructura económica cuentan, qué hacen con las ganancias que obtienen, cuáles son los costos en los que incurren, cuáles son las particularidades del mercado en cada zona del país, y muchas otras cuestiones. Un buen sistema de información debe permitirnos conocer en profundidad todo esto, y a su vez debe informarnos qué ocurre en ese mercado frente a cada intervención del Estado. Si no contamos con esto, entonces simplemente estaremos tanteando el terreno, e improvisando medidas sin saber qué efecto real tendrán. Un Estado no puede darse ese lujo en un tema tan delicado como este.

Un análisis de mercado como el que estamos proponiendo permite pensar en varias posibilidades de acción, que no se limiten a la clásica condena de prisión. En primer lugar, incluso cuando hablamos exclusivamente de enviar a la cárcel a los tratantes, es importante que el Ministerio Público Fiscal no se maneje solo con una lógica de caso por caso (esto es, analizando cada hecho aislado de los demás), sino también con una visión que apunte al fenómeno criminal en términos globales. Imaginemos que los fiscales tuvieran que intervenir en dos casos distintos, y uno de ellos involucrara a la organización criminal más grande del país en materia de trata de personas; es evidente que los fiscales no deberían responder a ambos casos de la misma manera y dedicando los mismos recursos (tiempo, gastos, personal de trabajo, etc.).

Más allá de esto, si nos proponemos desarticular el mercado de la trata, no vamos a tener éxito si nos limitamos a la pena de prisión como única herramienta. Dijimos ya que los flujos de capitales (movimientos de dinero) que circulan en este mercado son enormes. De la misma manera que una empresa desarrolla su actividad a partir de los activos que tiene (dinero, automóviles, inmuebles, etc.), estos capitales del mercado criminal también constituyen los activos de los criminales. Entonces, parece necesario que el Estado tome alguna medida sobre esos activos.

En las últimas décadas, frente al avance descontrolado de las organizaciones criminales transnacionales que manejan una cantidad de dinero cada vez mayor, todos los países comenzaron a comprender el peligro que representa este fenómeno. Al margen de los casos en que este dinero se vuelca hacia la economía legal –lavado de activos–, ocurre también que estos capitales sirven como financiamiento de las mismas actividades criminales. Nuevamente, de la misma forma que una empresa, mientras más ganancias obtengan, más posibilidades tienen de seguir creciendo. Por eso es que cada vez se torna más evidente la importancia del recupero de activos como herramienta de la política criminal, que permita combatir a la criminalidad compleja de manera eficiente.

 

El recupero de activos y la entrega social de los bienes

Cuando hablamos de recupero de activos, nos referimos a que el Estado le quite a los criminales la propiedad de distintos tipos de bienes que están vinculados al delito: el dinero en efectivo que ganan por la explotación sexual de las víctimas; el auto en el cual transportan a las mujeres hacia el lugar donde luego las retienen; la casa en la cual las explotan; etc. [8]. Aquí vamos a hablar principalmente del decomiso: la manera en que el Estado recupera estos bienes y los criminales los pierden de manera definitiva.

Existen distintos tipos de decomiso, y en cada país se encuentra regulado de manera diferente. En Argentina, por ejemplo, el decomiso está reglamentado principalmente como una pena; esto significa que, para ser aplicado, requiere que exista una condena (de lo contrario, se estaría aplicando una pena a alguien que todavía es inocente). No creemos que ésta sea una postura correcta. El decomiso es una medida mucho más propia del ámbito civil que del penal: no se busca castigar a la persona (para eso está la prisión), sino que se busca recuperar bienes ilícitos cuya propiedad no puede permanecer en manos criminales, y que en última instancia –una vez recuperados– servirán para reparar el daño causado. Lentamente, esta visión comienza a expandirse, a tal punto que en 2011 se introdujo por primera vez en Argentina la posibilidad de decomisar bienes sin necesidad de que exista condena penal (únicamente para el delito de lavado de activos, y siempre y cuando se den algunas condiciones contenidas en el artículo 305 del Código Penal).

La importancia del decomiso en la lucha contra la delincuencia organizada es fundamental. Por eso es que el recupero de activos se encuentra incluido en las convenciones internacionales sobre el tema, y en algunas incluso se encuentra mencionado dentro de las finalidades específicas que se persiguen. Sin embargo, en nuestro país la herramienta prácticamente no se utiliza: en líneas generales, ni jueces ni fiscales se preocupan por perseguir los bienes de los criminales en los delitos complejos (trata de personas, criminalidad económica, narcocriminalidad, entre otros), y si bien existen excepciones, la política criminal aún no está orientada eficientemente en este sentido.

El decomiso exige, en primer lugar, que se identifiquen esos activos, lo cual implica conocer el mercado criminal para poder localizarlos y ubicar dónde están. Luego, requiere que se tomen medidas tendientes a asegurar que esos bienes sean inmovilizados para que no puedan desaparecer ni ser escondidos. Finalmente, deben iniciarse las acciones para que el Estado los recupere de manera definitiva.

Una vez recuperados esos activos, ¿qué debe hacerse con ellos? Teniendo en cuenta la poca consciencia que existe sobre la importancia del decomiso en casos de criminalidad compleja, creemos que es fundamental que esos bienes sean devueltos a la sociedad a través de una política pública concreta y específica. Esto permitirá que se visibilice la necesidad del recupero de activos, al utilizarlos para reparar el daño social causado. Por eso es que proponemos que la política pública a la que se apliquen sea fácil de percibir por toda la sociedad: por ejemplo, decomisar un establecimiento donde se explota sexualmente a mujeres, y utilizarlo para inaugurar ahí un centro de atención a víctimas de estos delitos. Decomisar los autos en los cuales transportaban a las víctimas, y donarlos a organizaciones de la sociedad civil que trabajen estos temas. Decomisar el dinero ganado por los tratantes, y utilizarlo para financiar capacitaciones para los fiscales que deben investigar estos casos. Todos estos son solo algunos ejemplos de cómo esos bienes podrían ser devueltos de manera concreta a la sociedad, ya sea a través de una política pública específicamente referida a la trata o no. De cualquier manera, la entrega social de los bienes recuperados es un primer paso para comenzar a reparar el daño causado a la comunidad por estos delitos.

 

Notas

[1] Véase AMPRAP:2011, que estima 6 millones de víctimas anuales de trata de personas.

[2] Una primera aproximación consiste en definir a las ganancias totales como la diferencia entre el total del valor agregado de las víctimas y el total de los pagos realizados a ellas. Si no existe información disponible sobre el valor agregado, el autor aclara que las ganancias pueden estimarse usando información sobre la facturación. Así, las ganancias totales equivaldrían al valor total de bienes y servicios producidos, menos los pagos realizados a las víctimas y el consumo intermedio (por ejemplo, el alquiler de un inmueble).

[3] Conforme la página web del Banco Mundial, “la asistencia oficial neta para el desarrollo (AOD) comprende los desembolsos de préstamos en condiciones concesionarias (netos de reembolsos del principal) y las donaciones otorgadas por organismos oficiales de los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD), por instituciones multilaterales y por países que no integran el CAD a fin de promover el desarrollo y el bienestar económico en los países y territorios que figuran en la lista del CAD de destinatarios de AOD. Incluye los préstamos que tienen un elemento de donación de al menos el 25% (calculado a una tasa de descuento del 10%)”. Puede consultarse en:

http://datos.bancomundial.org/indicador/DT.ODA.ODAT.CD/countries

[4] Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname,  Uruguay y Venezuela.

[5] En el documento “La fuga de capitales II. Argentina en el escenario global (2002-2009)”, publicado por CEFID-AR en 2010, Jorge Gaggero, Romina Kupelian y María Agustina Zelada señalan que los flujos ilícitos globales debidos a la corrupción gubernamental alcanzan los 50 billones de dólares, mientras que los vinculados a actividades comerciales alcanzan los 1.000 billones.

[6] Lo tomamos como sinónimo del concepto español de “blanqueo de capitales”.

[7] El tema es tan debatido que varios instrumentos internacionales sobre la materia no se ocupan de definir qué entienden por corrupción, sino que se limitan a enumerar los delitos específicos que se encuentran comprendidos en ese concepto.

[8] Aquí no vamos a profundizar en la distinción entre bienes con los cuales se comete el delito (ej. el auto en el que se transporta a las víctimas), y bienes que constituyen el producto o el provecho (ej., el dinero ganado a partir de la explotación de las víctimas).

 

EXPLOTACIÓN SEXUAL. EL MEDIO SOCIAL COMO FACILITADOR PARA LA COMISIÓN DEL DELITO.

El 98% de las víctimas de la trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas (Ufase-Inecip, 2011) y esto es compatible con una la sostenida demanda de servicios sexuales cuya clientela es mayoritariamente masculina, en el marco sociocultural en el que aún las conductas sexuales denigratorias hacia la mujer constituyen una forma de afirmación viril. Así, en el lenguaje de la calle, expresiones como ‘ir de putas’ o ‘tener un gato’ tienen una connotación satírica y de implícita aprobación para el varón que despliega tal conducta. En igual sentido la prensa, el cine y la televisión naturalizan la explotación del cuerpo femenino al servicio de los ‘irreprimibles’ impulsos sexuales de una supuesta ‘naturaleza masculina’. Estos mensajes penetran con mayor intensidad y literalidad según la edad y la clase social de quien lo recepta, generando las condiciones simbólicas para que la prostitución y los tratos denigrantes hacia la mujer se naturalicen.

La familia que es o debería ser el anillo de protección más efectivo ante este fenómeno, es inoculada de forma sistemática, a través de diversos canales, con un imperativo deshumanizante: lo que cuenta es el éxito económico.  No es casual que los reclutadores utilicen como pantallas de sus actividades criminales ficticias agencias de modelos o de empleos, promesas de casting televisivos o publicitarios, en donde  lo que aparece casi siempre es la ‘generosa’ oferta de bienestar económico, reconocimiento público, y un acrecentamiento de la posesión de los bienes-fetiche que marcan la pertenencia a un determinado estrato o condición social  (joyas, celulares, ropa, vehículos, etc.).

En un contexto de degradación ética, pobreza y corrupción sistémica como el que atraviesan algunos países latinoamericanos, no sorprende que las redes de trata cuenten, en la fase de captación, con la complicidad del círculo familiar y/o personas próximas al entorno de la familia. Esta situación, sumada a la manipulación emocional,  induce a la víctima a relajar los ya bajos niveles de alerta y autocuidado.  Es necesario resaltar que lo bueno para si, junto con lo inaceptable y peligroso para los miembros de la familia, es una construcción subjetiva compleja que se da en el marco de un proceso histórico, político, cultural y económico.

Lo siniestro familiar

En la teoría psicoanalítica encontramos el concepto de  “lo extraño inquietante” (Freud, 1919), para delimitar aquello que esconde una ominosa amenaza bajo la forma exterior de lo familiar y conocido. En idioma alemán la palabra heimlich tiene el doble sentido de familiar, íntimo y amable, y también lo secreto, lo oculto, lo impenetrable. Esta última acepción, alude consecuentemente a lo ocultado, lo escondido y lo peligroso. Lo extraño inquietante en la obra freudiana marca el juego dialéctico entre lo familiar y lo extraño articulado en un mismo objeto o persona. Dice la psicóloga chilena Pilar Errázuriz (2001),

lo paradójico consiste en que la fuente de pavor no es lo extraño en su oposición inmediata a lo familiar, sino que lo que antes era familiar, emerge bajo el aspecto amenazante, peligroso, siniestro y que, a su vez, refiere a algo conocido desde siempre que ha estado oculto en la sombra” (Errázuriz, 2001)

Nos agobia el espanto cuando en las noticias o en los procesos judiciales se ventila que una madre consentía las violaciones a su hija a cambio de cigarrillos y alcohol [[1]], o cuando un padre obliga a su hija de doce años a ejercer la prostitución [[2]]. Lo extraño inquietante emerge disruptivamente entre los miembros de la comunidad pero también, y muy particularmente, en las propias víctimas que a consecuencia de ello sufren un desgarramiento psicológico crónico y profundo.

En la casuística se verifica con frecuencia que la víctima es engañada y entregada al reclutador [[3]] por y/o con la complicidad de algún integrante de la familia (madres, padres, hermanos, cuñados, etc.) o incluso la pareja (Dzib Aguilar & Gil Toot, 2012). Para ilustrar se reproduce el texto de una declaración en sede judicial tomada en un Juzgado Federal de la Provincia de San Juan:

“… la declarante tomo conocimiento a través de su madre que su hermana V. estaba desaparecida, pero ninguna de sus hermanas le manifestó nada antes. Que recuerda que tomó conocimiento de la desaparición de su hermana V.  antes de su cumpleaños de 15. Su madre le manifestó que había desaparecido (…) que recuerda que fueron sus hermanas y un masculino que no sabe el nombre, con quien se vio por última vez.  Que ella estaba presente en el lugar, y vio cuando el hombre sacó un arma para asustarla, pero estaba vestido de civil, porque lo que cree que no era policía (…) discutían con su madre y recuerda que su hermana le recriminó el haber hecho la denuncia (…) y la declarante pudo escuchar cuando su hermana J. entre risas cómplices con sus otras hermanas manifestaron “cagamos vamos a tener que ir a declarar”

El engaño es urdido por el captador/reclutador en torno a ofertas de ‘imperdibles’ oportunidades laborales y/o económicas,  lo cual constituye para la víctima una solución a su (grave) situación social, económica y familiar (Marchiori H. , 2010). Factores individuales como la inmadurez psicológica,  la baja autoestima y un historial de vida signado por malos abusos y malos tratos (violencia doméstica o intrafamiliar), concurren para facilitar la labor del delincuente [[4]].

La manipulación

En un primer momento el captador recurre a una estrategia de persuasión en la que pueden estar incluidos promesas amorosas o simplemente protección y cuidado.  Con el tiempo la dinámica de la relación va virando lentamente hacia la dominación psicológica y el chantaje emocional. La víctima ante la posibilidad de sufrir una nueva pérdida y sobre todo de alguien que se ofrece como protector/benefactor, en aras de conservar el vínculo progresivamente va cediendo terreno sometiéndose ‘voluntariamente’ a las manipulaciones de su victimario.

Convencer no es lo mismo que persuadir (…) Convencer es hacer que el otro admita una forma de pensar o de actuar mediante explicaciones racionales (…)

Persuadir es provocar un cambio en la voluntad del otro mediante argumentos lógicos, pero también actuando sobre la afectividad, a través de la seducción o la adulación. En este caso, el interlocutor participa activamente en el proceso, pues el que intenta persuadir al otro adapta su discurso a su sensibilidad y también a su vulnerabilidad. (Hirigoyen, 2012, págs. 32-33)

Cuando la víctima toma doloroso conocimiento de que ha sido objeto de un ardid para someterla, es demasiado tarde y se descubre a si misma atrapada, con un intenso sentimiento de culpa por haber creído y confiado. Las formas de control y coerción son severas y difíciles de eludir, pues regularmente van acompañadas de amenazas de daños graves para la víctima o su familia.

Diagnósticos de personalidad

En un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Yucatán (Dzib Aguilar & Gil Toot, 2012) se ha intentado perfilar la personalidad de las víctimas en base al diagnóstico que 22 peritos forenses [[5]] especializados en trata  realizaban a partir de la lectura de un caso. La clasificación de trastornos mentales utilizado fue el DSM-IV (1995). El trastorno esquizoide [[6]] de personalidad fue identificado por el 80% de los profesionales no psicólogos, mientras que los psicólogos sólo en un 41% arribaron a esa conclusión.  El trastorno por evitación [[7]] y el trastorno de personalidad dependiente [[8]] fue indicado  por el 100% de los profesionales, mientras que el trastorno histriónico [[9]] fue diagnosticado por el 88% de los profesionales.

En cambio, el diagnóstico de trastorno antisocial [[10]] y narcisista [[11]] de la personalidad fue unánime cuando se trató de considerar a la figura del captador/tratante. La conclusión a la que arriban los investigadores en base a estos resultados, es que las personalidades antisociales y/o narcisistas de los captadores se acoplan con personalidades de tipo dependiente y evitativa, esquizoide e histriónica. Si bien concuerdo en términos generales con la conclusión final en la medida en que parece coincidir con lo que se conoce a partir del análisis de la casuística, el diseño metodológico del trabajo no parece ser el adecuado para construir un perfil general de las víctimas, en el caso de que ello contribuya a comprender mejor a las víctimas.

 

Notas

[1] La Verdad OnLine: http://www.laverdadonline.com/detallenoti.php?recordID=16037 Recuperado el 16/05/2013

[2] El Proceso: http://www.proceso.com.mx/?p=337421 Recuperado el 16/05/2013

[3] El reclutador puede ser el principal engranaje de la organización criminal  aunque con frecuencia trabajan como ‘empleados’ de organizaciones mayores. En el primer caso, el reclutador explota a jóvenes a través de la prostitución forzada; en el segundo caso, pertenece a un grupo u organización delictiva en la que ejecuta una tarea de captación y reclutamiento (Marchiori, 2010 citada en Dzib Aguilar & Gil Toot, 2012)

[4] Véase el testimonio fílmico de ‘Alejandra’ publicado por un diario de la provincia de Tucumán en el que brinda detalles sobre cómo fue captada, trasladada y explotada con la complicidad de sus amigos  y de las fuerzas de seguridad de las provincias de Tucumán y Salta. (La Gaceta de Tucumán, 2012)

[5] Psicólogos y de otras especialidades.

[6] Patrón conductual de desconexión social y de restricción de la expresión emocional.

[7] Inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa.

[8] Comportamiento sumiso y adherente, relacionado con una excesiva necesidad de ser protegido y guiado.

[9] Patrón de emotividad exacerbada  y de una acusada necesidad de atención.

[10] Patrón conductual caracterizado por el desprecio y violación de los derechos de los demás.

[11] Patrón conductual en la que prevalecen las ideas de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía.

Debatamos: el dilema de los derechos personales y la eficacia de las políticas contra la trata de personas

Actualmente en Argentina conviven posiciones propiamente abolicionistas con otras que es conveniente denominar como “neorregulacionistas”, para separarla del viejo regulacionismo higienista propio del siglo XIX. Si bien el debate entre estas dos posiciones muestra los avances y retrocesos propios de toda discusión compleja, por momentos muestra fuertes signos de estancancamiento. Existen muchas razones para que esto ocurra. Entre otras, en este caso en particular, creo que se está discutiendo sobre el mismo eje, pero sobre fundamentos diferentes.

En lo que respecta a trata de personas, el abolicionismo se encuentra pugnando por políticas efectivas para reducir la explotación sexual en todas sus formas. Prohibición de todo anuncio de oferta sexual, allanamiento y neutralización de prostíbulos donde se sospeche o constate la existencia de explotación de la prostitución ajena. Por esto, con las normativas actuales y debido el intento de luchar contra la trata de personas -lucha en la que, fuera de la cuestión específica de los métodos, todo el arco de opiniones está sobradamente de acuerdo- las personas que intentan ejercer de manera autónoma el trabajo sexual ven seriamente coartadas sus posibilidades.

Estableciendo determinados parámetros, estas políticas podrían mostrarse como eficaces: por ejemplo, si se constatase la reducción del número de prostíbulos regenteados (y que no funcionen como cooperativas). Si, por el contrario, aumentase el número de mujeres que, se encuentran realizando intercambio de prácticas sexuales por dinero bajo un régimen que implicase la explotación de la prostitución ajena, por ejemplo como consecuencia de una indeseada clandestinización de este tipo de prácticas, estas políticas se mostrarían ineficaces.

Gran parte del debate actual pasa por discutir los índices actuales de efectividad de estas políticas. Dadas las características particulares del fenómeno, es necesario ser cauteloso con el manejo de los datos estadísticos. Pero, al margen de esto, en Argentina no está prohibido el intercambio de sexo por dinero, mientras dicha actividad se efectúe para beneficio personal; y muchas de estas políticas parecerían estar prohibiéndolos de hecho, al afectar fuertemente las vías a través de las cuales el mismo pueda desarrollarse. Esto está muy relacionado con lo anterior: eventualmente podría medirse si se ha visto reducida la cantidad de personas que ejercen trabajo sexual de manera autónoma.

Ahora, hay otra dimensión a considerar del fenómeno es la de si estas políticas debieran o no limitar libertades individuales. Por supuesto, toda ley limita libertades individuales: cuando se prohíbe robar, se está limitando esa posibilidad, y eso no parece mal. Esto no quita que tenemos derecho a algunas libertades, por ejemplo, a la de ejercer nuestra sexualidad con aquellos que elijamos, mientras sean llevadas a cabo en un ámbito consensuado. Y en tanto tenemos derecho a dicho ejercicio ¿se desprende de eso el derecho a cobrar por dicho ejercicio, en el marco de ese consenso? Supongamos, por mor del argumento, que sí. Pero, estrictamente hablando, no es necesario responder esta última pregunta aquí para sostener que este derecho a ejercer la propia sexualidad en las condiciones que uno prefiera no debería verse subsumido a la mayor o menor efectividad que muestren ciertas políticas públicas. Lo que quiero decir es que los derechos personales y la efectividad de políticas públicas deberían ser inconmensurables entre ellos. Que esto ocurra en un contexto de recursos limitados puede entenderse, aunque no justificarse, partiendo de una base fáctica. Pero eso poco tiene que ver con impulsar medidas restrictivas de la libertad personal para mejorar los índices de la lucha contra el crimen.

En este punto el debate tiene otra inflexión que nos devuelve al punto original. ¿Qué pasaría si en lugar de normativas que prohíban, implementáramos otras que regulen? Es decir, una ley que regule el intercambio del prácticas sexuales por dinero ¿ayudará a incrementar la libertad pretendida, entendida en este caso como autonomía? Nuevamente, esto podría ser medido, y aquí entraríamos otra vez en cuestiones de efectividad. Si bien, como dijimos, no deberíamos comparar derechos y eficiencia de las políticas públicas, de esta manera tendríamos cierta seguridad de haber contribuido a asegurar un derecho más; y aunque en sentido estricto alcance con desregular, esto también implicaría desconocer las dificultades a las que se enfrentan en la actualidad quienes intentar ejercer estas prácticas como trabajo.

A partir de ahí, el equilibrio estará en desarrollar políticas eficaces que respeten los derechos individuales, estableciendo criterios que nos permitan distinguir la práctica legal de la que no lo es, como se realiza en casi todas las actividades. Pero, por lo pronto, reconocer esta doble dimensión del debate ya será un paso en ese sentido.