Trata de personas en Argentina

El crimen organizado es fuente de un constante flujo de capitales que posibilita a las bandas criminales financiar y sostener redes complejas dedicadas al tráfico de diversas mercancías, desde armas, drogas hasta personas y órganos. La trata de personas es una realidad dolorosa en América Latina y en el mundo que crece al calor de la pobreza, la exclusión social y una cultura que aún hoy, naturaliza y tolera la explotación sexual de las niñas y mujeres con diversos argumentos.

La trata de personas es un delito violatorio de los derechos humanos consistente en el traslado forzado o por engaños de una o más personas, con el propósito de explotar ilegalmente su fuerza de trabajo o para someterla al comercio sexual con extraños a cambio de dinero. Las redes criminales invierten gran parte de las ganancias obtenidas a sostener una trama de protección política, judicial y policial incrementando notablemente la indefensión de los sectores más vulnerables de la sociedad, aun cuando desde el discurso político se sostenga el conveniente ‘combate a la criminalidad’.

Los medios de comunicación propalan un mensaje que cala hondo en amplios sectores de nuestra sociedad, especialmente aquellos más postergados y con menos recursos simbólicos para tomar una posición crítica: lo que cuenta es el éxito. La desesperada búsqueda de reconocimiento, inclusión y bienestar económico, en el marco de una situación objetiva de pobreza y exclusión, induce a niñas y mujeres a relajar sus conductas de autocuidado dejándose conducir hacia el cadalso con falsas promesas de trabajo y prosperidad.

La victimología, en tanto espacio interdisciplinario de conocimiento y praxis, nos permite abordar de manera sistemática e integral las características o perfil victimológico de las personas captadas por los tratantes. La mayoría de los perfiles victimológicosdelineados por los expertos, los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad y la legislación internacional y local específica que pune el delito de la trata, relacionan este fenómeno con la pobreza, la marginalidad, y a la desintegración de las redes de contención familiar y comunitaria.

Lamentablemente en los sistemas oficiales de información criminal de la Argentina, predomina la oscuridad y la disparidad de criterios de clasificación. Los datos con los que se cuenta son fragmentarios, incompletos y poco confiables, aun así queda claro que la trata es un fenómeno creciente y preocupante en nuestro país.

Tratamiento adecuado de cuerpos NN

En Colombia, el Equipo Interdisciplinario de trabajo forense y asistencia Psicosocial (EQUITAS), ha implementado el  Sello Narcés de buenas prácticas de registro y cuidado de Personas No Identificadas. Este sello es un reconocimiento al proceso de formación pedagógica, organización y sistematización de información, e implementación de procedimientos de inhumación y custodia de estos cadáveres. El Sello Narcés promueve que los cementerios implementen mejores prácticas para cuidar a las Personas No Identificadas (http://www.narces.org/).

En esta línea, desde ACCT consideramos que el tratamiento que reciben los cadáveres NN puede implicar una serie de prácticas que podrían considerarse violatorias de ciertos derechos como a la integridad,  identidad y disposición. En este sentido se pueden detallar acciones que vulneran los cuerpos muertos en diferentes momentos de su inhumación e identificación que podrían actuar como un llamado de atención a la hora de manipular cadáveres NN:

(a) Restitución:

  1. restitución condicional (por un tiempo determinado) de los cuerpos a las familias;
  2. restitución errónea de cuerpos a las familias. Una identificación mal realizada es una nueva negación de la identidad de las víctimas; implica -si no se descubren los errores cometidos- una nueva y final desaparición porque se cierra el ciclo de la búsqueda.

(b) Cementerios:

  1. fosas anónimas;
  2. fosas clandestinas;
  3. orientación de las fosas o posición de los cuerpos que no respetan lo prescrito religiosa o culturalmente;
  4. locaciones mal preservadas;
  5. desacralización o saqueo de fosas;
  6. violación de las órdenes de no innovar sobre las fosas.

(c) Enterramientos:

  1. enterramientos que violan los patrones culturales o religiosos;
  2. exhumación prematura, acientífica o no autorizada de cuerpos;
  3. re-inhumación o cremación para borrar trazas de crímenes o evidencia forense;
  4. profanación de monumentos;
  5. Impedimentos para que los dolientes celebren ceremonias o accedan a los cementerios, tumbas, urnas;
  6. supresión de cortejos funerarios, peregrinajes y conmemoraciones;
  7. persecución de familiares (censura, intimidación, arresto, asesinato);
  8. asistencia de personas ofensivas a entierros y conmemoraciones;
  9. ceremonias públicas o institucionalizadas en homenaje a los perpetradores de violaciones a los Derechos Humanos fallecidos.

(d) Esfera pública:

  1. reproducción distorsionada de imágenes;
  2. invasiones injustificadas a la privacidad;
  3. ofensa y difamación;
  4. omisiones no apropiadas de hechos acerca de la muerte (incluida la censura);
  5. negación de los certificados de defunción;
  6. distorsión de hechos acerca de la muerte (mentiras, falsificación, manipulación).

(e) Ámbito judicial y estatal:

  1. incumplimiento con la obligación de investigar y el derecho a la verdad (histórica o el derecho a saber) en casos de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra;
  2. suspensión u obstrucción de los habeas corpus para entorpecer la identificación de los detenidos muertos;
  3. destrucción de archivos;
  4. excesivo secreto de archivo;
  5. negligencia, distorsión, manipulación o falsificación de archivos;
  6. manejo incorrecto o indebido de los datos (incluida la generación de falsas expectativas en los familiares).

(f) Morgues o Asesorías Periciales

  1. invasión de la privacidad (entendida como la perturbación del cuerpo);
  2. tratamiento inadecuado (ej. mutilación);
  3. cosificación, colección ilegal o robo de cuerpos o partes corporales;
  4. identificación de cuerpos por medios no fiables o injustificados
  5. autopsias o investigaciones médicas realizadas fuera de la ley;
  6. tratamiento irrespetuoso o inadecuado de los cuerpos después de la autopsia o investigación (contenedores que pueden afectar la preservación de los restos);

(g) Propiedades:

  1. las víctimas pueden ser objeto de robo o confiscación de propiedades;
  2. daño a la herencia o destrucción intencional la misma. Aquí hay que aclarar que por herencia se entienden no solo bienes materiales (propiedades, joyas, dinero, etc.), sino también bienes documentales como son cartas, fotos, libros u otro tipo de registro.

El tratamiento que reciben los cuerpos muertos representan un ámbito de riesgo para los que trabajan con ellos pero también para las familias que a partir de la identificación deben procesar información sensible. Las posibilidades de error en los procedimientos que pueden vulnerar a las víctimas fatales y a sus familias son muchas, abarcando desde las prácticas que se realizan en los cementerios a la manipulación de los hallazgos en la esfera pública.

Estas prácticas implican, entonces, la existencia de responsabilidades por parte de la comunidad y de aquellos profesionales involucrados.Las obligaciones para con aquel que ha muerto están determinadas por las conexiones emocionales y psicológicas con quienes lo sobrevivieron. José Saramago escribe en su obra El año de la muerte de Ricardo Reis: “La ultima caminata, el fin del acompañamiento […] nadie volverá a acompañarlo si es que en vida lo hicieron realmente aquellos que de muerto lo siguieron” (2003:50). En este sentido, aquellos que buscan a aquellos desaparecidos, ausentes, por diferentes delitos como la trata de personas y acompañan su reinserción en el tejido social son los mismos que los acompañaron en vida. Pero también existe una responsabilidad por parte de la comunidad mayor, por parte de aquellos que no los conocieron pero que al ser contemporáneos de las violaciones sufridas tienen la responsabilidad de colaborar en el re-entramado del tejido social, en la reparación de sus partes dañadas.