Trata de personas, zona gris

El conocido activista de derechos humanos Didier Fassin, ex director de los médicos sin fronteras, recientemente dio una  charla pidiendo una visión más compleja de la moralidad en situaciones de necesidad humanitaria. Fassin exhortó a los activistas y académicos a meterse en los territorios morales que no están claramente definidos y donde existe una “zona gris moral”[1].

Estas “zonas grises morales” desafían nuestro sentido común de la “distinción entre el lado bueno y el lado malo de nuestro mundo moral”[2]. Ellas nos obligan a pensar por fuera de los binarios simples, rechazando nuestra propensión a ver las cosas en blanco y negro, obligándonos a enfrentar áreas de complejidad ética. Meterse en esas “zonas grises” es difícil e incómodo.

Qué significa esa llamada para pensar  la trata de personas con fines de explotación sexual? Después de todo, el sentido común dicta que la trata de personas es evidentemente y obviamente mala. En principio, parece que hay poca área gris.

Sin embargo, cuando observamos de cerca las vivencias de la trata de personas, nos encontramos con muchas zonas grises morales y complejidades éticas. Por ejemplo, parece sencillo definir quién es una víctima de trata y quien el tratante pero  incluso esta sencilla categorización puede ser complicada. Las mujeres reclutadas por las redes de trata de personas pueden convertirse ellas mismas en tratantes[3]. Es decir, las mujeres que han sido víctimas de la trata de personas pueden victimizar a otras mujeres.

No sabemos cuántas mujeres que perpetran la trata de personas han sido ellas mismas víctimas, pero sabemos que hay muchas mujeres que participan en las redes. La Organización Internacional para las Migraciones estima que más del 40% de los reclutadores para trata con fines de explotación sexual son mujeres (Por ejemplo, en el caso Marita Verón de los trece acusados de trata de personas, seis eran mujeres).

Cuando las víctimas de la trata se convierten en las explotadoras de otras mujeres, que se puede decir de que sea víctima o perpetrador? La simple designación de víctima y agresor se vuelve más compleja.

O consideremos los programas de rehabilitación para rescatar a las víctimas de la trata de personas. Estos programas brindan alimentos, vivienda y capacitación laboral. Cuentan con personal, principalmente mujeres de clase media, con formación profesional en psicología, trabajo social y de derecho. Sin embargo, en las economías precarias, aún con las mejores intenciones y gran esfuerzo, estos programas frecuentemente no pueden asegurar empleo con salarios dignos para las víctimas de este delito.

Cuando los programas de rehabilitación no aseguran empleos dignos para las víctimas, pero emplean a mujeres de clase media introduciéndolas en una economía estable—Quién puede decir que ha sido salvado? Aun las sencillas categorías de rescatador y rescatada se revelan como complicadas.

En un examen cuidadoso de la trata de personas, el  “sentido común” se descompone rápidamente. La filósofa Elizabeth Povinelli sostiene que es difícil de comprender las experiencias que desafían a nuestras categorías familiares de la moralidad. Tales experiencias son “resistentes a las cuentas típicas de la causalidad, la subjetividad y de la vida de decisiones”[4].

En esta “zona gris”, donde los binarios como víctima / agresor y rescatada / rescatador han  fracasado, es un desafío darle sentido a las complejidades de la trata de personas. Cuando nos enfrentamos a la “zona gris” de la trata de personas, estamos obligados a pensar seriamente.

Podemos hacer frente a este reto, y debemos. Por mostrarnos a la altura de este reto, podemos comprender mejor la trata de personas. La trata de personas es políticamente compleja y a veces moralmente ambigua. Se  entiende mejor cuando la pensamos incorporada dentro las estructuras económicas más grandes de las prácticas laborales, las desigualdades de género y las políticas de inmigración.

Se contextualiza dentro de particulares historias políticas y sociales y las experiencias personales vividas. Tiene fronteras porosas que se filtran a otras áreas de la vida: el trabajo, el sexo, la familia, la clase, la imaginación, el deseo.

Al aceptar la invitación a meterse en las incómodas y exigentes “zonas grises”, nuestra comprensión de la trata de personas se profundiza y se convierte en una herramienta más sutil y poderosa contra la explotación.

Notas:

[1]Roger Allan Moore Lecture February 3, 2012, Department of Global Health & Social Medicine, Harvard Medical School.

[2]“On Resentment and Ressentiment: The Politics and Ethics of Moral Emotions” Didier Fassin, Current Anthropology, Vol. 54, No. 3 (June 2013) p. 249

[3]United Nation Office On Drug and Crime, Report on Human Trafficking2009

[4]Economies of Abandonment: Social Belonging and Endurance in Late Liberalism,Elizabeth PovinelliDuke University Press 2011: 153

De la puerta de la villa para afuera

Pasajes de la explotación sexual y laboral en las villas de la capital.

Burzaco. El 16 de marzo de 2013 V. es secuestrada mientras esperaba a a su mamá en la estación de Burzaco. Quien la capta es una mujer de alrededor 19 años. Ella la entrega a una camioneta manejada por un varón. El la traslada a diferentes lugares para explotarla sexualmente, Villa Veterra, pero en la 21.24 también sucede; cinco o seis casillas hacen de centros de explotación sexual.

Posteriormente es llevada a la 1.11.14. Allí si hay captación de chicas para explotación sexual. Los narcos son, al parecer, los que captan a las menores ofreciendo celulares, zapatillas, pagar el ciber. Las chicas no desaparecen; están en alguna casilla del barrio 10, 15 días y vuelven a sus casas. Por lo general, denuncias no se hacen.

En la 1.11.14 en la manzana continua a la parroquia se concentran los talleres, explotación laboral. Son talleres familiares pueden trabajar cinco personas juntas o los que tienen su propia maquina trabajan en sus casas. Por las mañanas, tipo 6, 7, llegan los camiones a retirar las prendas confeccionadas y a probar costureros para otros talleres. Se trabajan 12 horas diarias. No quieren trabajar menos porque no les rinde.

Los precios [de las prendas], dicen los que transitan el barrio a diario, se tienen que negociar de la puerta de la villa para afuera. Entonces, la trata de personas se dirime en los grises y se combate con inclusión social.

Leyes y medidas anti-trata.

A través de este espacio hemos publicado diversos artículos sobre el debate trata/trabajo sexual escritos por nuestro compañero Víctor Pagano. En este post presentamos la visión de otra integrante de ACCT, Andrea Gutierrez.

¿Cuál es el vínculo que se teje entre autonomía y libertad de lxs sujetxs en el marco del diseño y la implementación de políticas públicas durante los últimos años? El objetivo de este artículo es preguntar y problematizar más que hallar respuestas.

Al diseñar políticas públicas es imprescindible tener en cuenta a lxs destinatarixs de las mismas, y aquí aparece un primer problema puesto que delimitar implica incluir y también su antónimo: excluir. Definir junto a quiénes se trabajará o a quiénes serán consideradxs sujetxs de derecho envuelve un problema: ¿con quiénes no se trabajará?, o en otras palabras, ¿quiénes quedarán fuera, por tanto excluidos? Ese límite es el que en algunos casos distingue lo posible de lo imposible, de lo impensable, de lo abyecto.

El decreto Nº 936, del año 2011, promueve la “erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual”. Dicha normativa, con el propósito de prevenir el delito de trata de personas, también cercena la posibilidad de publicitarse a quienes deciden autónomamente ejercer el trabajo sexual. La prohibición tiene como foco la explotación por parte de terceros pero actúa sobre la totalidad de avisos  que “promuevan la oferta sexual”.

En términos formales, la política anti-trata tiene un amplio consenso social en tanto privar de libertad a una persona no es una situación deseada o que suscite opiniones encontradas. Sin embargo, el límite es difuso al implementar medidas contra la trata con fines de explotación sexual en tanto cercena las libertades de mujeres que ejercen el trabajo sexual o la prostitución. Si bien no se trata de políticas de persecución y represión (Von Lurzer, 2005) directamente destinadas a las trabajadoras sexuales o a las personas en situación de prostitución, la implementación de medidas como el decreto mencionado las afecta al menos indirectamente.

Algo similar sucede con la ley de prevención y sanción de la trata de personas, que fue sancionada en 2008 (Ley 26.364) y modificada por la ley 26.842 que entró en vigencia casi 5 años después. Además de la definición de trata y otras modificaciones, lo que cambió principalmente fue la figura del consentimiento.

Así, hacia el final del artículo 1 dice:

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”.

Y, de igual modo, se agregó en varios artículos punitivos la aclaración  “aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

Según las antropólogas Cecilia Varela y Andrea Daich, estas nuevas políticas aumentan el poder de policía y generan una “industria del rescate”. Ambas prácticas para estas investigadoras vulneran los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual voluntariamente.

Lo dicho hasta aquí no pretende analizar exhaustivamente cada una de las medidas legislativas o las políticas públicas más amplias en las que las mismas se enmarcan; sino reflexionar sobre las diferentes posiciones de lxs sujetxs frente a cada una de ellas.

Pensar qué significa ser autónomx, qué significa la libertad, a qué nos referimos cuando hablamos de identidad y qué límites establece una política pública.

Incorporar a las personas como sujetxs de derechos implica visibilizarlas, otorgarles un reconocimiento que muchxs han venido pidiendo y militando durante los últimos años. La reflexión sin embargo excede ese campo porque nos interpela sobre aquellos que no han pedido estar pero, al mismo tiempo, “no estar” puede dejarlos afuera, afuera a veces significa no existir.

 

Debatamos: el dilema de los derechos personales y la eficacia de las políticas contra la trata de personas

Actualmente en Argentina conviven posiciones propiamente abolicionistas con otras que es conveniente denominar como “neorregulacionistas”, para separarla del viejo regulacionismo higienista propio del siglo XIX. Si bien el debate entre estas dos posiciones muestra los avances y retrocesos propios de toda discusión compleja, por momentos muestra fuertes signos de estancancamiento. Existen muchas razones para que esto ocurra. Entre otras, en este caso en particular, creo que se está discutiendo sobre el mismo eje, pero sobre fundamentos diferentes.

En lo que respecta a trata de personas, el abolicionismo se encuentra pugnando por políticas efectivas para reducir la explotación sexual en todas sus formas. Prohibición de todo anuncio de oferta sexual, allanamiento y neutralización de prostíbulos donde se sospeche o constate la existencia de explotación de la prostitución ajena. Por esto, con las normativas actuales y debido el intento de luchar contra la trata de personas -lucha en la que, fuera de la cuestión específica de los métodos, todo el arco de opiniones está sobradamente de acuerdo- las personas que intentan ejercer de manera autónoma el trabajo sexual ven seriamente coartadas sus posibilidades.

Estableciendo determinados parámetros, estas políticas podrían mostrarse como eficaces: por ejemplo, si se constatase la reducción del número de prostíbulos regenteados (y que no funcionen como cooperativas). Si, por el contrario, aumentase el número de mujeres que, se encuentran realizando intercambio de prácticas sexuales por dinero bajo un régimen que implicase la explotación de la prostitución ajena, por ejemplo como consecuencia de una indeseada clandestinización de este tipo de prácticas, estas políticas se mostrarían ineficaces.

Gran parte del debate actual pasa por discutir los índices actuales de efectividad de estas políticas. Dadas las características particulares del fenómeno, es necesario ser cauteloso con el manejo de los datos estadísticos. Pero, al margen de esto, en Argentina no está prohibido el intercambio de sexo por dinero, mientras dicha actividad se efectúe para beneficio personal; y muchas de estas políticas parecerían estar prohibiéndolos de hecho, al afectar fuertemente las vías a través de las cuales el mismo pueda desarrollarse. Esto está muy relacionado con lo anterior: eventualmente podría medirse si se ha visto reducida la cantidad de personas que ejercen trabajo sexual de manera autónoma.

Ahora, hay otra dimensión a considerar del fenómeno es la de si estas políticas debieran o no limitar libertades individuales. Por supuesto, toda ley limita libertades individuales: cuando se prohíbe robar, se está limitando esa posibilidad, y eso no parece mal. Esto no quita que tenemos derecho a algunas libertades, por ejemplo, a la de ejercer nuestra sexualidad con aquellos que elijamos, mientras sean llevadas a cabo en un ámbito consensuado. Y en tanto tenemos derecho a dicho ejercicio ¿se desprende de eso el derecho a cobrar por dicho ejercicio, en el marco de ese consenso? Supongamos, por mor del argumento, que sí. Pero, estrictamente hablando, no es necesario responder esta última pregunta aquí para sostener que este derecho a ejercer la propia sexualidad en las condiciones que uno prefiera no debería verse subsumido a la mayor o menor efectividad que muestren ciertas políticas públicas. Lo que quiero decir es que los derechos personales y la efectividad de políticas públicas deberían ser inconmensurables entre ellos. Que esto ocurra en un contexto de recursos limitados puede entenderse, aunque no justificarse, partiendo de una base fáctica. Pero eso poco tiene que ver con impulsar medidas restrictivas de la libertad personal para mejorar los índices de la lucha contra el crimen.

En este punto el debate tiene otra inflexión que nos devuelve al punto original. ¿Qué pasaría si en lugar de normativas que prohíban, implementáramos otras que regulen? Es decir, una ley que regule el intercambio del prácticas sexuales por dinero ¿ayudará a incrementar la libertad pretendida, entendida en este caso como autonomía? Nuevamente, esto podría ser medido, y aquí entraríamos otra vez en cuestiones de efectividad. Si bien, como dijimos, no deberíamos comparar derechos y eficiencia de las políticas públicas, de esta manera tendríamos cierta seguridad de haber contribuido a asegurar un derecho más; y aunque en sentido estricto alcance con desregular, esto también implicaría desconocer las dificultades a las que se enfrentan en la actualidad quienes intentar ejercer estas prácticas como trabajo.

A partir de ahí, el equilibrio estará en desarrollar políticas eficaces que respeten los derechos individuales, estableciendo criterios que nos permitan distinguir la práctica legal de la que no lo es, como se realiza en casi todas las actividades. Pero, por lo pronto, reconocer esta doble dimensión del debate ya será un paso en ese sentido.