Iniciativas no gubernamentales contra la trata de personas

Fuera de los organismos estatales, en la lucha contra la trata de personas en Argentina intervienen diferentes organizaciones que tienen origen en iniciativas civiles de diferente tipo. Este es el segmento donde se inserta el trabajo de ACCT. A continuación te contamos cuales son las organizaciones del sector civil que trabajan contra este delito.

Fundación María de los Ángeles

http://www.fundacionmariadelosangeles.org

Fundación María de los Ángeles tiene como origen la búsqueda de Susana Trimarco de su hija Marita Verón, que puso al descubierto para gran parte de la sociedad argentina el delito de trata de personas. El 19 de octubre de 2007, creó la Fundación para brindar asistencia integral a las víctimas así como también recibir denuncias y ofrecer contención y asesoramiento a familiares. En julio de 2008 inauguró el primer refugio especializado del país en Tucumán y de allí se han replicado los protocolos de asistencia en Buenos Aires y Córdoba.

Esta organización brinda apoyo legal, psicológico y social de manera gratuita, judicializando las causas de las víctimas de trata de personas, ofreciendo la posibilidad a las víctimas de elaborar las situaciones traumáticas vividas para ayudarlas a conformar un nuevo proyecto de vida; y realizando un relevamiento social que permita detectar sus carencias y cubrir todas sus necesidades. Otro eje de acción de esta institución es la capacitación sobre la temática orientada a jueces, fiscales, operarios policiales y la sociedad, la cual permite fortalecer las herramientas para combatir este delito y sensibilizar para que se comprendan en profundidad sus implicancias.

La Alameda

http://www.fundacionalameda.org/

La Alameda es el nombre con el que es popularmente conocida la asamblea “20 de diciembre” del barrio Parque Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que nace en plena crisis de fines de 2001. Durante los primeros días de junio de 2002 los vecinos de la asamblea decidieron que la misma comience a funcionar en un pizzería que se encontraba abandonada, llamada “La Alameda”, frente a la plaza donde se habían congregado hasta el momento y crearon la cooperativa que llevaba el mismo nombre de la asamblea y priorizaba emprendimientos de carácter textil. Fue así que desde el año 2004 se convirtió como alternativa laboral para los costureros que escapaban de talleres clandestinos del barrio. En febrero de 2007 la legislatura expropia el local reconociendo al inmueble donde funciona la cooperativa y la asamblea como predio de utilidad pública.

La Alameda lucha contra la trata de personas, trabajo esclavo, explotación infantil, proxenetismo y narcotráfico a través de denuncias y “escraches” a talleres clandestinos, granjas donde se reducen a servidumbre a personas y prostíbulos.

Casa del Encuentro

http://www.lacasadelencuentro.org/

La Casa del Encuentro se fundó el 4 de octubre del año 2003, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de diseñar un proyecto feminista por los derechos humanos de todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Tiene tres pilares fundamentales: lo político, lo social y lo cultural desde la autonomía de pensamiento, acción y palabra.

Entre sus actividades podemos mencionar el Informe de Femicidios en Argentina (2008-2013); el Centro de Asistencia Orientación y Prevención Integral en Violencia Sexista y Trata de Personas (CAOPI), que brinda asistencia y orientación psicológica, legal y social en forma gratuita a familiares y víctimas de violencia de género y trata de personas, atendido por un equipo de voluntarias profesionales; y la formación y capacitación, que dicta bajo la forma de talleres, charlas y seminarios.

Basta de Trata

http://www.bastadetrata.com.ar

Basta de Trata comenzó a formarse a partir de la desaparición de una joven oriunda de Córdoba, el 6 de mayo del año 2009, víctima de trata de personas. A partir de una marcha con el nombre de BASTA DE TRATA en donde se convocó a más de 3000 personas (en la cual participaron estudiantes secundarios, universitarios, ONGs, familias y funcionarios del Estado).

Esta organización brinda charlas informativas en escuelas públicas o privadas, destinadas a los alumnos, a los docentes y a los padres, así como en los barrios, en cooperativas y diferentes tipos de asociaciones. Realizan también campañas de concientización en diferentes zonas de la ciudad de Córdoba, repartiendo folletería y e informado a los transeúntes.

Red Nacional Alto a la Trata (RATT)

http://www.ratt.org.ar

La Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (RATT) se funda en septiembre de 2006 por una agrupación de organizaciones de la sociedad civil, y desde noviembre de 2006 articula acciones con distintos organismos del Estado y de la sociedad civil con el objetivo de aunar esfuerzos para enfrentar de modo integral la problemática de la trata, el tráfico y la explotación sexual comercial infantil. A estos efectos impulsan y desarrollan a lo largo y a lo ancho del país actividades de formación, capacitación, asistencia técnica e investigación-acción.

Asimismo propone el diseño de nuevas políticas con una visión federal, inclusiva, participativa y reparadora. La misión de la red es la promoción, protección y efectivización de los derechos de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo las capacidades tanto de las organizaciones de la sociedad civil como del Estado.

 

 

 

 

 

 

Políticas públicas nacionales sobre Trata de Personas

En la Argentina, la lucha contra la trata de personas a nivel nacional se lleva a cabo bajo la coordinación entre diferentes ministerios y secretarías a lo que se suma el trabajo conjunto con organismos intergubernamentales internacionales y organizaciones surgidas de la sociedad civil.

Desde el trabajo llevado a cabo por la jurisdicción nacional se detallan los diferentes organismos que intervienen preponderantemente en esta lucha:

  1. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene a su cargo los siguientes organismos y programas:

–  La Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Esta oficina está integrada por un equipo conformado por psicólogas, trabajadoras sociales y abogados son solo mujeres las psicólogas y trabajadoras sociales? (tenemos entendido que sí) cuya función principal consiste en la asistencia y el acompañamiento a los damnificados por este delito, desde el rescate de su lugar de explotación hasta el momento de su declaración testimonial en la causa judicial correspondiente.

– El Programa Las Víctimas contra las Violencias, que brinda asistencia a las víctimas de abusos o maltratos, originados por cualquier tipo de violencia.

– La Unidad Especial para la Promoción de la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, con la función de promover políticas de protección, defensa, promoción y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual.

– El Programa Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y de los Delitos contra su Identidad, cuyo objeto es organizar y entrecruzar la información de todo el país que refiera a personas menores de edad de quienes se desconozca el paradero, así como de aquellos que fueran localizados o se encuentren alojados en diferentes tipos de establecimientos y que se desconozcan sus datos filiatorios o identificatorios.

  1. En el ámbito del Ministerio de Seguridad, y en cada una de las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria) trabajan unidades específicas para la prevención e investigación del delito de trata de personas, las cuales se sumaron a las tareas que ya se encontraba realizando las unidades y a la ya existente División Delitos contra Menores y División Delitos en Tecnología, ambas de la Policía Federal Argentina. En este mismo ministerio se ha desarrollado el Sistema de Gestión contra la Trata de Personas (SisTrata), consistente en una serie de bases de datos que servirán para acopiar y procesar información tanto cuantitativa como cualitativa provista por las fuerzas de seguridad mencionadas.
  1. El Ministerio de Desarrollo Social lleva a cabo acciones de asistencia técnica y asistencia directa a víctimas del delito de trata de personas, y por otro lado lleva a cabo tareas de capacitación, elaboración de documentos y campañas de difusión y sensibilización masiva sobre el tema. Asimismo, cuenta con áreas específicas para el abordaje de la temática, como la de Prevención de la Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas.
  1. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, tiene asignada la competencia del control de ingreso y egreso de personas al país, y de permanencia, como así también el poder de policía de extranjeros en todo su territorio, por lo que lleva a cabo la verificación de personas y sus respectivas identidades, y en el caso de menores, verificación de autorización suficiente para realizar ese movimiento migratorio. A través del Sistema Integral de Captura Migratoria (SICAM) es posible realizar el seguimiento de mayores egresando del territorio nacional con menores y la detección de múltiples egresos de un mismo mayor con diferentes menores.
  1. La Procuración General de la Nación, mediante la Resolución PGN N° 100/08 del 22 de agosto de 2008, dispone que la problemática vinculada con la investigación de los delitos previstos en los Arts. 145 bis y ter del Código Penal y sus conexos, serán competencia de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas. También, a través de la Resolución PGN N° 160/08 del 27 de noviembre de 2008, se aprueba el Plan de Trabajo para el delito de trata de personas elaborado por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas.
  1. La Defensoría General de la Nación tiene un rol fundamental con respecto a las defensorías para atender a víctimas de trata de personas. Asimismo, cuenta con unidad de representación civil y penal de las víctimas del delito de trata de personas, sobre todo en casos de víctimas menores de edad, y la especialidad en la materia con la que deben contar los magistrados de este Ministerio Público de la Defensa que ejerzan dicha representación.
  2. La Secretaría de Turismo de la Nación trabaja desde agosto de 2005 a través del Programa Turismo Responsable e Infancia, dependiente de la Dirección Nacional de Gestión de la Calidad Turística, cuyas tareas principales en la temática se pueden describir en:

A nivel nacional:

– El trabajo en red con programas de otros ministerios nacionales a través de la participación en la Mesa Interministerial del Plan Nacional de Acción por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

– La información sobre los avances de programa a las autoridades turísticas de las provincias, durante las reuniones del Consejo Federal de Turismo.

– La sensibilización de los dirigentes de las asociaciones empresariales del sector turístico nacional. En este sentido contamos con un Código de Conducta nacional para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo.

A nivel internacional se participa activamente como miembro del Grupo de Acción de la Organización Mundial de Turismo sobre Prevención de la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes en Turismo, y del Grupo de Acción Regional para la Prevención de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo.

En lo que respecta al Ministerio Público Fiscal se hace preciso destacar las funciones de dos oficinas creadas especialmente con el objetivo de combatir la trata de personas: La Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (PROTEX) y la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil (UFI-INTEGRIDAD SEXUAL).

La Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (PROTEX) se creó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal durante el año 2013, en reemplazo y como forma de jerarquizar la Unidad Fiscal de Asistencia de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASEyTP). La actual Procuraduría cuenta con dos áreas operativas: “Relaciones institucionales, capacitación y estadísticas” e “Investigación, litigación y seguimiento de casos”. Entre las funciones de la primera área podemos mencionar:

  1. Recopilar datos, principalmente a partir de expedientes judiciales, a fin de elaborar informes acerca de las modalidades propias del delito en el país, así como su tratamiento judicial y otros aspectos relevantes.
  2. Elaborar estudios de campo e informes para la investigación y el juzgamiento del delito para difundir entre integrantes del Ministerio Público Fiscal y el público en general, previa aprobación de la Procuraduría General de la Nación.
  3. Organizar y llevar a cabo actividades de capacitación y entrenamiento dirigidas a integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación y otras instituciones vinculadas a la investigación del delito de trata y sus delitos vinculados.
  4. Diseñar e implementar programas o herramientas de investigación y persecución penal dentro del ámbito de competencia, que se elevarán a la Procuraduría General para su consideración.
  5. Sistematizar y difundir material bibliográfico, jurisprudencia y otros documentos de interés a través del portal web del Ministerio Público Fiscal.
  6. Realizar un diagnóstico y seguimiento del estado de cumplimiento y satisfacción de los derechos que la Ley 26.364 concede a las víctimas de trata y explotación en su Art. 6°, para lo cual podrá requerir informes a dependencias judiciales y otros organismos públicos.
  7. Establecer relaciones de coordinación y cooperación con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

A través del área de “Investigación, litigación y seguimiento de casos”, el fiscal a cargo de la Procuraduría tendrá las siguientes funciones:

  1. Intervenir como fiscal principal o coadyuvante en los casos que versen sobre hechos de la competencia de la Procuraduría, en todas las instancias.
  2. Recibir denuncias y, cuando el caso lo requiera, disponer y realizar las medidas necesarias para determinar los extremos de los Arts. 174 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación.
  3. Prestar asistencia en el trámite de causas judiciales por hechos de secuestro extorsivo, trata de personas y todos sus delitos vinculados.
  4. Gestionar los acuerdos necesarios para brindar información a las personas o los organismos públicos o privados, nacionales o locales que pueda resultar de utilidad para el hallazgo de personas desaparecidas y/o el anoticiamiento de personas que no pueden ser halladas.
  5. Realizar un control y seguimiento de causas por hechos de trata de personas y sus delitos vinculados y de secuestros extorsivos, a fin de concebir estrategias capaces de complementar la representación que las/os magistrados/as ejercen en los procesos judiciales.
  6. Proponer a la Procuración General de la Nación la designación de integrantes del Ministerio Público para generar una red de contrapartes regionales o provinciales de la Procuraduría.
  7. Administrar el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas cuyo funcionamiento se prevé en el marco del Ministerio Público Fiscal.

Junto con estas oficinas es importante señalar la actuación de la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (OFAVI), dependiente de la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios. La OFAVI es el órgano específico con el que cuenta la Procuración General de la Nación para asistir a las víctimas del delito. En el campo del delito de trata de personas y conexos, delineó su actividad en torno de tres temáticas principales: la adecuación legislativa a nivel interno de los estándares establecidos en los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, tanto en lo represivo y lo preventivo, como en lo relativo a la visualización y sensibilización en la temática, y la elaboración de planes de contingencia destinados a la asistencia de las víctimas en todo el todo el territorio nacional.

Debate “prostitución/trabajo sexual”

El debate “prostitución/trabajo sexual” nos enfrenta a toda una serie de consideraciones respecto de la naturaleza misma del “fenómeno”. En esta necesidad de utilizar un doble nombre para mencionar el debate en sí ya se rebela el gran disenso al que nos enfrentamos. No utilizar este doble nombre, al menos inicialmente, no sería más que una forzada simplificación de una cuestión que es en sí misma compleja.

Por eso en el próximo capítulo, en algunos momentos aparecerá el término “prostitución”, en otros “trabajo sexual” y en otros los dos términos juntos, con lo que intentaremos respetar las diferentes terminologías que adquiere la práctica de intercambiar sexo por dinero en términos generales, según las diferentes posiciones que han surgido. En el hecho mismo de nombrar la actividad como “prostitución” o como “trabajo sexual”, o nombrar a quienes consumen este intercambio como “hombres prostituyentes” o “clientes”, así como “proxeneta” o “empresario”, es claro que se está utilizando una terminología que responde a una  posición tomada respecto de la prostitución/trabajo sexual, por lo que, por dar un ejemplo, resultaría paradójico hablar de “trabajo sexual” cuando se describe (o se apoya) el abolicionismo. Esta multiplicidad de términos que en muchos casos refieren a las mismas personas o a las mismas prácticas,  complejizan necesariamente el debate y pueden tornarlo algo confuso para aquellos que intentan introducirse en él.

Por otro lado, hay que considerar que las categorías pueden solaparse, o que hay categorías que en principio pueden parecer como paralelas de las de otra posición, pero cuyo alcance es diferente. En este punto también es importante señalar otra complejización propia de la temática. Cuando nos referimos a términos como prostitución, si nos referimos desde una posición abolicionista, podemos entender que nos referimos a todas las actividades donde una mujer pone su cuerpo o su sexualidad en sentido amplio disponible para el consumo de parte de hombres; por ejemplo, tanto a la prostitución propiamente dicha, es decir relaciones sexuales bajo pago, como a bailes desnudistas o producción pornográfica. Dado que las críticas que dirige el abolicionismo a la prostitución, como una forma de utilización de privilegios androcéntricos, pueden aplicarse de igual manera a todas las demás actividades, no tiene sentido plantear una agencia política para una de las actividades si no se incluye a las demás. En cambio, cuando el regulacionismo habla sobre “trabajo sexual”, por oposición a “prostitución”, se está refiriendo únicamente a los que más arriba hemos caracterizados como “relaciones sexuales bajo pago”, por lo que las reglamentaciones que emanen de los organismos competentes deben ser aplicables a esta actividad en particular y no a las que puedan presentar características compartidas.

Por otro lado, esta diferenciación entre distintas prácticas también debe ser llevada al terreno de las diferentes modalidades que puede adoptar una misma práctica. Si ponemos por caso la prostitución/trabajo sexual, y consideramos las modalidades de la prostitución en la calle o a través de una “agencia”, puede resultar claro que para el abolicionismo no son más que diferencias accidentales las que separan unas de otras. En cambio, para el regulacionismo, o para aquellos que apoyan la legalización, la diferencia entre una y otra modalidad puede marcar una diferencia, por ejemplo que en situaciones de legalización, sea delito intentar ejercer la prostitución de calle.

Por último, antes de pasar a una somera descripción de las diferentes posiciones respecto de la prostitución/trabajo sexual, es necesario señalar que también esas diferentes modalidades suelen brindar patrones importantes para el abordaje del tema. Sin embargo, no hay que olvidar que estos patrones responden a una gran cantidad de variantes políticas, sociales y económicas, por lo que es importante estudiarlos siempre de manera situada. En este sentido, por brindar un ejemplo, la bibliografía referida al tema sobre las experiencias en los países anglosajones, suelen considerar que la prostitución “en la calle” es la más pauperizada de todas, relacionada fuertemente con mujeres jóvenes que han escapado de sus hogares, muchas veces con un fuerte componente adictivo en la personalidad, en especial a las drogas, por lo que son mujeres en un alto riesgo a las que es necesario brindarles apoyo y sacarlas de esta actividad; por otro lado, la prostitución “fuera de la calle” (prostíbulos o departamentos) suele ser relacionada con mejores indicadores socioeconómicos que precisan de otras políticas públicas si se les quiere brindar la oportunidad de que dejen dicha actividad. En el caso de Argentina, las mujeres que trabajan en las calles muchas veces tienen ciertos índices de autodeterminación que son superados por aquellas que lo hacen en un “privado”; mientras que en los casos de las que trabajan en prostíbulos (bajo la fachada de “whiskerías” o “clubes nocturnos”) suelen reportarse los mayores riesgos de encontrar víctimas de trata de personas. A su vez, la ubicación y el público que concurre a estos lugares también modifican la instanciación en la realidad de todos estos patrones. En cualquier caso, la explotación es una constante.

Por todo esto, es imprescindible remarcar que tanto la descripción de legislaciones, como la de situaciones o de patrones tiene que considerarse siempre y en todos los casos a la luz de los hechos particulares, de la biografía personal de cada uno de los involucrados, y esto debe tenerse en muy especial consideración en el caso de las personas que pueden ser víctimas de trata, o que puedan verse como las mayores perjudicadas con estas actividades.

Diferentes posiciones socio-jurídicas respecto de la “prostitución/trabajo sexual”

En términos generales, respecto de la prostitución/trabajo sexual podemos encontrar cuatro posiciones que se han implementado bajo la forma de políticas públicas, en diferentes tiempos y lugares: el prohibicionismo, la descriminalización (abolicionista o liberal), el regulacionismo y la legalización. Dentro de esas cuatro posiciones, una en particular, la descriminalización, ha dado lugar a las dos posiciones más fuertes del debate filosófico-jurídico sobre el tema. A su vez, el abolicionismo (dentro de la descriminalización) y el regulacionismo son las dos posiciones que actualmente tienen mayor preeminencia política en nuestro país.

Antes de pasar a caracterizarlas brevemente, es necesario mencionar que tal como suele ocurrir con los posicionamientos políticos, es poco frecuente que en la práctica, estas posiciones se vean reflejadas en los cuerpos legales o normativos de manera “pura”, siendo más común que las leyes tomen diferentes aspectos de las mismas, conformes a las pautas culturales locales, a la injerencia de los grupos afectados, u otros factores. Comenzaremos con los marcos más restrictivos y avanzaremos hacia los más permisivos.

Prohibicionismo

El prohibicionismo implica la criminalización del intercambio de sexo por dinero. Esta posición es la oficial en muchos países alrededor del mundo, comenzando por la mayoría de los países africanos y asiáticos, Estados Unidos de América (salvo el estado de Nevada y Suecia. A pesar de que no siempre las leyes se ven cumplimentadas en la práctica, especialmente en la temática que nos ocupa, es notorio que sea la posición bajo la que se encuentra la gran mayoría de la población mundial. En algunos casos, esta prohibición puede presentarse asociada a cuestiones religiosas de manera directa (como en los países islámicos) o indirecta (como en los Estados Unidos o algunos países europeos). Esta criminalización puede darse bajo tres formas: la criminalización de la prostituta/trabajadora sexual, la criminalización del hombre prostituyente/cliente, o la de ambos.

La primera de sus formas es la más común y la más perjudicial para con las mujeres que por cualquier motivo se ven envueltas en esta actividad. Como es claro que para que alguien se vea involucrado en prostitución necesariamente debe haber otras personas que consuman dicho servicio, esta posición refuerza una doble moral que inevitablemente se vuelve en contra de estas mujeres: por un lado, la sociedad patriarcal alienta el consumo del cuerpo de la mujer como objeto (incluso a pesar de que esté prohibido) mientras que por el otro castiga a las mujeres que satisfacen esta demanda.

La segunda forma del prohibicionismo contempla como crimen el adquirir sexo a cambio de dinero, pero no el proporcionarlo. Esta posición, que originalmente se estableció en Suecia a partir de 1999, intenta proteger a las mujeres, que en la mayoría de los casos han llegado al ejercicio de esta tarea como corolario de una serie de dificultades que las han privado de otras opciones, a la vez que pretende desalentar el consumo de esta clase de servicios por parte de los hombres. Bajo esta forma, las prostitutas/trabajadoras sexuales se ven libres de posibles presiones por parte de la policía o el sistema judicial, como pueden ser multas o detenciones, en caso de que se compruebe una transacción de este tipo. Esta forma de prohibicionismo se ve apoyada por una fuerte política de ayuda social a las mujeres que quieren abandonar la prostitución/trabajo sexual, asegurándole el acceso a otros trabajos, vivienda, educación, etcétera. A pesar de encontrar su justificación en una fuerte orientación de género, la asimetría de esta ley también tiene críticas de parte de juristas, en tanto es al menos polémico que un servicio que está prohibido comprar, pueda ser ofrecido libremente.

La tercera forma, la criminalización tanto de la prostituta/trabajadora sexual como del hombre-prostituyente/cliente es la más difundida en los Estados Unidos, pero también podemos encontrarla en Irlanda o los países islámicos. Por lo general, priman aquí cuestiones fuertemente ligadas a la cultura o a la religión, por lo que el intercambio de sexo por dinero es visto en sí mismo como pernicioso o criminal.

Descriminalización

Como hemos mencionado más arriba, la descriminalización está conformada por dos grandes grupos que, fuera de compartir esta idea, pueden considerarse antagónicos en el resto de los aspectos. Más adelante nos concentraremos en este debate en particular, retomando lo visto en el capítulo anterior; por lo pronto, describiremos a grandes rasgos estos dos grupos.

El primero de ellos es el “abolicionismo”, posición que derivó de la reflexión feminista en vistas de considerar que el prohibicionismo, en particular el que hemos mencionado como su primera forma, es discriminatorio, injusto y contraproducente, en tanto que criminaliza a las mujeres como si fueran ellas las únicas responsables del fenómeno de la prostitución, sin tener en cuenta las causas profundas (asociadas al patriarcalismo, para esta posición) que posibilita y motiva la actividad. Por otra parte, en muchos lugares, por la forma particular en que esta actividad fue perseguida policialmente, se negaba a las mujeres todo acceso a una defensa de parte del Poder Judicial. Asimismo, en tanto que en muchos casos las mujeres que se involucran en prostitución/trabajo sexual parten de condiciones socioeconómicas complejas, al penalizarlas con multas o encierro, no hacen más que reiniciar un círculo vicioso, por alejarlas de la posibilidad de conseguir otros empleos o de alcanzar cierta estabilidad económica a fin de intentar conseguir otros empleos. Por otro lado, al intentar evitar la reincidencia en los registros relativos a la prostitución, es normal que estas mujeres vean reforzada su situación de marginalidad y vulnerabilidad, invisibilizando el fenómeno, y alejándolas del acceso a sus derechos, o incitándolas a buscar ingresos económicos con otras actividades ilegales o cercanas a la ilegalidad.

Un argumento a favor de la descriminalización que comparten abolicionistas con liberales es que la vigilancia sobre esta actividad implica un gasto de recursos en seguridad que la experiencia ha demostrado como poco eficiente, en el mejor de los casos. Estos mismos recursos podrían ser utilizados, en cambio, tanto para la prevención de delitos violentos, o de otro orden, como para la asistencia a estas mujeres para que abandonen este tipo de tareas.

Por otro lado, si bien se puede considerar que, como en el argumento mencionado en el caso anterior, abolicionistas y liberales coinciden respecto de estar en contra de la criminalización de la prostitución/trabajo sexual, los argumentos liberales a favor de la descriminalización suelen ir mucho más lejos que los abolicionistas, y por motivos muy diferentes.

Pasemos ahora a reseñar las posiciones liberales. Es necesario señalar desde el comienzo que estas posiciones varían entre algunas que se revelan más permisivas y otras más restrictivas, y por eso suelen variar las condiciones que establecen para una descriminalización que no resulte perjudicial. A pesar de esto, es posible trazar algunas directrices comunes. En general, todas las posiciones liberales consideran que debe evitarse en la medida de lo posible la intervención del Estado, ya que limitan la libertad de las personas. Esta libertad se define de acuerdo a la voluntad de las personas para llevar adelante acciones que consideren convenientes para ellos, sin interferir en la libertad de los demás y estableciendo contratos conforme a esas preferencias. Dentro de estas ideas, la intervención del Estado puede llegar a verse benéfica solamente si ayuda a que las personas establezcan más y mejores contratos, bajo la perspectiva de que la normalización de la prostitución como una actividad laboral entre otras ayudará a que las trabajadoras sexuales corran menos riesgos asociados a la clandestinidad de esa profesión. Asimismo, siempre para estas posiciones liberales, esta descriminalización facilita el acceso de los clientes que, en condiciones normales, consumen servicios sexuales como parte de servicios sociales que pueden resultar especialmente valioso para personas solteras, tímidas o con diversidad funcional.

Asimismo, desde estas posiciones se arguye que, en tanto que en condiciones normales es un pacto entre adultos libres, la prohibición de la prostitución constituye un “crimen sin víctima” bajo el cual se encubre cierto moralismo que intenta penar toda actividad sexual que sea extramatrimonial o que no tenga vistas a la reproducción, por lo que permite visualizar el trabajo sexual como uno más entre otros trabajos, donde se intercambia la utilización parcial del cuerpo para llevar a cabo determinada tarea. De esta manera, estas posiciones reinterpretan lo que se considera la degradación propia de esta actividad como una estigmatización propia de ese moralismo, sin la cual la cosificación implicada en la actividad sería similar a la de cualquier trabajo, punto en el que paradójicamente parecen encontrarse el discurso liberal y el marxista. Por otro lado, contraponen a esa misma cosificación el hecho de que con esta actividad las mujeres suelen ganar más dinero en menos tiempo, con mayores posibilidades de elegir las condiciones de trabajo. Como veremos más adelante, con estos argumentos los liberales intentar devolver a los abolicionistas las mismas críticas que esta última posición plantea respecto de la sociedad: que al no permitir una elección, mantienen a las mujeres en una especie de estado de “minoría de edad”.

Regulacionismo

El regulacionismo es una posición que emergió en el siglo XIX y cuya meta principal no era la eliminación en general de la prostitución, sino controlar los excesos o abusos que se podían presentar de parte de los clientes/prostituyentes o de las mujeres que la ejercían. Por tanto, dentro de este marco, la prostitución no es considerada como algo que debería ser ilegal per se, sino que lo que intenta es limitar aquellas consecuencias indeseables que puedan derivar de la práctica de la misma, pero en tanto no hace una promoción de la prostitución mantiene una posición abierta o ambivalente respecto de la deseabilidad o aceptabilidad de su ejercicio. Como el regulacionismo se ha implementado bajo normas que han variado de acuerdo a la época y al lugar de la implementación de las mismas, es virtualmente imposible brindar una reseña general de esta posición que abarque todas sus variantes, pero sí podemos mencionar algunas características frecuentes dentro de lo que se ha dado a llamar con este nombre. De la misma manera, algunos procesos que aquí pueden aparecer como lineales, en realidad han sido simultáneos o no han ocurrido nunca, de acuerdo al lugar o la época que nos refiramos.

En sus inicios el regulacionismo implicó frecuentemente una supervisión sanitaria obligatoria en su control de la prostitución, que suele ejercerse únicamente sobre las mujeres y no sobre los clientes/prostituyentes, lo que revela cierta marca androcéntrica y comunitarista (en esta acepción que antepone los intereses comunitarios a los derechos individuales) entre sus fundamentos ideológicos, y como consecuencia el foco de la atención estuvo puesto más en la prostitución como fenómeno social que en el cuidado de las mujeres que la ejercían. Por otro lado, si bien el control de las zonas en las que la prostitución generalmente contó con el apoyo de la policía, la misma no podía detener a las prostitutas por ofrecer servicios sexuales, aunque sí podía intervenir en la prevención o represión de crímenes, lo que ha dado lugar a hechos de corrupción de parte de las fuerzas policiales, como cohecho, o represión injustificada a las mujeres (en especial a las travestis).

Desde principios del siglo XX, bajo la influencia del abolicionismo, que ha logrado normativas que preveían el cierre de los prostíbulos, podemos hablar de un neo-regulacionismo, que ha disminuido el interés en los controles sanitarios, mientras que ha puesto el énfasis en los controles legales y policiales, como la demarcación de “zonas rojas”, horarios y demás modalidades permitidas para el ofrecimiento de servicios sexuales. En el caso específico de Argentina, la Ley N° 12.331 promulgada en el año 1936 y conocida como Ley de Profilaxis, que prevé tanto un sistema de prevención y tratamiento de “enfermedades venéreas” como el cierre de “casas de tolerancia” puede ser vista como fruto del entrecruzamiento de estas dos corrientes a principio del siglo XX en nuestro país. En cambio, diferentes proyectos de ley recientes o actuales presentados en nuestro país, han hecho hincapié en la colaboración entre las esferas estatales y las personas que deseen ejercer el trabajo sexual autónomo, de forma individual o colectiva. Este enfoque intenta asegurar que la regulación de dicha actividad se convierta en fundamento de acceso a derechos laborales, entre los que esté incluido el acceso a la salud, no ya como prevención de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, sino como parte de un cuidado integral de aquellas personas que se desempeñen como trabajadoras sexuales.

Legalización

La legalización comparte algunas premisas con el regulacionismo tal como lo hemos descripto. Si se prefiere, podría considerarse que, de hecho, la legalización es una forma de regulacionismo. La principal diferencia la encontraremos en quiénes son los que se encuentran autorizados a lucrar con el trabajo sexual. Bajo una mirada regulacionista, las únicas personas que pueden lucrar con el trabajo sexual son aquellas que lo realizan, ya sea trabajando de manera individual o cooperativa. En cambio, bajo un contexto de legalización de la prostitución, cualquier persona puede establecer un burdel como si fuera cualquier otro negocio, y contratar todo tipo de empleados para realizar diferentes tareas, incluyendo por supuesto personas que lleven a cabo el trabajo sexual. Esta posición puede aparecer superficialmente como una opción atractiva, ya que no intenta tomar a su cargo ninguna consideración moralista o paternalista respecto de la sexualidad de las personas, a la vez que dice promover para las mujeres que allí trabajan los mismos derechos a los que debería acceder cualquier empleado de cualquier industria. A la vez, posibilitaría cierto control sobre la actividad sin tener que recurrir a la criminalización de la misma, y eliminaría los riesgos de la prostitución ejercida en las calles para dotarla de un contexto más seguro y confortable dentro de instalaciones adecuadas. Asimismo, quienes parten de esta posición suelen considerar que no existen “soluciones” para el ejercicio del trabajo sexual, que es algo tan arraigado culturalmente que no hay posibilidades de que desaparezca, y que cualquier intento de hacerlo no es más que más de la misma hipocresía de una sociedad que ha dicho combatir este fenómeno mientras lo alimentaba por otras vías. Por lo tanto, la única posibilidad que esta posición considera viable es la de incorporar la actividad al mercado como una más entre otras ocupaciones legítimas. Con los controles propios de la legalización, se sostiene, se reduciría además el crimen organizado dentro del mundo de la prostitución, que en parte es lo que alimenta el proxenetismo y la trata de personas con fines de explotación sexual, en tanto que sería posible declarar como ocupación legítima el trabajo sexual, facilitando algunas cuestiones referentes a la migración o el traslado de las personas involucradas.

Sin embargo, las diferentes experiencias relacionadas con legalización en Australia, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos (en el estado de Nevada), han demostrado que todas esas premisas no se verifican en la realidad. Diferentes estudios han constatado que con la legalización han aumentado exponencialmente los problemas que se suponía que dicho marco normativo vendría a solucionar. Bajo la nueva protección brindada por dicho marco, los “empresarios” han creado diferentes fachadas para ocultar un negocio que, en los hechos, era llevado adelante por vías alternativas a las regladas. El rechazo a pagar impuestos o contribuciones sociales, a permitir el control de las condiciones de trabajo de parte de las autoridades y a llevar registros contables, ha llevado a que los dueños de estos lugares prefieran montar negocios ilegales, aprovechándose del hecho de que la nueva ley permitía dotar a estas actividades de cierta apariencia legal ante el público.

En este nuevo marco que derivó de la legalización, las condiciones de trabajo de las mujeres no sólo no mejoró sino que en muchos casos empeoró, dado que la mayor afluencia de público obligó a jornadas laborales más largas, en caso de no aumentar la cantidad de trabajadoras sexuales disponibles; o a una precarización de todas ellas debido a un incremento de la oferta laboral por parte de mujeres que migraron hacia estos lugares. Asimismo provocó un fuerte incremento de actividades relacionadas con esta actividad, como un aumento de la producción de la industria pornográfica, espectáculos con desnudos, lapdancing, peep shows, y otras que implicó un ingreso desde muy temprana edad de mujeres a estos diferentes puestos de la industria sexual, en los que comenzaron a “hacer carrera” y que en muchos casos concluyeron engrosando la cantidad de trabajadoras sexuales.

En virtud de todos estos hechos es que la legalización, a pesar de sus promesas, ha demostrado ser una mala política pública en el abordaje de la prostitución/trabajo sexual, y en la mayoría de los casos, tiempo después de haber sido puesta en práctica, ha sido restringida o derogada.

¿Qué dice el feminismo respecto de la libertad de la mujer?

El feminismo parte de posiciones respecto del patriarcado análogas a las del marxismo respecto del capitalismo. Así como el capitalismo es una forma de organización de la economía propia de la Modernidad, y por lo tanto, no es la forma natural de organización de la producción económica, el patriarcado es una forma de organización que intenta presentar como “naturales” ciertas desigualdades entre los géneros que tienen origen en la propia de la sociedad, donde los varones han privilegiado su acceso a los cargos de poder (político, militar, económico, religioso, etc.) y que los mismos han mantenido como patrimonio propio y exclusivo durante muchos siglos, en detrimento de las mujeres. Asimismo esa supuesta “superioridad” se vio reflejada en la división cotidiana de tareas, que relegó a las mujeres a ocupar posiciones propiamente domésticas mientras los varones ocuparon las posiciones que bajo esta misma influencia se comenzaron a considerar como socialmente más valiosas. Si bien no tiene objeto intentar dilucidar cuál de los dos modelos (doméstico-público) fue copia o reflejo del otro, es importante señalar que en ambos casos nos encontramos con esas características.
Si bien es un concepto ampliamente discutido respecto de sus alcances o su definición exacta, se suele denominar con el nombre de “patriarcado” a ese sistema de dominación o exclusión de las mujeres por parte de los hombres. En contrapartida, al movimiento académico-político que combate esas desigualdades se lo denomina “feminismo”. Así como las teorías marxistas han proliferado en toda una serie orientaciones teóricas, el feminismo también presenta una gran cantidad de diversificaciones teóricas, que a su vez han generado varias clasificaciones posibles. Nosotros tomaremos una clasificación que las agrupa de acuerdo a la forma de entender la opresión que se ejerce sobre las mujeres. Pdemos así establecer una primera división entre los feminismos de la igualdad y los de la diferencia. Dentro de los primeros podemos encontrar los feminismos liberales clásicos, que nacieron a fines del siglo XIX, donde el principal reclamo se traducía por una igualdad de oportunidades entre mujeres y varones (el mismo acceso a los mismos derechos), y lo feminismos liberales sociales, algo posteriores, donde el reclamo se transformó en un pedido de igualdad de oportunidades materiales. Frente a estos feminismos liberales podemos encontrar los feminismos socialistas, donde el reclamo pasa por una igualdad efectiva de acceso a los recursos materiales, y no una mera “igualdad de oportunidades” que en muchos casos significaba continuar con los mecanismos de opresión, justificados sobre la base de las libertades personales.
Frente a estos feminismos, encontramos al denominado feminismo de la diferencia o cultural, donde el énfasis está puesto precisamente en las diferencias entre mujeres y varones y en el reclamo del reconocimiento de esta diferencia. Por último, separados de estos tipos de feminismo, podemos mencionar al feminismo radical, dentro del cual se sostiene la idea de que aquello que sostiene la desigualdad en la sociedad es la misma idea de género, creada por los varones para poder obtener acceso a la sexualidad femenina, definiendo así la categoría mujer sin que haya un papel activo de estas en tal denominación. Para superar esta condición, es necesario que las mujeres tomen conciencia del papel que injustamente se les ha asignado, a fin de lograr escapar de tal estado opresivo.
Podemos a su vez considerar una división entre feminismos esencializantes de género y no esencializantes de género. En la primera denominación entran todos los feminismos mencionados hasta el momento; mientras queen la segunda, entran todos aquellos que consideran que el género no alcanza para explicar distintas opresiones de diferentes grupos de mujeres, con lo que se dio lugar a la aparición del lesbo-feminismo, feminismo negro (black feminism), feminismos de las descolonización, ecofeminismos, etc. (WEST, 2000).

El feminismo y las políticas de género

Si bien el término “género” fue acuñado por la medicina para abordar el tratamiento de los niños intersexos, para establecer las características fisiológicas y las manifestaciones culturales relacionadas con un sexo y otro, ha sido el feminismo quien lo ha recogido más fuertemente en su desarrollo teórico. A partir de estos desarrollos de la medicina, se pudo observar que no parece que pueda sostenerse a grandes rasgos la idea de que ciertas elecciones, preferencias o roles puedan explicarse recurriendo a la “Naturaleza”, sino que pueden ser apropiadas por sujetos de cualquiera de los dos sexos biológicos. En parte, esta recurrencia a las diferencias naturales de los sexos se explicaba fácilmente por sus diferencias reproductivas, o por una continuación obligatoria de las mismas: si las mujeres son quienes naturalmente gestan, paren y amamantan a los niños, se consideraba “natural” pensar que esas obligaciones, que tradicionalmente se han considerado propias del ámbito doméstico, se vean continuadas en la administración de la economía privada, el cuidado del hogar y el constante servicio familiar.
Se pueden diferenciar toda una serie de dimensiones donde se instancia el género en una sociedad determinada. La primera de ellas es la biológica, y sin duda es la más extendida en las diferentes culturas, ya que deriva del dimorfismo sexual. En líneas generales, se puede decir que históricamente se consideró que la división en dos sexos era excluyente. Si bien actualmente esta división se ha complejizado, a fin de incluir a las personas denominadas “intersexos” que presentan características propias de ambos sexos, todavía tiene una fortísima impronta cultural.
La segunda que podemos considerar atañe a las cuestiones económicas, a aquellas derivadas de la división sexual del trabajo. Como hemos mencionado más arriba, todavía es común atribuir a las mujeres las tareas domésticas –sin perjuicio de trabajos asalariados- como propias o naturales de su género, mientras que los hombres acaparan los puestos de liderazgos o las tareas que requieran una mayor interacción social.
Otra dimensión que podemos tomar en cuenta, es la psicológica o subjetiva, entendida en sentido amplio (ya sea psique, alma, espíritu, etc.) y como el conjunto de formas de percibir, pensar y sentir la experiencia de mundo, la afectividad y la identidad. Todas esas perspectivas de la persona están profundamente marcadas por el género, y sobre ellas configuramos nuestros deseos y expectativas de vida.
Por último, podemos señalar una dimensión político-social, conformada por el conjunto de las relaciones de poder en los diferentes ámbitos de la vida que sirven de apoyo y de mecanismo de reproducción de las diferenciaciones de género. Esos mecanismos, generalmente representados socialmente por las distintas instituciones, son los que posibilitan la desigualdad (cuando no el monopolio) en la distribución de poder en la sociedad (LAGARDE, 1996).
Así, el término “género” ha sido utilizado por las ciencias sociales a fin de dar cuenta de los atributos simbólicos masculinos y femeninos, como producto de una socialización. Gracias a estos desarrollos es que la crítica feminista ha permitido romper con la idea de que esa desigualdad entre hombres y mujeres que hemos mencionado anteriormente puedan explicarse como una recurrencia al orden natural. A partir de esta distinción se han ido detectando numerosas situaciones de discriminación para con las mujeres, como por ejemplo, las mencionadas referentes a las tareas domésticas, que a pesar de ser aprovechadas por los dos sexos, son realizadas casi en su totalidad por las mujeres. O aquellas referidas a las diferenciaciones de sueldo sobre una misma tarea, por lo general más bajo para las mujeres, por ser “impropios” para las mujeres.

Además de esas diferenciaciones injustificadas, las mujeres sufren cotidianamente violencia de parte de los hombres. Esa violencia puede ser de índole:

1. Física: aquella que se emplea violencia directamente contra el cuerpo de una mujer produciendo dolor, daño u otra forma agresión que afecten su integridad física, como pueden ser golpes o similares.

2. Psicológica: aquella que causa daño emocional y, como consecuencia, disminución de la autoestima o perjuicio en el pleno desarrollo personal, con el fin de degradar o de controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de una mujer; se puede instanciar como amenazas, hostigamiento, humillación, manipulación o aislamiento. Dentro de esta forma de violencia se incluye también la culpabilización, vigilancia, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insultos, indiferencia, abandono, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación, entre otros.

3. Sexual: esta forma de violencia refiere a cualquier tipo de acción que implique la vulneración del derecho de la mujer de decidir acerca de su vida sexual o reproductiva, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata.

4. Económica y patrimonial: la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión de sus bienes; de la sustracción, destrucción, retención indebida de diferentes objetos, como pueden ser sus instrumentos de trabajo, documentos personales, valores y derechos patrimoniales; la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades; la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción por parte de una mujer de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo, por el sólo hecho de ser mujer.

5. Simbólica: es aquella violencia que a través de patrones estereotipados, mensajes o signos transmiten y reproducen la idea de desigualdad y discriminación en las relaciones sociales.

Por otro lado, podemos catalogar la violencia de acuerdo a sus modalidades, es decir, de acuerdo al ámbito en el que se llevan a cabo o están los involucrados al ejercerla:

1. Violencia doméstica: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra.

2. Violencia institucional: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, sociales o deportivas, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley.

3. Violencia laboral: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo,

4. Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos.

5. Violencia obstétrica: aquella específica que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, y que se ve expresada en trato deshumanizado, abuso en la medicalización o patologización de procesos naturales del cuerpo femenino.

6. Violencia mediática: aquella violencia simbólica que es difundida a través de cualquier medio masivo de comunicación.

Como podemos apreciar, a pesar de que la DUDH contempla la igualdad de derechos para todos seres humanos, la existencia de todos estos tipos de violencia evidencian fuertes desigualdades entre varones y mujeres, fundadas en pautas culturales difíciles de cambiar de forma abrupta, y que precisan de un abordaje sistemático y continuo a fin de ser erradicadas.

La idea del “contrato sexual”

Hemos visto que podemos trazar algunas analogías en las críticas que la teoría marxista y la feminista hacen a los fundamentos filosóficos de la sociedad moderna, tal como se constituyó luego de los procesos que tienen por símbolo a la Revolución Francesa. ¿Qué pasa cuando unimos estas dos perspectivas? Carole Pateman (1995) ha intentado esa lectura en su influyente libro El contrato sexual, cuyas líneas exploraremos a continuación.
Para esta autora, la historia del “contrato social”, ha sido contada incompleta desde el principio, pues se ha mantenido oculta la mitad de esta historia, la del contrato sexual. El contrato originario puede ser considerado como un contrato social-sexual, pero las versiones comunes de este contrato no toman en cuenta esta dimensión sexual, que es la que puede explicar la génesis de la –siempre patriarcalista- legitimación del derecho de los hombres sobre las mujeres en la sociedad moderna.
Como ya hemos mencionado, las historias sobre el contrato originario proponen a un conjunto de personas que cambian las inseguridades propias del estado de naturaleza por la sociedad civil, donde la seguridad de los ciudadanos es protegida por el Estado. En esta sociedad civil, como venimos viendo, se da como supuesto que todos los adultos disfrutan universalmente de esta libertad y asimismo pueden replicar esta libertad al establecer entre ellos nuevos contratos, como pueden ser los de trabajo o de matrimonio. En algunas variantes de estas teorías sociales, lo que la sociedad civil viene a reemplazar no es el estado de naturaleza sino la ley paterna como fundamento del poder real. Según cualquiera de estas dos variantes, la posibilidad del contrato se opone a cualquier forma de sujeción de la libertad. Sin embargo, este contrato social no habría hecho más que fundamentar el derecho masculino sobre las mujeres, o como lo dice la autora, no hizo más que reemplazar la ley paterna, por un contrato “fraternal” en el que los hombres se han asegurado para ellos el acceso a las mujeres –y su dominación-. Por tanto, este contrato social, en lo que respecta a las mujeres, lejos de ser un instrumento de liberación, ha sido el medio para la sujeción patriarcal moderna. Así, ha quedado oculto el origen del derecho civil, que se instancia en el matrimonio, y no en la paternidad.
En la condición natural, todos los hombres nacen libres e iguales. Esta igualdad, que era tenida en cuenta en el Antiguo Régimen, debería respetarse nuevamente en la sociedad civil, y así es que hemos visto recogida esta idea en las diferentes declaraciones de derechos. Este presupuesto implica en sí mismo una serie de problemas para justificar el poder político, por ejemplo: dado que todos las personas son iguales, cómo puede justificarse que unas adquieran poder político sobre otras. La única respuesta posible es que dicho poder debe basarse en el mutuo acuerdo, sobre la libre elección de los individuos en el uso de todas sus facultades. El problema que surge aquí es que para los autores clásicos del contrato social, las mujeres no cumplían con estos requisitos: no podían ser completamente libres al considerarse que no tenían las mismas facultades que los hombres. A pesar de esto, paradójicamente, sí podía -y debía- ingresar al contrato matrimonial en la sociedad civil.
Podemos comprender en parte esta situación si partimos de la base de las divisiones que se establecieron entre el ámbito público y el privado. El ámbito público fácilmente puede explicar las ideas de ley civil, libertad civil, igualdad y contrato; pero para comprender el ámbito privado necesitamos recurrir primero a la diferenciación natural-civil. Debemos, antes que nada, considerar estos dos ámbitos como inherentemente interrelacionados aunque mutuamente excluyentes. Es preciso explicar por qué, a pesar de esta dependencia, el término “civil” no consideró la totalidad del fenómeno social, sino sólo una parte. Al momento en que se efectuó el contrato originario, la dicotomía relevante se estableció entre la esfera privada y la esfera pública. Las mujeres, que no tomaron parte en el contrato originario –fraternal entre varones- tampoco permanecen en el estado de naturaleza, sino que ingresaron en una especie de “anexo” de la sociedad civil, que forma parte de ella pero que está separada de la misma. Así, en la antinomia público/privado, se recupera la antinomia civil/natural, donde la esfera privada, impuesta a las mujeres, se contrapone con la esfera pública, apropiada por los hombres, y que es donde se instancia efectivamente el sujeto moderno, el hacedor de contratos. No es casualidad, por tanto, que uno de los grandes tópicos del feminismo a la hora de repensar las grandes desigualdades que el patriarcado esconde dentro de la esfera privada, haya sido que “lo privado es lo público”.
Asimismo, es posible aprovechar esta analogía para pensar que la comparación entre mujeres que se convierten en esposas y los hombres que se convierten en trabajadores asalariados ha sido utilizada frecuentemente por la crítica feminista debido al carácter coercitivo del ingreso a los contratos individuales.
Para la crítica marxista, los empresarios, al controlar los medios de producción, son por tanto los únicos capaces de establecer los términos del contrato de empleo de manera tal que les resulte ventajoso a ellos; los trabajadores, en cambio, sólo cuentan con su fuerza de trabajo y no enfrentan por tanto una verdadera elección al momento de establecer un contrato de trabajo. Para la crítica feminista, de modo similar, las mujeres están coaccionadas para ingresar en el “contrato matrimonial”, a pesar de ser formalmente libres de permanecer solteras al no recibir el mismo apoyo que los hombres para desarrollar su conocimiento o sus habilidades.