El mercado detrás de la explotación

Durante los últimos años, se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de abordar la trata de personas como un problema de seguridad pública. Esto, en realidad, se aplica a la explotación de personas en general –principalmente, con fines sexuales y laborales–, de la cual la trata de personas es solamente un ámbito específico. En nuestra opinión, esto es indiscutible como punto de partida; la cuestión es decidir cómo se va a abordar ese problema.

Si se quiere dar solución a una situación tan grave y compleja, la visión tradicional y clásica del derecho penal no resulta muy útil: la intervención del Estado sobre casos aislados, limitándose a aplicar penas de prisión, va a tener un efecto más simbólico que real en términos de contribución a la seguridad. Esto se debe a que la trata de personas, además de todos los sufrimientos que representa para las víctimas explotadas, tiene un aspecto económico. Detrás de la explotación existe un verdadero mercado criminal, que genera y multiplica esos delitos. Si se quiere reducir de manera significativa la trata de personas, se hace indispensable intervenir sobre ese mercado y los flujos de dinero existentes.

Durante las siguientes páginas mencionaremos nuevamente distintas cifras y algunos conceptos básicos de la economía, tales como ganancias, costos o valor agregado. Esto es indispensable para poder realizar un análisis en términos de mercado: De la misma manera que en cualquier mercado, aquí también existe un determinado “producto” o “servicio”, una “oferta”, una “demanda”, ciertos actores que se dedican a esto, ciertos “costos” y “ganancias”, etc. La diferencia fundamental con otros mercados es que aquí el “producto” o “servicio” que se negocia es ilegal. Consideramos que este análisis es imprescindible para poder diseñar e implementar un enfoque que permita reducir ese mercado, atacando el núcleo económico de la trata de personas como estrategia para combatir el delito de manera eficiente. Sin embargo, acudir a tantos números siempre representa un arma de doble filo: entre cifras y montos, es fácil olvidar que detrás de cada número hay seres humanos sufriendo. En este sentido, no buscamos que este sea un análisis insensible sobre valores y dinámicas de mercado, sino, por el contrario, concientizar respecto del hecho de que existe un mercado basado en la explotación de esas personas.

Las cifras

Para decidir cómo intervenir en el mercado criminal de la trata de personas, el Estado previamente debe contar –entre otras cosas– con información suficiente sobre ese mercado, dado que esto constituye un insumo clave para la planeación táctica y estratégica (BINDER, 2009). Cualquier política de seguridad debe diseñarse y ejecutarse conforme a esta información, que debe ser pertinente, oportuna y confiable.

En Argentina -y en América Latina en general- es escaso el conocimiento que se tiene sobre la cantidad total de dinero que mueve la trata de personas, y sobre la dinámica del mercado detrás del delito. Esto representa un serio problema a la hora de diseñar las acciones que el Estado planea llevar adelante para reducir los niveles de este delito.

Uno de los estudios que abordan el aspecto económico de la trata es el publicado en 2005 por Patrick Belser, de la Organización Internacional del Trabajo. En verdad, este estudio analiza cuáles son las ganancias que genera a nivel mundial el trabajo forzado, entendiéndolo como todo trabajo o servicio que se extrae de cualquier persona bajo la amenaza de un castigo y sin la participación voluntaria de esa persona. Dentro del trabajo forzado impuesto por agentes privados (es decir, no por el Estado o por fuerzas armadas), analiza tanto la explotación sexual como la explotación económica en sectores distintos de la industria sexual (agricultura, industria, servicios y actividades ilegales). A su vez, el autor no solo estima las ganancias de la explotación en líneas generales, sino también las que corresponden específicamente a la trata de personas en sus distintas modalidades.

Belser indica que en 2005 el total de víctimas de trata alcanzaba el número aproximado de 2.440.000 personas a nivel mundial, incluyendo tanto el cruce de fronteras como el movimiento interno dentro de un mismo país. De ese total, 250.000 personas corresponden a la región de América Latina y el Caribe, donde el 12% son sometidas a la trata de personas con fines de explotación sexual, 87% con fines laborales, y un 1% con fines mixtos o indeterminados. Estas primeras cifras ya permiten observar una contradicción con otras citadas previamente en el presente manual [1], lo que ratifica la falta de información precisa y concordante en este tema.

A partir de diversas formas de cálculo [2], Belser estima que las ganancias que genera la trata de personas alcanzan los 31.654 millones de dólares anuales a nivel mundial. De esta suma, 3.834 millones de dólares corresponden a la trata con fines de explotación laboral, y 27.820 millones de dólares a los casos de explotación sexual. Específicamente para la región de América Latina y el Caribe, las ganancias generadas anualmente por la trata de personas rondan los 1.348 millones de dólares, de los cuales 776 millones provienen de la explotación laboral y 572 millones de la sexual. Evidentemente, la cantidad de dinero que mueve la trata de personas es preocupante.

Como si esto no fuera suficiente, Belser considera que sus estimaciones son conservadoras, por lo que el número real puede ser mayor. La Organización Internacional del Trabajo aclaró que es muy posible que estas cifras “pequen por defecto”, no sólo porque la valoración mundial del número de víctimas es un mínimo, sino porque la valoración de los beneficios reales por persona es de hecho más baja que la que citan otras fuentes solventes (por ejemplo, Interpol). A esto, además, habría que agregar que ese estudio fue publicado en 2005, habiendo transcurrido ya varios años en los que probablemente se hayan incrementado la cantidad de víctimas y de ganancias generadas.

Para lograr entender la real dimensión de este delito, es útil tomar los datos ofrecidos hasta aquí para hacer algunas comparaciones. Dijimos que –según el estudio de la OIT de 2005– las ganancias anuales generadas por la trata de personas en sus diversas modalidades en América Latina y el Caribe alcanzan los 1.348 millones de dólares (es decir, 1.348.000.000 dólares). Esto podría compararse, por ejemplo, con el total de la ayuda oficial neta para el desarrollo (AOD) recibida por la misma región en el mismo año, según los datos proporcionados por el Banco Mundial [3]. Sumando los montos recibidos por cada uno de los 29 países de la región [4], en total superan los 5.649 millones de dólares (5.649.360.000 dólares). Esto significa que las ganancias generadas en América Latina y el Caribe por un fenómeno tan dañino socialmente como la trata de personas representaron aproximadamente la cuarta parte de la ayuda oficial recibida por esos mismos países para promover el desarrollo y el bienestar económico. La comparación arroja un resultado tan absurdo como alarmante.

En definitiva, la conclusión es clara: la trata es un negocio altamente lucrativo. Frente a estos brutales flujos de capitales, podemos formularnos dos preguntas. La primera es cuál es el vínculo entre la trata de personas y la criminalidad económica. La segunda es qué puede y debe hacer el Estado frente a este problema.

Trata de personas y criminalidad económica

Introducción a la criminalidad económica

Para comenzar a analizar cuál es el vínculo existente entre trata de personas y criminalidad económica, primeramente debemos definir este último concepto. Las definiciones siempre tienen la consecuencia -muchas veces inconveniente- de darle rigidez a una idea que puede no serlo. Además, en este caso en particular, no existe consenso indiscutido sobre qué es la delincuencia económica. Por eso, nos limitaremos a señalar algunos puntos distintivos que, según nuestra visión, son esenciales en este tema.

En primer lugar, la criminalidad económica incluye a la corrupción, pero no se limita a ella. Desde una visión clásica, los delitos de corrupción (por ejemplo, un soborno) parecerían ser los principales delitos económicos, poniéndose la mira siempre en el funcionario público falto de ética. Sin embargo, esto no solo desvía el foco de los agentes privados (grupos económicos), sino que además quita atención a los delitos que mueven mayor cantidad de dinero a nivel mundial [5]. Proponemos, entonces, tomar a la corrupción como una expresión de la delincuencia económica, que también adquiere muchas otras variantes. La característica definitoria será, en todo caso, que se trata de un Estado cooptado por agentes privados que imponen sus propios intereses por sobre los públicos.

A diferencia de otro tipo de delitos que pueden responder a finalidades muy diversas, los delitos económicos suelen caracterizarse por la búsqueda de algo muy concreto: una ganancia económica. Como veremos más adelante, esto resalta la importancia del recupero de activos como mecanismo de lucha contra estos fenómenos delictivos.

Por otra parte, un elemento notorio de estos delitos es el daño social que provocan, unido a la falta de percepción de la gravedad de estos hechos por parte de la sociedad. Es común observar cómo la atención de distintos sectores –Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, académicos y medios de comunicación, entre otros– se centra en cierto tipo de delitos puntuales, tales como homicidios, robos y violaciones, donde las víctimas son claramente visibles. De esta manera, puesto que los delitos económicos suelen afectar a la sociedad en su conjunto, muchas veces pasa inadvertido el daño que producen, no solo en cuanto a su afectación a las instituciones democráticas, sino también por sus repercusiones sobre los recursos públicos. Considerando que son los sectores pobres los que más intensamente necesitan las políticas públicas que dependen de esos recursos para poder ser implementadas, es evidente que son esas personas quienes resultan más dañadas por estos delitos.

Podríamos mencionar más características de la criminalidad económica, pero estos puntos ya nos permiten tener una idea aproximada de cuáles pueden ser algunos vínculos posibles entre esta forma de delincuencia y la trata de personas. Aquí nos centraremos únicamente en dos temas donde esta conexión puede verse con claridad: lavado de activos y corrupción.

Lavado de activos 

Si bien en nuestro país se lo suele llamar comúnmente “lavado de dinero”, aquí elegiremos llamarlo “lavado de activos”, para remarcar que el dinero no es el único bien que puede ser lavado [6]. Para dar una definición que nos permita aproximarnos al tema, diremos que el lavado de activos es el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita (BLANCO CORDERO, 1997).

A grandes rasgos y solo para dar una idea general, esto significa lo siguiente. En primer lugar, existe un bien: dinero en efectivo, dinero en una cuenta bancaria, un auto, un inmueble, etc. Ese bien tiene un origen delictivo, dado que procede de un delito, o ha sido adquirido con las ganancias de ese delito. A su vez, el titular de ese bien –u otra persona– intenta introducirlo en el sistema económico legal; la finalidad de esto es poder utilizar ese bien sin que en el futuro le genere ningún problema (es decir, evitar que a partir de ese bien el Estado detecte que la persona ha cometido un delito). Para esto, se hace necesario ocultar el origen del bien, dándole apariencia de legalidad.

En 2011, nuestro país introdujo algunas modificaciones legislativas a la regulación del delito de lavado de activos. Una de ellas consistió en que actualmente figure como un delito que afecta al orden económico y financiero. Esto generó una discusión sobre qué es el orden económico y financiero, siendo éste un debate que en realidad ya existía tanto en Argentina como en otros países. Aquí solo señalaremos dos de las expresiones de este orden, que suelen mencionarse más comúnmente: la libre competencia y la estabilidad de los sistemas financieros.

Con respecto a lo primero, pueden existir actores que se encuentren en mejores condiciones para competir con los demás, a raíz de la utilización de las ganancias que obtuvieron a través de algún delito. Imaginemos, por ejemplo, al dueño de un restaurante que además se encuentra involucrado en la trata de personas: si de este delito obtiene ganancias importantes y las invierte en su restaurante (ocultando su carácter ilícito), su empresa “legal” estará en mejor situación respecto de los demás restaurantes de la zona, que se valen únicamente de dinero lícito.

Por otra parte, con respecto a los sistemas financieros, la circulación a través suyo de dinero ilícito con el fin de ser lavado tiene varias consecuencias negativas. Esto puede afectar la confianza del público en el sistema, lo cual constituye un pilar esencial de la actividad financiera y bancaria. Condiciona además el funcionamiento transparente del sistema financiero, generando presiones hacia la cooptación de los organismos de control y regulación financiera. Asimismo, es funcional al incremento de la corrupción estatal, desde que los mecanismos para lavar activos también permiten hacerlo con el dinero generado por actos de corrupción. Afecta, en definitiva, la estabilidad misma del sistema financiero, al entremezclarse cada vez más los flujos financieros lícitos y los ilícitos [7].

El hecho de que el Estado cuente con un delito como el de lavado de activos le da mayores herramientas para intervenir sobre movimientos de capital que muchas veces alcanzan sumas altísimas, y que, dada la posibilidad de corromper a los agentes estatales, o de marcar cierta agenda política a través de sus intereses, comprometen el sistema democrático de gobierno. En nuestra legislación, se castiga el lavado de bienes que provengan de cualquier delito. Por lo tanto, en primer lugar debemos tener en cuenta que el lavado de las ganancias generadas por la trata de personas también es delito.

Como vimos anteriormente, la trata es un negocio muy lucrativo para los criminales que intervienen en él. Esas ganancias generadas pueden ser utilizadas dentro de mercados negros o ilegales: por ejemplo, supongamos el caso de un tratante que deseara “comprarle” una chica a otro tratante que actualmente la está esclavizando. En estos casos, no será necesario lavar el dinero, justamente porque al ser un mercado ilegal no existen regulaciones estatales –al menos regulaciones que busquen detectar personas que manejen dinero de origen ilícito–. Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, cuando el dueño de un lugar donde se retenga a las víctimas explotadas quiera sobornar a la policía local.

Sin embargo, si alguien que ha obtenido ganancias a partir de la trata pretende utilizarlas en un mercado legal, deberá lavarlas para evitar ser descubierto. Esto ocurrirá cuando quiera comprar un auto, adquirir un departamento, hacer un depósito en una cuenta bancaria, contratar un seguro, utilizar una sociedad, etc. En todos estos ámbitos existen controles para detectar el dinero de origen delictivo. Por lo tanto, es evidente que una parte de las ganancias obtenidas por la trata de personas tendrá como destino un proceso de lavado, antes de ser utilizadas para cualquiera de estas acciones. Por más que estimemos que el porcentaje de ganancias que son reintroducidas en la economía legal es alto, no podemos dar ninguna cifra concreta, a raíz de la falta de información a la que ya hicimos referencia previamente.

Esta es, entonces, una primera vinculación entre la criminalidad económica y la trata de personas: las ganancias generadas por este delito, si desean ser utilizadas en los mercados legales sin suscitar sospechas, necesitan atravesar un proceso de lavado de activos (que representa un nuevo delito).

Corrupción

Otro punto en el cual se puede analizar un vínculo importante entre la trata y la criminalidad económica es la corrupción. Nuevamente, no nos interesa entrar en la discusión sobre cómo se debe definir la corrupción [7]. Sí nos interesa remarcar que, para este tema en particular, nos estamos centrando en la conducta de los funcionarios públicos, de cualquier área del Estado (fuerzas de seguridad, los tres Poderes, el Ministerio Público Fiscal, entre otros). La trata de personas constituye un fenómeno criminal complejo, a diferencia de otro tipo de delitos. Por lo tanto, el análisis que debe hacerse del desempeño del Estado es distinto.

La trata de personas no solo se ve facilitada por la ineficiencia de los Estados frente a la criminalidad compleja, sino también por la directa complicidad –pasiva y/o activa– de miembros de las distintas áreas y organismos públicos involucrados en la lucha contra este delito. Son de conocimiento público todos los testimonios de víctimas que –una vez rescatadas– relataron la connivencia policial que presenciaron. Ha habido incluso una chica que se negó a declarar ante un juez dado que lo conocía por haberlo tenido de cliente en el lugar donde la explotaban sexualmente. Estos son solo algunos ejemplos de una situación que todos sospechamos, pero de la cual no se cuenta con información tan precisa como la que se debería tener.

En este sentido, Jeremy Haken señala que “la trata de personas erosiona la capacidad del Estado. Los tratantes sobornan a las fuerzas de seguridad, a los funcionarios públicos encargados de controlar los movimientos migratorios y a los miembros del Poder Judicial, tanto en el país de origen de las víctimas como en el de destino. A largo plazo, la corrupción destruye la confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones y Gobierno, especialmente si esta corrupción facilita la pérdida de amigos y familiares en manos de tratantes. Puesto que un Estado es tan fuerte como lo es su capacidad para proteger a sus ciudadanos, no es difícil ver cómo se encontraría en peligro un Estado cuyos funcionarios directamente contribuyen a la pérdida de ciudadanos” (HAKEN, 2011).

De la misma manera, Pedro Biscay remarca uno de los peligros inherentes a la corrupción, al decir que “la escasa capacidad del Estado en imponer la ley y castigar delitos de poder (especialmente corrupción y delitos originados en actividades financieras ilícitas) genera condiciones favorables para el surgimiento de grupos con capacidad de controlar el proceso democrático” (BISCAY, 2012).

Nuevamente, no podemos especular cuál es la cantidad de casos en los cuales la trata de personas involucrará la participación de miembros del Estado y sus agencias. Sin embargo, está muy difundida la idea de que no son pocos los supuestos en los que esto ocurre. En algunos casos, los funcionarios participan activamente en la explotación de las víctimas. En otros, conociendo lo que ocurre, se abstienen de intervenir. Por último, incluso cuando no suceda nada de lo anterior, muchas veces la propia ineficiencia del Estado para perseguir delitos complejos permite que estos hechos se sigan cometiendo, por más que exista la voluntad política de que las cosas cambien.

El rol del Estado frente al mercado de la trata

La política criminal

Al hablar de qué puede y qué debe hacer el Estado frente a este mercado criminal que existe en relación a la trata de personas, es necesario que hagamos mención al concepto de política criminal. La política criminal puede definirse como el conjunto de métodos por medio de los cuales el cuerpo social organiza las respuestas al fenómeno criminal (BINDER, 1997). La idea de un “conjunto de métodos” refiere a que la política criminal utiliza muchos instrumentos, no solamente las penas de prisión. Por otra parte, la referencia a “cuerpo social” incluye no solo al Estado, sino también a los casos en los cuales el Estado delega en los ciudadanos la respuesta al fenómeno criminal.

La cuestión es, entonces, cuál debe ser la política criminal frente a la trata de personas, teniendo en cuenta que es un fenómeno unido a un mercado altamente lucrativo y en expansión. Como mencionáramos previamente, para decidir cómo se va a intervenir (es decir, para diseñar una política pública) y para llevar a cabo esa intervención (para implementarla) es indispensable contar con información suficiente sobre ese mercado. Necesitamos saber cuál es la dinámica del delito, cómo y dónde se dan los flujos de dinero, quiénes son los principales criminales que ofrecen el “producto”, con qué bienes y estructura económica cuentan, qué hacen con las ganancias que obtienen, cuáles son los costos en los que incurren, cuáles son las particularidades del mercado en cada zona del país, y muchas otras cuestiones. Un buen sistema de información debe permitirnos conocer en profundidad todo esto, y a su vez debe informarnos qué ocurre en ese mercado frente a cada intervención del Estado. Si no contamos con esto, entonces simplemente estaremos tanteando el terreno, e improvisando medidas sin saber qué efecto real tendrán. Un Estado no puede darse ese lujo en un tema tan delicado como este.

Un análisis de mercado como el que estamos proponiendo permite pensar en varias posibilidades de acción, que no se limiten a la clásica condena de prisión. En primer lugar, incluso cuando hablamos exclusivamente de enviar a la cárcel a los tratantes, es importante que el Ministerio Público Fiscal no se maneje solo con una lógica de caso por caso (esto es, analizando cada hecho aislado de los demás), sino también con una visión que apunte al fenómeno criminal en términos globales. Imaginemos que los fiscales tuvieran que intervenir en dos casos distintos, y uno de ellos involucrara a la organización criminal más grande del país en materia de trata de personas; es evidente que los fiscales no deberían responder a ambos casos de la misma manera y dedicando los mismos recursos (tiempo, gastos, personal de trabajo, etc.).

Más allá de esto, si nos proponemos desarticular el mercado de la trata, no vamos a tener éxito si nos limitamos a la pena de prisión como única herramienta. Dijimos ya que los flujos de capitales (movimientos de dinero) que circulan en este mercado son enormes. De la misma manera que una empresa desarrolla su actividad a partir de los activos que tiene (dinero, automóviles, inmuebles, etc.), estos capitales del mercado criminal también constituyen los activos de los criminales. Entonces, parece necesario que el Estado tome alguna medida sobre esos activos.

En las últimas décadas, frente al avance descontrolado de las organizaciones criminales transnacionales que manejan una cantidad de dinero cada vez mayor, todos los países comenzaron a comprender el peligro que representa este fenómeno. Al margen de los casos en que este dinero se vuelca hacia la economía legal –lavado de activos–, ocurre también que estos capitales sirven como financiamiento de las mismas actividades criminales. Nuevamente, de la misma forma que una empresa, mientras más ganancias obtengan, más posibilidades tienen de seguir creciendo. Por eso es que cada vez se torna más evidente la importancia del recupero de activos como herramienta de la política criminal, que permita combatir a la criminalidad compleja de manera eficiente.

 

El recupero de activos y la entrega social de los bienes

Cuando hablamos de recupero de activos, nos referimos a que el Estado le quite a los criminales la propiedad de distintos tipos de bienes que están vinculados al delito: el dinero en efectivo que ganan por la explotación sexual de las víctimas; el auto en el cual transportan a las mujeres hacia el lugar donde luego las retienen; la casa en la cual las explotan; etc. [8]. Aquí vamos a hablar principalmente del decomiso: la manera en que el Estado recupera estos bienes y los criminales los pierden de manera definitiva.

Existen distintos tipos de decomiso, y en cada país se encuentra regulado de manera diferente. En Argentina, por ejemplo, el decomiso está reglamentado principalmente como una pena; esto significa que, para ser aplicado, requiere que exista una condena (de lo contrario, se estaría aplicando una pena a alguien que todavía es inocente). No creemos que ésta sea una postura correcta. El decomiso es una medida mucho más propia del ámbito civil que del penal: no se busca castigar a la persona (para eso está la prisión), sino que se busca recuperar bienes ilícitos cuya propiedad no puede permanecer en manos criminales, y que en última instancia –una vez recuperados– servirán para reparar el daño causado. Lentamente, esta visión comienza a expandirse, a tal punto que en 2011 se introdujo por primera vez en Argentina la posibilidad de decomisar bienes sin necesidad de que exista condena penal (únicamente para el delito de lavado de activos, y siempre y cuando se den algunas condiciones contenidas en el artículo 305 del Código Penal).

La importancia del decomiso en la lucha contra la delincuencia organizada es fundamental. Por eso es que el recupero de activos se encuentra incluido en las convenciones internacionales sobre el tema, y en algunas incluso se encuentra mencionado dentro de las finalidades específicas que se persiguen. Sin embargo, en nuestro país la herramienta prácticamente no se utiliza: en líneas generales, ni jueces ni fiscales se preocupan por perseguir los bienes de los criminales en los delitos complejos (trata de personas, criminalidad económica, narcocriminalidad, entre otros), y si bien existen excepciones, la política criminal aún no está orientada eficientemente en este sentido.

El decomiso exige, en primer lugar, que se identifiquen esos activos, lo cual implica conocer el mercado criminal para poder localizarlos y ubicar dónde están. Luego, requiere que se tomen medidas tendientes a asegurar que esos bienes sean inmovilizados para que no puedan desaparecer ni ser escondidos. Finalmente, deben iniciarse las acciones para que el Estado los recupere de manera definitiva.

Una vez recuperados esos activos, ¿qué debe hacerse con ellos? Teniendo en cuenta la poca consciencia que existe sobre la importancia del decomiso en casos de criminalidad compleja, creemos que es fundamental que esos bienes sean devueltos a la sociedad a través de una política pública concreta y específica. Esto permitirá que se visibilice la necesidad del recupero de activos, al utilizarlos para reparar el daño social causado. Por eso es que proponemos que la política pública a la que se apliquen sea fácil de percibir por toda la sociedad: por ejemplo, decomisar un establecimiento donde se explota sexualmente a mujeres, y utilizarlo para inaugurar ahí un centro de atención a víctimas de estos delitos. Decomisar los autos en los cuales transportaban a las víctimas, y donarlos a organizaciones de la sociedad civil que trabajen estos temas. Decomisar el dinero ganado por los tratantes, y utilizarlo para financiar capacitaciones para los fiscales que deben investigar estos casos. Todos estos son solo algunos ejemplos de cómo esos bienes podrían ser devueltos de manera concreta a la sociedad, ya sea a través de una política pública específicamente referida a la trata o no. De cualquier manera, la entrega social de los bienes recuperados es un primer paso para comenzar a reparar el daño causado a la comunidad por estos delitos.

 

Notas

[1] Véase AMPRAP:2011, que estima 6 millones de víctimas anuales de trata de personas.

[2] Una primera aproximación consiste en definir a las ganancias totales como la diferencia entre el total del valor agregado de las víctimas y el total de los pagos realizados a ellas. Si no existe información disponible sobre el valor agregado, el autor aclara que las ganancias pueden estimarse usando información sobre la facturación. Así, las ganancias totales equivaldrían al valor total de bienes y servicios producidos, menos los pagos realizados a las víctimas y el consumo intermedio (por ejemplo, el alquiler de un inmueble).

[3] Conforme la página web del Banco Mundial, “la asistencia oficial neta para el desarrollo (AOD) comprende los desembolsos de préstamos en condiciones concesionarias (netos de reembolsos del principal) y las donaciones otorgadas por organismos oficiales de los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD), por instituciones multilaterales y por países que no integran el CAD a fin de promover el desarrollo y el bienestar económico en los países y territorios que figuran en la lista del CAD de destinatarios de AOD. Incluye los préstamos que tienen un elemento de donación de al menos el 25% (calculado a una tasa de descuento del 10%)”. Puede consultarse en:

http://datos.bancomundial.org/indicador/DT.ODA.ODAT.CD/countries

[4] Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname,  Uruguay y Venezuela.

[5] En el documento “La fuga de capitales II. Argentina en el escenario global (2002-2009)”, publicado por CEFID-AR en 2010, Jorge Gaggero, Romina Kupelian y María Agustina Zelada señalan que los flujos ilícitos globales debidos a la corrupción gubernamental alcanzan los 50 billones de dólares, mientras que los vinculados a actividades comerciales alcanzan los 1.000 billones.

[6] Lo tomamos como sinónimo del concepto español de “blanqueo de capitales”.

[7] El tema es tan debatido que varios instrumentos internacionales sobre la materia no se ocupan de definir qué entienden por corrupción, sino que se limitan a enumerar los delitos específicos que se encuentran comprendidos en ese concepto.

[8] Aquí no vamos a profundizar en la distinción entre bienes con los cuales se comete el delito (ej. el auto en el que se transporta a las víctimas), y bienes que constituyen el producto o el provecho (ej., el dinero ganado a partir de la explotación de las víctimas).